17 organizaciones piden a diputados citar a contralora Torres de Bianchini

En una carta abierta a los diputados de la República, diecisiete organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y sociales reclaman este martes que sienten en el banquillo de los acusados a la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, por estar vinculada a los refrendos de los escandalosos contratos de la Defensoría del Pueblo.

Los grupos alegan que tras la comparecencia de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, en la Asamblea Nacional, "surgieron más dudas y preocupaciones que respuestas" por lo que piden que de cite a la contralora y explique: ¿Cuál es el rol que cumple esta institución en el refrendo de consultorías onerosas para el Estado y otorgadas a empresas sin experiencia ni referencias comprobadas en las materias para las que son contratadas?.

Además, solicitan que Torres de Bianchini dé detalles sobre ¿qué mecanismos utiliza la Contraloría General de la República para evitar que se contrate por vías de excepción a empresas de reciente creación (entre tres meses y un año)?.

Otra pregunta es ¿Cuántas consultorías ha firmado el Estado desde que se aprobó en el año 2008 la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas que flexibilizó los controles en materia de consultorías y que controles adicionales generó la Contraloría General para evitar la excesiva discrecionalidad de estas contrataciones en cumplimiento de los principios de la contratación pública relacionados con la buena gestión pública?.

Las 17 organizaciones también quieren indagar sobre el tema de la basura. Torres de Bianchini debe contestar si conoce de los cuestionamientos que se hacen a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y si se está realizando una auditoría al respecto.

Igualmente, la contralora debe, según las agrupaciones, contestar ¿Con qué mecanismos cuenta la Contraloría para controlar los posibles sobrecostos que se puedan dar en las obras públicas?.

"Los ciudadanos queremos que las instituciones de control se conviertan realmente en garantes del buen uso del patrimonio de todos los panameños", expresan e insisten que la contralora sea llamada a explicar cuáles son las medidas que se están adoptando en la institución para garantizar el correcto uso de los bienes del Estado.

Reclaman que se derogue el último párrafo del artículo 92 modificado a través de la Ley 41 de 10 de julio de 2008, que permitió la flexibilización de la contratación de consultorías sin ninguna justificación técnica: "Se exceptúan del procedimiento de selección de contratista y del procedimiento excepcional de contratación las consultorías que no sobrepasen de trescientos mil balboas (B/.300,000.00)".

"Esta flexibilización está siendo utilizada indebidamente por algunas instituciones y permite el robo descarado de los recursos del Estado", alertan.

Entre las organizaciones firmantes para sentar a Torres de Bianchini están la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Centro de Asistencia legal Popular, Centro de Estudios y Acción Social Panameño, Unión Nacional de Abogadas.