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18 de Apr de 2021

Nacional

Cárcel no frena las invasiones

El año pasado se aprobó la Ley 44, que dicta hasta tres años de cárcel para quienes ocupen terrenos privados o estatales

Fernando Ramírez escuchó que invadían un terreno en Arraiján y pensó que había llegado su oportunidad de tener un lote.

Ramírez, entonces de 29 años, cuando corría 2010, vivía alquilado junto a su esposa e hijos en el distrito de Arraiján. Hizo un trayecto en bus, una caminata y llegó a ‘La Gran Bendición’, como habían llamado al asentamiento, y se presentó a la presidenta del grupo invasor, Rosa Ríos.

Esa misma mañana, Ríos le asignó un solar de 400 metros cuadrados a Ramírez. Sobre las 32 hectáreas privadas de La Gran Bendición habitaban 800 familias precaristas. En los días siguientes, Ramírez acarreó

los materiales para levantar su casa: trozos de madera y hojas de zinc.

En los meses siguientes, recolectaron dinero para comprar cables eléctricos para las telarañas y los tubos para conectar los grifos comunales. La carretera, la iglesia, la escuela, el parque, el centro de salud, todo eso vendría después, pensaba.

La historia de Ramírez es el relato coral de las 6 mil familias que ocupan terrenos privados en Arraiján y que se trasladaron desde el viernes pasado al Parque Catedral, en San Felipe, para hablar con el presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Como el mandatario no los ha atendido, han ocupado también el gazebo de la plaza. Allí, hundidos en colchones de aire y unidos de manos y pies por cadenas de metal, están vigilados por dos leyendas: Victoriano Lorenzo y Ernesto ‘Che’ Guevara.

RUMBO A LA CÁRCEL

El miércoles 19 de junio de 2013, el jefe del Ejecutivo firmó la Ley 44 que modificó artículos del Código Penal. ‘Se sancionará con prisión de uno a tres años a quien o quienes, sin autorización, ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno o edificación ajena’, advierte la norma.

Sobre el cumplimiento de esta ley, Ramírez aseguró que a ellos no les aplica.

‘Eso se publicó el año pasado y nosotros tenemos más de cinco años de vivir en estas tierras. De eso le puede hablar nuestro abogado’, mencionó.

El abogado del que habla Ramírez es Pablo Martínez, quien también se declaró en huelga de hambre y permanece con ellos en el Parque Catedral.

Martínez es la razón por la que el presidente Martinelli no ha invitado al grupo al Palacio de las Garzas.

‘Saquen a ese candidato y hablamos’, les recomendó el mandatario desde el micrófono de una emisora de radio.

Martínez, aspirante independiente a la Alcaldía de Arraiján, le respondió al presidente que no dejaría la defensa. ‘Tengo 18 años como activista de derechos humanos y cuatro defendiendo los derechos de estas humildes familias’, sentenció mientras abría su libro ‘Las tierras son del pueblo’.

¿NEGOCIO?

Necesidad. Es la palabra común en todas las invasiones. Ramírez cuenta que ha lanzado a personas que tienen casas y se adueñan de lotes para venderlos. Esos son los menos, aseguró, los más son los que no tienen vivienda y se cansaron de vivir alquilados.

Para el abogado Martínez, la ocupación ilegal es consecuencia de la necesidad. ‘Los pobres saben que esto es delito, pero se arriesgan para tener algo digno para vivir. Esto no quiere decir que yo incite a esta acción’, recalcó.

Martínez recordó que la Ley 44, que sanciona con cárcel a los invasores, fue presentada a la Asamblea por el hoy candidato a la presidencia José Domingo Arias, entonces ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

‘El mismo señor que hoy promete 100 mil soluciones de viviendas para los sectores vulnerables es la persona que quiere meter a la cárcel a estos pobres’, criticó Martínez, quien asegura que la necesidad de vivienda alcanza el millón.

CIFRAS Y LEGALIZACIÓN

En la provincia de Panamá existen 352 asentamientos informales: 130 eran tierras del Banco Hipotecario, 68 de otras dependencias del Estado y 155 de dueños privados.

De las propiedades del Banco Hipotecario se han legalizado 35 fincas. Lo anterior conlleva censar a los invasores, diseñar planos y pactar un compromiso de pago de ellos con la entidad bancaria.

Para la regularización de las propiedades privadas el MIVIOT dispone de la Ley 20 de marzo de 2009, que lo autoriza a expropiar o comprar terrenos ocupados cuando los invasores tengan 15 años mínimos en estos. El año de referencia para estos casos es 2009, cuando se aprobó la norma. Pese a lo anterior, la entidad sostiene que la invasión no es avalada. ‘No contamos con terrenos propios para estas familias. A los que se han asentado hace muchos años, el trámite de legalización conlleva un proceso de compra y se requieren fondos estatales para realizarlas’, informó la entidad que ha invitado a conversar al grupo invasor.

‘Durante estos cuatro años se han realizado cuatro lanzamientos en La Gran Bendición. Traen tractores y tumban todo a su paso. La suerte nuestra es que como es un área muy grande se les daña el equipo y no pueden continuar’, mencionó.

OTRAS ZONAS

Dos meses después de promulgada la Ley 44, unas 200 familias invadieron 60 hectáreas del cerro Cabra, Arraiján. Alba Cuero, indígena de 60 años, relató que su cuñado le avisó que se estaba llevando a cabo una invasión cerca de la barriada Las Veraneras.

A Cuero y sus dos hijas les asignaron lotes de 450 metros cuadrados.

Si el reparto ilegal hubiese sido equitativo entre los 200 invasores, a cada uno le hubiesen tocado 3 mil metros cuadrados.

Por esa fecha, 30 personas ocuparon tierras del Ministerio de Obras Públicas en el distrito de La Chorrera.

‘La invasión es invasión y está prohibida. Se han fijado dos desalojos que no se ejecutaron porque no teníamos suficientes policías’, recalcó el alcalde chorrerano, Javier Herrera.

Pero Manolith Samaniego, alcalde del distrito de Arraiján que busca la reelección, piensa distinto: ‘Cuando haya ocupación de fincas privadas cabe la expropiación’, dijo en un foro de candidatos realizado el pasado 12 de marzo.

Para sancionar el delito se aplica la Ley 44 de 2013 y para legalizarlo, la Ley 20 de 2009. ¿Cuál aplicarán las autoridades en el caso de Arraiján?