24 de Feb de 2020

Nacional

En riesgo, pensiones de los nacidos entre 1948 y 1970

El programa de pensiones de la CSS entra en déficit creciente a partir de 2015.

En riesgo, pensiones de los nacidos entre 1948 y 1970
César García, exdirector de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social.

Atención a todos los nacidos entre 1948 y 1970. En 2015, se inicia la cuenta regresiva para encontrar una fórmula que asegure el pago de sus pensiones de vejez.

‘A partir del próximo año, el sistema de jubilaciones —programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS)— entrará en una etapa de déficit creciente en su flujo de caja’, señaló a La Estrella de Panamá el ex administrador de la CSS, Juan Jované.

De no tomarse una decisión, las reservas de la CSS se agotarán en 2023.

Los nacidos a partir de 1971 no tienen de qué preocuparse, ya que, según la Ley 51 de 2005, los dineros de las cuotas de estos cotizantes han entrado a otro subsistema, que está seguro.

Este nuevo sistema, denominado ‘mixto’, por efectos de esta ley no puede ser traspasado para cubrir necesidades del sistema viejo —de los nacidos hasta 1970, que pertenecen al ‘subsistema de reparto’, cerrado a nuevos cotizantes en 2008—.

En Panamá, las generaciones más jóvenes ya no pagan las de los más viejos, como tradicionalmente había sido.

‘LEY DE LA MUERTE’

La Ley 51 Orgánica de la CSS fue concebida por el gobierno de Martín Torrijos con la idea de darle viabilidad financiera a la Caja durante 40 años, a partir de 2005, cuando se dijo, estaba ‘en quiebra inminente’.

La ley aumentó la edad de jubilación, la cantidad de cuotas a ser pagadas por los cotizantes, la cuota obrero patronal y permitió la inversión de los dineros de la Caja en el sector privado.

Esta norma, en su momento llamada ‘ley de la muerte’ por los sectores obreros del país, formó parte de los tres ejes del gobierno de Torrijos, junto con la reforma tributaria y la puesta en marcha de la ampliación del Canal.

Con la Ley 51, la edad de jubilación de las mujeres es 57 años y la de los hombres, 62. El número de las cuotas fue extendido de 180 a 300.

Al tratar de ‘salvar’ la CSS, la Ley 51 dejó desprotegidas a varias generaciones de panameños, nacidos entre 1948 (quienes tendrán 75 años, la esperanza de vida al nacer, en el año 2023) y 1970.

MEDIDA TEMPORAL

‘El gobierno debió crear un fondo de ahorros en el 2005 y ponerlo a capitalizar. De esa forma, hoy el déficit sería menor’, señaló Jované.

La Ley 51 no creó ese fondo de ahorros, sino un fideicomiso que solo sería una medida temporal para reforzar el programa IVM.

Este fideicomiso se empezó a colocar en el Banco Nacional a partir del año 2007, lo que se seguirá haciendo hasta el año 2060, cuando muera, según los cálculos actuariales, el último de los cotizantes de este subsistema de reparto.

La ley dispuso que el monto del fideicomiso sería escalonado, de la siguiente manera: en los años entre 2007 y 2009, fue de 75 millones por año. Entre el 2010 y el 2012, fue de 100 millones cada año.

Entre el 2013 y el 2060, será de 140 millones cada año.

PROCEDIMIENTO

‘El procedimiento establecido requiere que la CSS presente su informe financiero; en caso de reflejar un déficit (lo que espera siga sucediendo hasta el 2060), el Banco Nacional, por autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, pagaría a la cuenta de la CSS la suma correspondiente al déficit’, señaló el hasta ayer director de Prestaciones Económicas de la CSS, César García.

El sobrante se sumaría a los montos colocados en los años subsiguientes por el Estado.

El problema es que, a pesar de que el gobierno continuará aportando el fideicomiso hasta 2060, según los cálculos actuariales ‘a partir del año 2023 ese fondo no será suficiente para cubrir los egresos’, explicó García.

‘Es un tema que como país debemos empezar a discutir ya’, dijo . De acuerdo con el financista, el presidente Juan Carlos Varela está al tanto de esta situación.

‘Yo supongo que se buscará pronto una solución, porque la fecha está cerca’, explicó.

Jované indicó que son pocas las opciones disponibles para el Estado. Entre ellas se encuentra el aumento de las cuotas, alargar la edad de jubilación o disminuir los beneficios. ‘Ninguna de ellas es buena’, dijo.

La opción más lógica, manifestó Jované, es que el gobierno ponga los fondos.