Se disparan permisos para portar armas

El número de armas en las calles no ha disminuido. La criminalidad no se ha reducido.

A pocos días de finalizar el veto a la importación de armas con fines comerciales impuesto por el entonces titular de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a través del resuelto ministerial 198/Diasp/13 del 30 de octubre de 2013, las estadísticas oficiales del Departamento Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DISIAP) revelan que la ley no ha cumplido su objetivo.

La resolución ministerial firmada por Mulino estaba respaldada por el artículo 312 de la Constitución, que establece que solo el Gobierno podrá poseer armas y elementos de guerra.

No obstante, entre los meses de noviembre y diciembre —dos meses después de aprobada la resolución— el DISIAP entregó al menos 300 permisos para portar armas.

Mientras esto sucedía, los comercios dedicados a la venta de armas empezaron a experimentar pérdidas económicas. Esto los lleva a lanzar la pregunta: ¿cómo sin armas para la venta los permisos de portarlas no cesaron de emitirse?

Hasta el momento, el DISIAP no ha podido responder esa pregunta, limitándose a decir que está analizando las estadísticas y las emisiones de permiso de porte emitidas en el transcurso del año 2014.

La ley panameña es clara y exige que todo el que presente una solicitud para el porte de arma debe demostrar que la misma fue adquirida en un establecimiento registrado para tal fin. Además, debe comprobarse que la persona no ha sido imputada en delito alguno.

PREOCUPACIÓN

‘Nos inquieta que muchas personas decentes que quieren adquirir un arma de forma legal no puedan hacerlo y se vean tentadas a acudir al mercado negro’, expresó Raúl Molina, vicepresidente de la Asociación de Portadores de Armas de Panamá.

La Organización Internacional de Políticas de Armas de Fuego calcula que en Panamá circulan 700 mil armas (legales e ilegales), cifra que quintuplica las que posee la fuerza pública.