La ATTT separa a la Policía de Tránsito del servicio de grúas

El 5 de mayo, un día después de las elecciones generales de 2014, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) decidió quitarle a la Policía Nacional la potestad de convocar a los servicios de grúas para remolcar autos.

El ‘negocio’ —llamado así por las organizaciones de taxistas debido a la discrecionalidad con la que los agentes elegían la compañía que se llevaría y custodiaría los carros— quedó tercerizado, en manos del centro de llamadas CCT.

La maniobra de último momento fue, al parecer, una estrategia para aplacar las críticas que se cernían sobre la autoridad y los policías por la ‘lucrativa’ orden de remover un vehículo en grúa.

El entonces diputado Marcos González denunció antes de dejar la Asamblea el negociado que había entre agentes del tránsito ‘que llaman exclusivamente a una empresa’.

‘Hay una rebusca’, insistió el diputado en octubre.

Roberto Moreno, desde la ATTT, descartó enseguida las irregularidades, pero poco después reculó: nada en manos de la Policía. En la resolución 1319 del 18 de noviembre pasado ordenó la licitación del centro de llamadas.

Las organizaciones de taxistas y el propio González denunciaron que los cobros excesivos (y discrecionales) por el servicio de remolque de autos sostenían un triángulo ideal para la coima.

Según el Tránsito, en el país operan 63 empresas de grúas, que en teoría cobrarían hasta $60 por sedanes, aunque en la práctica superaba los $75.

El mismo precio aplicaban a las motocicletas. La entidad resolvió el año pasado oficializar los ‘sobreprecios’, tras un acuerdo con los empresarios del sector. Ahora, los autos 4x4 pagan legalmente entre $90 y $110.

‘Nosotros no manejamos los precios ni decidimos a qué grúa llamar. Eso está en manos de la Autoridad del Tránsito, que licitó el servicio de coordinar las grúas porque habían muchas quejas’, reconoce Javier Fanuco, director de la policía de tránsito.

$75 DE AQUÍ A LA ESQUINA

Pero el presidente del Sindicato Nacional de Taxistas, Rafael Reyes, reclama que la reforma no ha traído luz ni transparencia. Según él, la discrecionalidad persiste, a la sazón de la ambigüedad estatal en materia de tránsito, del ‘juega vivo’, y d el crecimiento desmesurado del parque automotriz del país, que entre 2010 y lo que va de este año aumentó de 550 mil a poco más de un millón.

‘Es como si no pasara nada. La mayoría de las grúas sigue inventando cargos para incrementar el costo del servicio. Ahora casi ninguna cobra esos $75’, reclama Reyes.

En la praxis, un auto remolcado desde Calidonia a un taller en Bella Vista pagará lo mismo que uno que sea llevado desde Villa Lucre hasta la 24 de Diciembre.

Según el dirigente, las correcciones que aplicó el Tránsito al negocio de las grúas fueron someras y de espalda a los intereses de la mayoría de los conductores: no se cerciora del cuidado de los autos remolcados (el estado de los patios) y estandariza erróneamente el precio del servicio.

La autoridad tampoco garantiza la atención expedita para la liberación de los autos retenidos por boletas por mal estacionamiento, circulación sin póliza de seguro o choferes sin licencia.

Durante los fines de semana, la situación llega a su máximo: los cargos se duplican. ‘Esto no ha traído beneficios y cualquiera que es propietario de un auto está afectado’, dice.

El artículo 11 del Reglamento de Tránsito obliga a los talleres de grúas a contratar un seguro de no menos de $15,000 para cubrir posibles daños en los autos remolcados.

Tomás Quintero, dependiente de un taller en Curundú, en pleno centro de la ciudad, asegura que las compañías tienen manuales: fotografían cada lado de los autos que remolcarán y desde afuera hacen un conteo de las pertenencias.

Pero todo es folclórico. Y en vano, argumenta Reyes: ‘si tiene un rayón, nadie me protege contra las empresas. No tengo forma de probarlo’.

EN BLANCO Y NEGRO

La administración anterior había prometido que formularía un manual de procedimiento para los servicios de grúas, pero los nuevos gestores dicen no haber encontrado nada.

Celso Córdoba, asesor de la dirección de Patios y Grúas de la entidad, asegura que la nueva administración deberá formular un nuevo documento, que recoja las inquietudes de los transportistas y la necesidad de regulación de las grúas.

Lo primero, dice Córdoba, será la revisión del tarifario, y de las condiciones con las se operan las grúas. Reyes instó a la autoridad a que las decisiones no se tomen solo con los dueños de patios y grúas y que amplíe el rango de consulta a los conductores organizados. Aunque vuelve a la idea del exdiputado González: lo mejor es que el Estado asuma el negocio. Y se acaban las suspicacias.