La ‘negligencia’ de la Contralora encubre al pasado gobierno

La contralora Gioconda Torres de Bianchini no ha cumplido su obligación constitucional por ‘encubrimiento’ del pasado gobierno y debe ser procesada por ‘omisión de funciones’. Así concluyen los abogados Miguel Antonio Bernal, constitucionalista y Alvin Weeden, excontralor, a propósito de las auditorías externas que se siguen a algunas entidades del Estado, como el controvertido PAN. Es función constitucional de la Contraloría General de la República hacer ‘investigaciones para determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y presentar las denuncias respectivas’, señaló a La Estrella de Panamá Bernal, citando el artículo 280 de la Constitución.

Según Weeden, las justificaciones de falta de personal para hacer auditorías especiales de Bianchini, al frente de la Contraloría desde 2009, son solo una excusa. Quien ocupara el puesto de contralor de la República durante el periodo entre 1999 y 2004 asegura que ‘la contralora está intentando encubrir al gobierno anterior’. ‘No hay voluntad para desenmascarar una fiesta en la que ella participó’, aseguró, por su parte, Bernal.

En el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las juntas comunales, sobre las que persisten sospechas de malversación de fondos, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha decidido licitar, a través del portal Panamá Compra, auditorías independientes.

Ambas auditorías, por un valor de $2 millones, fueron asignadas el pasado mes de septiembre, tras finalizar el proceso de licitación, a la firma Rogers Forensic Auditors.

Juan Iván Roger Harpers, de la firma forense contratada, asegura que, efectivamente, la Contraloría no cuenta con personal certificado como auditor forense para casos complejos. ‘Los que había ,con ciertos estudios, contratados como ‘semilla’, fueron disgregados’, dice.

Pero el hecho de que la Contraloría General de La República por mandato constitucional sea la encargada de controlar y fiscalizar al Estado, dice Rogers, no impide, resta, ni quita méritos probatorios a las auditorias especializadas’.

Un fallo del pleno de la corte, emitido el pasado 3 de julio, fue interpretado por abogados especialistas como una negación del valor probatorio de las auditorías independientes.

Rogers no está de acuerdo: ‘la auditoria especial forense independiente no ha sido demeritada a la fecha por ninguna Corte Suprema de Justicia en el mundo; no está prohibida por la ley, ni riñe contra la Constitución’.