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- 25/06/2013 21:21
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"Es inaceptable que la institución llamada a defender los derechos humanos de todos los habitantes de la República se encuentre envuelta en un escándalo de esta magnitud, donde se refleja el despilfarro y la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado".
Así se pronunciaron, en un comunicado conjunto, veintiún organizaciones y asociaciones de la sociedad civil sobre el último escándalo de la Defensoría del Pueblo, que otorgó una consultoría de manera directa por $200 mil a la empresa En Avant, S.A. para capacitar a su personal en la atención al cliente, vinculada a la empresa Imaginarium Studio, S. A. por $250 mil y cuyo presidente es miembro de Cambio Democrático.
Las agrupaciones, entre ellas Alianza Ciudadana Pro Justicia, Asociación Consumo Ético, Unión Nacional de Abogados y Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe, expresaron que "mientras la actual defensora del Pueblo se mantenga en este cargo, tendremos una institución sin credibilidad y sin fuerza moral que son la principal fortaleza de esta institución".
En ese sentido, indicaron que "urge que la Contraloría General de la República remita informe a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la actuación de la actual defensora del Pueblo".
Las veintiún agrupaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a todos los ciudadanos a defender la institución y estar vigilante que este escándalo sobre la actual defensora del Pueblo "no se utilice para desconocer la importancia de esta institución para la vigencia de los derechos humanos y la democracia".
Los grupos se preguntan: "¿Necesitaba la Defensoría del Pueblo contratar los servicios de una empresa para capacitar a su personal y establecer protocolos de servicio a los clientes institucionales?".
Cuestionan si las organizaciones, los medios y los ciudadanos están viendo que "se está despilfarrando el dinero de la Defensoría", ¿cómo es que a nivel interno nadie lo ve, y la Contraloría no objeta estos contratos a través de su negativa a refrendarlos?.
No obstante, la defensora Portugal, en un comunicado este lunes 24 de junio, señaló "que los cuestionamientos que sobre el tema se han vertido son totalmente infundados y que la Consultoría "Análisis y Capacitación para Mejorar el Servicio al Usuario" estuvo apegada dentro del marco que establece la Ley 22 de 2006 y de las normas generales de administración presupuestaria.
El 29 de mayo del 2013, treinta organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en contra de la actuación de Portugal de contratar y pagar 250 mil dólares en una consultoría para asesoría de imagen, y pidieron a la Contraloría que se investigara esta contratación.
La Asamblea Nacional nombró en marzo de 2011 a Portugal con 48 votos de los partidos aliados del gobierno, mientras que la oposición se abstuvo con 15 votos. La votación fue nominal (nombre por nombre) y 63 diputados, de 71, estuvieron presentes.