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26 de Nov de 2020

Nacional

Conato cuestiona al procurador Ceville

El funcionario recomendó a la Corte anular la reclamación del gremio sindical, que pide dejar sin efecto la resolución de nombramiento

El procurador de la Administración, Óscar Ceville, recomendó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia archivar una demanda de nulidad que presentó el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) contra los últimos nombramientos que hizo el entonces presidente Ricardo Martinelli en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS).

La situación ha puesto en alerta al Conato, que insiste en que Martinelli actuó violando la Ley 51 Orgánica de la CSS, dado que ninguno de los designados aparecía en la terna que le presentaron.

El numeral 5B del artículo 23 de dicha norma obliga al presidente a escoger a tres de los cuatro representantes de los trabajadores de una lista de Conato, siempre y cuando llegase 60 días antes de la fecha de nombramiento.

En una vista de principios de diciembre, el procurador Ceville aseguró que la queja no debería ser admitida por errores de forma: el recurso sólo ataca el nombramiento del Ejecutivo, e ignora la ratificación posterior del Legislativo.

EL ACTO COMPLEJO

Las designaciones se oficializaron a través del Decreto 138 del 30 de enero de 2014, de manera apresurada. Según la organización de trabajadores, Martinelli —explican— no esperó a que venciera el plazo que la ley daba al Conato para presentar su terna. Y golpeó.

‘Nos encontramos ante un acto administrativo complejo, constituido por dos voluntades, la del Poder Ejecutivo y la de la Asamblea Nacional... dicho acto no ha sido demandado de manera completa, argumenta el funcionario del Ministerio Público.

El sindicalista Guillermo Puga, separado de la Junta Directiva de la CSS durante la gestión de Martinelli, sostiene que el argumento de Ceville ‘es pobre’ y con ello intenta superponerse a la Ley 51 ‘para rendir pleitesías a Martinelli’.

Además, el gremio de trabajadores asegura que ‘la opinión de la Procuraduría no es vinculante’, por lo que el magistrado que lleva el caso, Abel Zamorano, continuará con el proceso.

JUNTA DESBALANCEADA

Los trabajadores llaman la atención sobre la necesidad de revisar y derogar el Decreto 138, dado que su representación ha quedado ‘desbalanceada’.

Puga asegura que con el nombramiento de José Pedroza, Elizabeth García y Doris Madrid ‘hay cuatro personas de la Central General de Trabajadores. No hay equilibrio y no es lo que la Ley 51 busca... están ejerciendo de manera ilegal’.

Pedroza, García y Madrid fueron ratificados el 9 de abril pasado, en el ocaso del último período de sesiones ordinarias con Cambio Democrático en el poder. La Corte recibió la denuncia el 15 de abril y la admitió el 4 de agosto pasado.

El representante de los funcionarios fue removido durante la gestión pasada.