Vecinos de Diablo denunciarán al administrador de la ACP, Jorge Quijano

Continúa la disputa entre los vecinos de los hangares de Diablo y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que pretende desalojarlos porque insiste en que los residentes no tienen potestad legal sobre sus viviendas. Según lo que la entidad alega, "no cuentan con contrato de arrendamiento... que le permita su uso".

Ayer, un hangar fue demolido por órdenes de la ACP, a pesar de que el mismo estuviese amaparado por un recurso judicial dado por las autoridades responsables del proceso legal que mantienen con los vecinos de Diablo y que fue presentado en el lugar por el abogado que los representa, Silvio Guerra.

Sin embargo, la autoridad del Canal aduce que el documento no ha sido notificado a la corregidora de Ancón, Carolina Arango, y por ello carece de validez, "no está en firme y su cumplimiento no es exigible", expresaron.

“Rechazamos la postura prepotente, inhumana, demagógica, arrogante y falta de tacto, de las autoridades de la ACP y vamos a acudir, este viernes, a las diez de la mañana, al Ministerio Público a denunciar e interponer otra acción legal en contra del administrador, Jorge Quijano", aseguró el abogado.

A raíz de dicho incidente, los miembros de esa comunidad emitieron un comunicado en el que rechazan el manejo de la ACP que califican de "errático, ilegal y abusivo" y ponen en duda su capacidad para resolver conflictos y se preguntan, "¿qué puede esperar Panamá y el mundo, con las negociaciones que se dan sobre el tema de la ampliación?".

De acuerdo con la misiva, Quijano les habría advertido en su última reunión, hace dos meses, que la autoridad de la via interoceánica "no tenía apuro alguno, que agotaran todos los recursos legales".

Por su parte, la ACP publicó una respuesta ante lo dicho por los residentes de Diablo en que aclara que actúan "dentro de la ley" en el caso. Especificaron que han "establecido acuerdos de salida voluntaria con muchos ocupantes que reconocen que las tierras que han utilizado en la finca 196273 son patrimonio de la ACP, y que no cuentan con contrato de arrendamiento con esta que le permita su uso, el cual produciría beneficios económicos que el Canal entregaría al Estado, y que a través de este último, lleguen a todos los panameños".