¿Impunidad o principio de legalidad?

Detrás de los encabezados amarillistas; las manchas de sangre; los casquillos de bala; el pánico y las miradas cómplices, está la historia oculta de quienes se esconden libres de castigo ante los ojos de la justicia.

La historia es más profunda que el propio miedo que superaron los victimarios antes de jalar el gatillo y fulminar a sus víctimas, el año pasado se contaron 665 homicidios.

Es una crónica más intensa de lo que el cuerpo grita cuando el alma calla. Es algo más hondo que tiene que ver con las consecuencias de la impunidad; de una sociedad que no ve quién mata y que quien lo hace se ve incentivado a continuar ejerciendo la violencia para implantar su propia ley.

LA ESCENA

A mitad de junio del 2013 volvió a sonar el teléfono en la Fiscalía Auxiliar. Este tipo de llamadas madrugadoras ya son de rutina en esta oficina. Un expediente más para la colección de los investigadores judiciales que tan solo el año pasado ingresaron al sistema 2,694 casos de homicidio a nivel nacional.

Dos cadáveres con signos de tortura fueron hallados en el Corredor Sur, una autopista que se ha convertido en el vertedero de los criminales. Hasta esa fecha ya habían aparecido cinco víctimas; el año anterior, ocho.

Lo más oscuro de la noche se convierte en el cómplice ideal, ya después la luz del día se encarga de revelar el hecho. Eso sí, sin testigos ni rastros. Ahí mismo fueron ejecutados. Ambos cuerpos llamaron la atención de los conductores en horas de la madrugada.

Una de las víctimas tenía casi una docena de tiros en su anatomía, sin documentos que lo identifiquen. A pocos metros del primero se reportó el segundo hallazgo. Era un joven de 20 años. Por su nombre los periodistas lograron saber que vivía en Juan Díaz. Su cara tenía dos disparos en la mejilla, dos en la pierna y otro en el cuello.

Las sospechas es que las ejecuciones están relacionadas con el crimen organizado.

La policía hace las primeras diligencias. Levantan los cuerpos, los casquillos y lo que pueda dirigir la investigación hacia los victimarios. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los casos, es muy probable que las autoridades nunca den con el paradero del autor(es) intelectual o material del hecho.

Hay una historia abismal detrás de cada asesinato. Un mensaje oculto entre líneas que dice en grande ‘impunidad’. Los recursos forenses y policiales que deben dar claridad a los fiscales para ubicar a los responsables, por lo general quedan empantanados en la lista de tareas, en el laberinto de lo desconocido.

RADIOGRAFÍA

El año pasado la fiscalía logró tan solo 250 condenas por delito de homicidio. Eran producto del cúmulo de años anteriores. Lo más curioso es que ese mismo año, las absoluciones sumadas a los sobreseimientos provisionales y definitivos superaron en tres veces al número de sentencias, lo que deja un sabor de boca dulce a los criminales.

Argentina Barrera, fiscal Segunda Superior, explica que los casos requieren tiempo de investigación. Para ello la ley otorga de cuatro a seis meses, pero también hay términos especiales para casos complejos, el doble y un año más. Aun así, las estadísticas reflejan que la gran mayoría quedan sin castigo.

Muchos casos no están procesados y otros están en los tribunales o no han sido calificados, Barrera no detalla el número exacto de cuántos se encuentran en este estado.

Agrega Barrera que en el Segundo Tribunal de Justicia están en espera de una gran cantidad de expedientes para que se llamen a juicio.

‘El sistema está colapsado, no funciona’, dice la procuradora Ana Belfon. Es obvio que la frase cae como música para los oídos para los homicidas. Ella lo sabe.

Dice la fiscal Barrera que esa falta de colaboración de los testigos es el elemento humano que impide que los procesos lleguen a una sentencia; el código del silencio, testigos amenazados, testigos amedrentados, indiferencia de la ciudadanía, no quieren colaborar, temor a participar en el sistema de justicia, la víctima se retracta y la forma de ocurrencia del hecho.

Elementos que se repiten cuando el crimen se ampara en la clandestinidad y deja huérfanos de pistas a los peritos forenses, sin pruebas científicas o indicios que los guíen al homicida.

LOS NÚMEROS OCULTOS

El problema es que las escenas se parecen, o se confunden, cada vez más, con el crimen organizado. Un 36% de los asesinatos se vinculó principalmente al narcotráfico el año pasado, así lo reveló el Sistema de Integración de Estadísticas Criminales (SIEC).

Datos en los que la fiscalía basa sus propios registros. Los despachos del Ministerio Público no cuentan con sus propias estadísticas al momento de desmenuzar los datos. Es decir, no logran descifrar en qué supuestas causas de homicidio es más alta la impunidad; tampoco tienen claro cómo ha evolucionado la impunidad para cada causa de homicidios, por tanto, es difícil para ellos dar una respuesta certera y decir si el móvil por crimen organizado tiene una curva descendente, ascendente o se mantiene igual en perspectiva histórica. Dado el caso en este campo la efectividad de la justicia va de peor a peor. En cambio, podría ser que en homicidios por supuesta causa de violencia intrafamiliar se tengan mejores resultados, y entonces ahí podría haber algo de progreso. Pero tampoco esas estadísticas están desmenuzadas en el Ministerio Público. La Estrella solicitó a través de un correo electrónico, a la fiscal Barrera, respuesta a estas interrogantes, pero nunca la hubo.

En septiembre de 2013, este medio solicitó por escrito al Ministerio Público detalle de los homicidios sin resolver, los que han sido llamados a juicio y aquellos que resultaron absueltos desde el 2011 a la fecha con la intención de conocer el progreso de las investigaciones en homicidio. La solicitud nunca recibió respuesta. En febrero del presente año la Procuraduría, con ánimo de ofrecer una rendición de cuentas de cada fiscalía, ofreció las estadísticas (ver gráficas) de los expedientes que ingresan a estos despachos. Sin embargo, a pesar del informe, no se proporcionaron datos certeros sobre las fechas de entrada y salida de los casos; tampoco se explica cuál es el promedio de duración de la gestión de un expediente en el escritorio de los fiscales; o cómo es la actualidad comparada en comparación a cinco años atrás; si estos 2,927 expedientes que se les dio salida en el 2013 corresponden a homicidio únicamente, y en caso de ser así un análisis comparativo en tiempo de gestión por tipo de causas de homicidio.

El sistema carece de información que le podría ayudar a atribuir causas precisas; por ejemplo, no hay registro sobre cuántos de los homicidios perpetrados en el 2011, por poner un año, fueron según la rama judicial —y no de acuerdo al SIEC, o la policía— por causa de crimen organizado.

Por ahora la fiscalía no logra un registro científico propio que pueda servir de punto de comparación con otras instituciones y para sí mismos en tiempo retroactivo. Es muy probable que la fiscalía utilice términos distintos a los que asocian otras instituciones como concierto para delinquir, que no necesariamente son idénticos a ‘crimen organizado’. Y también es posible que entre los casos que quedan impunes figuran ante todo los de crimen organizado y bandas criminales, pero la fiscalía no los haya clasificado de esta forma.

En concreto, ¿qué hace falta y en qué se traduce la ausencia de estos datos vitales para lograr una radiografía del crimen?

Peor aún, ¿cuáles son los riesgos de no tener las respuestas a estas estadísticas, qué le dicen al delincuente, qué le dicen a la sociedad y al propio gobierno?

DESDE LA DEFENSA

Vidal Pérez, abogado penalista, explica que las pesquisas de la fiscalía son pobres por falta de recursos en el Ministerio Público; que los peritos especializados prefieren mudar sus servicios a otras firmas de abogados y abandonar la gestión pública por el poco salario que reciben; que a los fiscales les hace falta creatividad para abandonar el mismo patrón de investigación en el que en muchas ocasiones aparecen a las pocas hojas del expediente, en automático o ‘por obligación’, los testigos protegidos.

La figura del testigo protegido genera pasiones en el gremio abogadil, y se defiende a capa y espada desde la trinchera del Ministerio Público. Es controversial. Pérez afirma que ha ganado casos en los que se comprueba que el testigo protegido nunca estuvo en el lugar de los hechos como se afirmaba. La figura, a su parecer, viola el Código Judicial porque no se sabe si el individuo que oculta el ministerio tiene algún elemento que lo inhabilite a testificar. Vidal argumenta que también debe cumplir con ciertos parámetros que no son tan estrictos a la hora en que la fiscalía los califica como tales.

Otros abogados expresaron que la lógica de los fiscales en la investigación no sigue una línea de razonamiento investigativo; que hace falta hurgar en las premisas que guíen a los fiscales hacia conclusiones concretas; que los funcionarios no descartan o confirman hipótesis; que el cotejo de huellas dactilares y del casquillo con el arma donde supuestamente proviene el proyectil les hace perder juicios por la falta de pruebas; hay omisión de algunos exámenes forenses por falta de recursos, también de reactivos; que diligencias como la reconstrucción de los hechos se efectúan después de meses del hecho cuando ya se ha perdido rastro de todo; que la inteligencia policial muchas veces se basa en ‘escuchas’ o indicios que se toman por buenos sin la investigación debida.

Las fuentes también ponen en duda la intuición investigativa de los funcionarios al recolectar pruebas en una escena del crimen, de esas evidencias que imprimen malicia para capturar al criminal.

Diversas fuentes abogadiles señalan que cuando hay impunidad muchas veces se debe a que faltó investigación de la fiscalía, y que los mismos fiscales no verifican los informes policiales.

SÍNTOMA GENERALIZADO

Hay algo muy claro para los expertos como el general colombiano Oscar Naranjo; a mayor certeza del castigo los índices de delincuencia empiezan a disminuir, dice. Y agrega: ‘yo lo que creo es que la impunidad crea incentivos perversos al crimen, y la verdad es que el Estado de Derecho tiene que ser equilibrado e integral, que cree condiciones de convivencia pero que también cree condiciones de cumplimiento de la ley’.

Latinoamericana comparte la misma tragedia donde la justicia todavía genera índices de impunidad muy altos.

Hace más de diez años, comenta el general, comenzó un proceso de transformación de la aplicación de la justicia penal con un nuevo procedimiento penal basado en oralidad. Naranjo se refiere al sistema acusatorio que todavía no acaba de instalarse en su país, y que ya empieza a generar unas distorsiones muy grandes; ‘países donde se convive con el sistema inquisitivo y acusatorio como en Panamá; naciones donde la capacidad institucional para elevar la capacidad investigativa no existe; países donde el número de audiencias privativas de la libertad está resultando una especie de saludo a la bandera, es inocuo’, porque no hay capacidad de recluir a esas personas y los costos que ha significado en términos de desconfianza en los ciudadanos son muy altos. Yo creo, agrega, que América Latina en los próximos meses, años, deberá hacer un debate muy serio para evaluar tanto el sistema penal acusatorio en la región y en todo caso perfeccionar su sistema de justicia porque no hay esfuerzo en seguridad que valga si la justicia no opera.

LA COLUMNA VERTEBRAL

Una de las partes fundamentales para estructurar un caso se basa en las pruebas forenses.

Pero irónicamente la que debe ser la médula de las fiscalías se encuentra más coja que nunca.

Su director, Humberto Mas, ha manifestado en varias ocasiones la baja capacidad de personal especializado de la que adolece la institución. Personal que en ocasiones debe doblar turnos para procesar la escena. Además en ocasiones ocurren crímenes paralelos, especialmente en homicidios, cosa que impide que se puedan atender en forma simultánea. Medicatura forense debe ser una guía para la investigación policial.

No solo es eso, al momento de acudir a juicio la defensa puede alegar anomalías en la conservación de la cadena de custodia que puede alterarse al momento en que se hace un cambio de turno del personal forense que está en la escena del crimen.

La institución tiene a su disposición alrededor de 500 personas entre peritos y ayudantes. Es gente que dura poco tiempo en la institución como lo corrobora Mas, a quien le causa bilis la deserción del personal que después de ser entrenado lo endulzan los billetes de las firmas especializadas.

La morgue aún guarda, desde hace años, cadáveres sin identificar, putrefactos, que no tienen testigos con quien compararlos, muchos porque son extranjeros, así que es uno de los problemas, dice Mas.

El crimen organizado muestra sus patrones; a la hora de matar trata de dejar un ejemplo y que se corra la voz de que algo similar le puede ocurrir a cualquiera que peque o traicione.

Pero el mensaje de la impunidad es aún más profundo; es dar luz verde a quien desee tomar la justicia en sus propias manos, es permitir que impere una ley paralela a la que rige socialmente; pero sobre todo es hacer ver que el trabajo de los investigadores es nulo y que el crimen los ha rebasado por lejos.

UNIDAD INVESTIGATIVA