Temas Especiales

27 de Nov de 2020

Nacional

Piden explicaciones a Anati

PANAMÁ. La Autoridad Nacional de Tierras (Anati) prefirió ayer guardar silencio y no hablar nada ni reaccionar con respecto a la denunci...

PANAMÁ. La Autoridad Nacional de Tierras (Anati) prefirió ayer guardar silencio y no hablar nada ni reaccionar con respecto a la denuncia de que tres de sus funcionarios, incluso el subadministrador Eric García, emprendieron una misión de espionaje a las casas de playa de los opositores Juan Carlos Navarro, Gerardo Solís, así como los hermanos José Luis y Juan Carlos Varela, en Punta Barco y Punta Esmeralda. Además, la finca San Isidro, en Pesé.

La Estrella trató infructuosamente todo el día de lograr una versión oficial de la Anati, pero la Dirección de Relaciones Públicas pasó antes del mediodía a una reunión a la Presidencia República y no respondieron las reiteradas llamadas telefónicas que se hicieron a su celular. En la oficina tampoco había quien pudiera responder sobre el tema, ninguno de los funcionarios mencionados estaba.

SUSPICACIAS

La exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, concluye que siempre que hay silencio deja la sensación de falta de transparencia en el acto llevado a cabo. Se pregunta por qué no dan una explicación si es que no hay nada pecaminoso.

Este medio publicó que el helicóptero amarillo HP-1686RL, alquilado por la Anati, sobrevoló por varios minutos las casas de Navarro, Solís, los hermanos Varela y la finca cuna del Seco Herrerano.

En el aparato viajaban Ernesto De León, coordinador de Relaciones Públicas de la Anati; Paola Decerega Garuz, asistente de esa Dirección y Ulises Barrera, ingeniero en telecomunicaciones.

Los funcionarios, cámara en mano, estaban haciendo fotos y videos de cada una de las propiedades.

La exprocuradora dice que sin una explicación oficial, todo apunta a ‘un acto de intimidación’ y ‘nos deja preocupados por el uso de fondos públicos y bienes del Estado para actuar respecto a los candidatos opositores’.

La abogada añade que por más benigno que sea el hecho, no deja de sembrar un clima de inestabilidad de cara a las elecciones del 2014. Aunque deja claro que no conoce el detalle del caso, Fernando Aramburú Porras, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), considera que ‘ese tipo de actuaciones no son buenas’. ‘Estaban vigilando las fincas, me imagino que les quieren subir el valor’, aduce y pide respetar el proceso y la transparencia. ‘No debemos utilizar instrumentos del Estado para perseguir a nadie’, opinó el empresario.

RECHAZO

El diputado y director de Comunicaciones de la campaña panameñista, Adolfo ‘Beby’ Valderrama, exige una investigación de las autoridades competentes. ¿Cómo es posible que con plata del Estado se envíe a funcionarios de la ANATI para que hagan inspecciones a las propiedades de Varela, Navarro y Solís?, reclama el opositor. El diputado Jorge Alberto Rosas refuerza una tesis que repite en cada oportunidad: el gobierno ha dedicado todo el aparato estatal para favorecer candidaturas oficiales. Rosas deplora que el ‘espionaje estatal’ no solo se limita a usar helicópteros, sino también interceptación de teléfonos, mensajes de texto y correos electrónicos. ‘Solo espero que la próximo administración lo investigue y lo castigue’. José Luis Varela, hermano del vicepresidente de la República, califica de ‘muy peligrosa’ la actuación de funcionarios públicos que se dediquen a espiar casas de políticos opositores, incluyendo la suya. Deplora que el subadministrador de la Anati— en esa misión que enmudeció a las autoridades de la entidad— dejó a funcionarios en el hangar del aeropuerto de Albrook con las instrucciones de la misión. Ahora, pone en duda la honorabilidad de Franklin Oduber, administrador general de la Anati. ‘Tenía una excelente imagen del funcionario que tendrá que aclarar esta situación...’. Gerardo Solís advierte que el acto de espionaje busca intimidar, amedrentar y es violatorio de la Constitución, que establece que no puede haber discriminación por razones políticas. Pide que la Fiscalía Electoral debe entrar a investigar debido a que se trata de funcionarios públicos actuando en horas laborables y presumiblemente con recursos de la entidad para beneficiar al candidato oficialista.