En busca de una salida para Sonda

PANAMÁ. El gobierno, en palabras del propio presidente Ricardo Martinelli, ha adelantado que podría rescindir el contrato a la empresa Sonda, administradora financiera de Metrobús.

Desde entonces, se barajan a lo interno del gobierno varias opciones de cómo hacerlo.

Un consorcio sustituto que podría brindar este servicio en forma mejorada sería una de ellas. No obstante, Sonda podría salir bien librada del atolladero que por meses no ha logrado remediar, cambiando la composición accionaria siempre y cuando lo apruebe el Estado.

El concesionario, por tanto, podría ceder con autorización del Estado los derechos y las obligaciones que nazcan del contrato. Es decir, que cualquier grupo empresarial interesado en rescatar esta transacción cuenta con una vía para hacerlo.

En este negocio la empresa cobró en forma inicial más de 29 millones de dólares del Estado para acondicionar con equipo y servicios la flota de 1,200 buses, instalar mil puntos de recarga y la provisión de un millón de tarjetas, establecer 15 oficinas de atención al usuario, y el equipamiento de 20 zonas pagas.

Esto indica que Sonda no habría tenido que desembolsar un centavo para estas tareas, los fondos provenían del Estado. La única obli gación que tiene el concesionario con estos bienes es utilizarlos para el propósito establecido y devolverlos al Estado una vez finalice el contrato en diez años.

La transferencia, por tanto sería libre de costos, reclamaciones judiciales o extrajudiciales con la garantía de que funcionen aún tomando en cuenta el deterioro nor mal por el uso.

Ahora bien, por administrar el servicio en diez años, el Estado debería pagar a la empresa $151 millones. De ésto cada mes el Estado paga a Sonda la suma de $1.3 millones. Si se considera que el servicio de arranque completo se efectuó en marzo, Sonda habría cobrado al Estado $6.5 millones.

Por tanto, según el contrato y el tiempo que tiene en operación de lleno el servicio, Sonda ha cobrado más de 35 millones de dólares al Estado.

¿Habrá sido ésta una inversión a satisfacción del Estado y del usuario?