En riesgo ejecución del Sistema Penal

La procuradora General de la Nación, Ana Belfon, manifestó ayer, jueves, que la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro está en riesgo, de no aprobar la Asamblea Nacional el presupuesto solicitado para el próximo año.

Belfon espera que los diputados de la Comisión de Presupuesto aprueben los $150 millones que ha pedido. De lo contrario, afirma, no se podrá implementar el SPA.

Pero las noticias no fueron muy alentadoras para Belfon. En previas citas con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, le recomendaron bajar sus aspiraciones unos $86 millones. ‘Los recursos son limitados. Hay que ceñirse a lo que hay’, dijo Belfon.

‘Ayer recibimos el informe de los costos de remodelación de la sede del Ministerio Público en Chiriquí. Se requerirán más de 3 millones porque las paredes deben eliminarse y prácticamente hay que volver a hacerlo. Es una de las prioridades del presupuesto de este año’, explicó Belfon.

La ejecución del SPA también requiere de nuevos nombramientos, capacitación, muebles, adiestramiento y nuevos edificios. Belfon también dejará a su sucesor, si logra un presupuesto óptimo, la construcción de una sede para el Primer Distrito Judicial en Panamá, a un costo de $40 millones, de los cuales $5 millones se deberán adelantar para iniciar la edificación en 2015.

También se tiene contemplada la terminación de una nueva estructura en la provincia de Colón y otra en Bocas del Toro.

MEDICINA LEGAL

El que ha pasado ‘las de Caín’ es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Actualmente, se le considera ‘la cenicienta’ del sistema judicial, pero bajo el SPA tomaría un papel beligerante en la investigación criminal.

Como encargado de aportar la parte científica y respaldar las evidencias en casos criminales, el INMLCF pidió a los diputados un presupuesto de $52.2 millones, a pesar de que el MEF solo le recomendó $30 millones.

‘Con este dinero el instituto se sentiría amarrado. Ya enfrenta una crisis por la pérdida de peritos que se han movido hacia el sector privado en busca de mejores salarios. Ahora la institución corre el riesgo de no funcionar adecuadamente ante los retos de la implementación del SPA el próximo año’, dijo Humberto Mas, su director.

Añadió que se requiere invertir en reactivos, personal, aumento de salario y reforzamiento de los equipos.

Mas explicó que en caso de que no se les apruebe el recurso solicitado, ‘continuarán trabajando con lo que les toque, pero sería solo un paliativo’.

Por ejemplo, el INMLCF cuenta con seis auditores forenses en el país que se ocupan de todos los casos. Evidentemente, no se dan a basto. La contratación de nuevos profesionales requiere de dinero extra y en estos momentos no lo tiene. Los casos de homicidio, por ejemplo, se basan en los informes de peritos expertos, una de las profesiones que más ha migrado por los bajos salarios que reciben.

Las carencias en estas instituciones se reflejarán en los recursos con que cuentan los investigadores para lograr certeza del castigo.

Para el 2015, el presupuesto del Estado ascenderá a $19,566.4 millones, que tendrán que repartirse entre todas las instituciones estatales.