Intoxicados por dietilenglicol siguen protestas en 2015

Una vez se inicie el año 2015, los miembros del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida reanudarán una serie de jornadas de protesta para exigir mejor atención y medicamentos.

El comité está constituido por los parientes de personas afectadas por el envenenamiento masivo, tras ingerir medicamentos con dietilenglicol suministrados por la Caja de Seguro Social (CSS) entre 2004 y 2006.

Las acciones de fuerza se realizarán ante la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud (Minsa), como protesta por el incumplimiento de la promesa de convocar comisiones de seguimiento para ayudar con el tratamiento de las víctimas.

Gabriel Pascual, presidente de la agrupación, planteó a la nueva administración de gobierno agilizar la atención médica a través de unidades de enlace.

Además, sugirió comprar medicamentos e insumos para los afectados, a través de una caja menuda, de al menos $5 mil mensuales.

Hasta el momento, los afectados han tenido problemas para conseguir en la CSS los medicamentos pregabalina y lyrica, de 150 y 300 gramos. El primero es usado para aliviar el dolor neuropático y el segundo, para el tratamiento de la epilepsia, dolor neuropático y trastorno de ansiedad.

En el mercado, estos medicamentos pueden ser adquiridos por entre $120 y $140.

SÁEZ LLORENS

Junto a Daniel Sarmiento, otro dirigente del comité, Pascual cuestionó la actitud del hasta hace poco director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, quien en varias entrevistas ha dicho que dejó la institución saneada.

‘Es una vergüenza para todos los panameños oír a este señor hablar. Todos sabemos los malos manejos que tuvo’, dijo Sarmiento.

La agrupación, en una carta abierta, enumeró ayer varios desaciertos del exdirector Sáez Llorens, como la compra innecesaria de 600 televisores plasma por $383,900 y la licitación del servicio de hemodiálisis por cinco años, por $98 millones. También deploró la inadecuada planificación de la Ciudad Hospitalaria, proyectada inicialmente en $587.5 millones y que terminará costando $300 millones más.

Sarmiento recordó que bajo la administración de Sáez Llorens también se compraron equipos dañados, como el software Sigma 7, por $4 millones.

De acuerdo con registros del comité, durante los 98 meses transcurridos desde el escándalo de envenenamiento masivo se han dado 2,100 denuncias, por la instrucción de 240,000 envases y 110 recetas de medicamentos contaminados, entre 2004 y 2006.