23 de Sep de 2021

Nacional

Sociedad civil, en alerta ante el nombramiento de nuevos magistrados

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, debe hacer tres designaciones. La sociedad civil reclama participar en el proceso

Hoy se define el futuro del magistrado separado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, acusado de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos.

En caso de que Moncada Luna, nombrado por el entonces presidente Ricardo Martinelli, abandone el cargo de magistrado de la CSJ, el presidente Juan Carlos Varela deberá designar a su reemplazo.

Pero el sustituto de Moncada Luna no será el único que deberá nombrar Varela este año. En el mes de diciembre, se vencen los periodos en la Corte de Víctor Benavides, de la Sala Contencioso Administrativa, y de Harley Mitchell, de la Sala Civil. En total, de confirmarse la separación de Moncada Luna, serán tres los nombramientos que deberá hacer el Ejecutivo.

Desde ya, la sociedad civil organizada está a la expectativa. Muchos piden al presidente que cumpla su promesa de campaña y que lleve a la Corte Suprema a figuras independientes, capaces, que gocen de prestigio y probidad moral. Además, esperan participar en el proceso de selección.

De acuerdo con el artículo 204 de la Constitución Política de la República, para ser magistrado de la Corte se requiere ser panameño de nacimiento, haber cumplido 35 años de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, tener un título universitario de derecho, inscrito como la ley lo señale.

Además, la Carta Magna establece que es necesario haber ejercido durante diez años la profesión, ya fuera como abogado en cualquier cargo del Órgano Judicial, el Tribunal Electoral o la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en derecho, o como profesor de derecho en una universidad del país.

REQUISITOS NO ESCRITOS

¿Cuál debería ser el perfil de un magistrado de la Corte Suprema? Según expertos consultados por La Estrella de Panamá , un magistrado debería reunir no solo competencias técnicas y profesionales, sino una serie de valores éticos y morales que le permitirían ejercer dignamente la función judicial.

Panamá necesita en este cargo a un ciudadano o ciudadana que haya tenido una trayectoria de conducta intachable, con demostrada capacidad moral e intelectual.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), José Alberto Álvarez, sostiene que un administrador de justicia debe, por encima de todo, ser resistente a las críticas y no temer ni a los medios de comunicación ni a los órganos Ejecutivo y Legislativo. Nadie debe ser nombrado si no tiene esta virtud, dijo Álvarez, agregando que otros requisitos son independencia y honradez.

Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, considera que el nombramiento de los nuevos magistrados o magistradas debe hacerse a través de un proceso transparente para que todos los interesados participen sobre la base de reglas claras.

A estas opiniones se suma la del vicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, quien sostiene que más allá de los requisitos constitucionales, la designación de un nuevo magistrado debe ser entendida como el reconocimiento a una larga carrera profesional.

Ostentar el cargo durante 10 años, dice Araúz, debe ser la culminación de una vida dedicada al estudio del derecho, de la Constitución y de las leyes.

Otro jurista que se suma al debate es el analista político Menalco Solís, quien considera que ‘no bastan los requisitos formales. La persona debe tener claro y pleno conocimiento del derecho y haber demostrado sentido común y de justicia’, plantea.

¿DE DÓNDE DEBE SALIR?

Conocido el perfil que la sociedad civil organizada espera del nuevo inquilino del Palacio de Justicia Gil Ponce, surge la interrogante: de dónde debe salir este funcionario

Hay quienes apuestan por que los nuevos magistrados salgan del sistema judicial. Todos tiene claro que no deben estar ligados a los intereses político-partidistas.

Solís coincide en esto, pero cree que sí debe tener un sentido de ciencia política, porque no puede estar desligado de la realidad nacional.

El vicepresidente del CNA es de la idea de que el nuevo magistrado debe tener una larga y prolífica carrera en el estudio del derecho y demostrar profunda convicción democrática.

ELECCIÓN DE MAGISTRADO

El presidente del Colegio sostiene que, de darse la vacante absoluta del magistrado Moncada Luna, el presidente Varela debe abrir el debate sobre quién debe ocupar el cargo para culminar el periodo. Debe retomarse el ‘Pacto de Estado por la Justicia’.

José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, espera que el presidente Varela escoja a la persona correcta para el cargo de magistrado y que no lo seleccione entre sus copartidarios ni entre sus amigos.

En su plan de gobierno, Varela prometió que la designación de procurador y magistrados se haría en consulta con los representantes de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la independencia de la administración de justicia.

Pero el presidente no convocó a un debate ni consultó a la sociedad civil antes de elegir a Kenia Porcell como procuradora de la Nación y a Eduardo Valdés Escoffery como magistrado del Tribunal Electoral.

Para Solís, al presidente Varela le conviene escuchar la opinión informada de la ciudadanía y así escoger a las personas adecuadas.

Pero, al final, el artículo 200 de la Constitución es claro: es función del Presidente y del Gabinete designar a los magistrados de la Corte; y de la Asamblea, ratificarlos.