Sistema Penal Acusatorio: ¿hacia dónde va la justicia?

PANAMÁ. El 2 de septiembre del año pasado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, reveló que ‘ya se habían asignado los recursos necesarios’ para que se implementara el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y con ello ‘pudiera haber un verdadero cambio en la justicia’.

Cinco meses después, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 563 —que hoy será aprobado en tercer debate— que dispone posponer por dos años la puesta en marcha del SPA en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá.

El repentino revés del Ejecutivo despertó la alerta roja en los gremios abogadiles, así como también organizaciones no gubernamentales y hasta entidades vinculadas con la administración de justicia.

La principal inquietud se centra en el hecho de que con la posposición del SPA en los próximos dos años la justicia panameña se dividirá en dos corrientes: la primera, que se aplicará sobre el telón del SPA activado en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, mientras que en las otras provincias regirá el Sistema Penal Inquisitivo, ese que, según expertos, ha traído de lastre nuestra justicia por más de 50 años.

UN PAÍS CON DOS JUSTICIAS

Es que, según el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Rubén Elías Rodríguez, ‘habrá un embudo de desigualdad en la aplicación de justicia’ porque en algunas provincias la justicia se aplicará de forma expedita, ya que el proceso sancionador al imputado se aplicará de manera más rápida, mientras que en otras provincias se mantendrá el mismo proceso retardado de estar llenando formularios y en el que el fiscal tiene todo el poder y el reo no cuenta mucho, así como tampoco la defensa ni la garantía de las víctimas serán atendidas.

Rodríguez no descartó la idea de que esta aplicación dual de la justicia podría ser violatoria de la Constitución debido a que ‘no pueden haber dos tipos de procedimientos judiciales para las mismas causas a ciudadanos de un mismo territorio’. La igualdad de condiciones descansa en el artículo 20 del Título Tercero sobre los Derechos y Deberes Individuales y Sociales de la carta magna, que deja claro que ‘todos (nacionales y extranjeros) son iguales ante la Ley....’.

FUNDAMENTO INJUSTIFICADO

Pero la desigualdad judicial que describe el expresidente del CNA, en una mirada más radical la interpreta el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz como el nacimiento de dos países judiciales, las dos caras de una misma moneda, pero mirando hacia dos épocas: una justicia moderna acorde a las exigencias del siglo XXI y la otra del siglo XIX, la inquisitiva que todos repudian, esa que está viciada de impunidad. La preocupación que Cruz plantea tiene un denominador común: él no entiende por qué el gobierno insiste en decir que no hay presupuesto cuando hace algunos meses el mandatario de la Nación afirmaba todo lo contrario.

‘Creo que las excusas del gobierno son una gran mentira, este es el gobierno que más presupuesto para todo ha tenido’.

De hecho, el exprocurador no se equivoca. Mientras que las autoridades calculan que se necesitan entre $40 a $50 millones para implementar el SPA en las provincias que hace falta, el gobierno central se ha dado a la tarea de impulsar megaobras con costos multimillonarios, que distancian en cientos de millones de dólares el dinero que se necesita para impulsar el SPA en los lugares que hacen falta.

Este es el caso del Metro de Panamá, cuyo monto asciende a $3 mil millones y no se descarta que su valor podría aumentar con la extensión de la Línea Uno que va desde Los Andes hasta la entrada de San Isidro. Además de otros factores, como el aumento de los materiales.

Otras de las megaobras como la construcción de la Cinta Costera III, que tiene un costo de $782 millones. Hay que poner en una balanza las prioridades.

¿Por qué no hay plata? El exprocurador asegura que por ahora el objetivo del gobierno no es la justicia.

‘A las puertas de un proceso electoral, el gobierno quiere destinar todos los recursos a la campaña que se avecina, invertir en seguridad y megaproyectos que les permita promocionarse’.

La postura de Cruz coincide con el informe elaborado por Alianza Ciudadana Pro Justicia, que esboza que en el 2013 se le asignó al Órgano Judicial el porcentaje más bajo del presupuesto de ingresos corrientes del gobierno central de los últimos diez años (ver recuadro).

El recorte a los estamentos de justicia, de acuerdo con Alianza Ciudadana, también se refleja en el Instituto de Medicina Legal, al que se le asignaron $19.8 millones para el 2013 de los $39.8 que habían solicitado.

Recibió $2 millones menos que el año 2012 lo que, según esta agrupación, ‘resulta difícil de creer debido a que el gobierno conocía del compromiso de la implementación del SPA.

Frente a los hechos, el abogado Ernesto Cedeño cree que se debió iniciar una planificación del SPA y en ese ínterin abrir el camino a la capacitación del personal requerido.