Piden explicación al Estado

Actualizado
  • 30/03/2015 02:00
Creado
  • 30/03/2015 02:00
Unesco

Una carta con fecha del 11 de marzo de 2015, enviada por Alfredo Pérez de Armiñán, director general adjunto de la Unesco, a la vicepresidenta y mininistra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, solicita información ‘sobre el estado actual de desarrollo y ejecución en la República de Panamá de la Convención sobre la Protección Cultural Subacuática’.

En 2003, Panamá fue uno de los primeros países que se unió a esta convención impulsada por la Unesco en el año 2001. Esta tiene como objetivo proteger el patrimonio subacuático de la humanidad, considerando este ‘todos aquellos bienes de carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua por más de 100 años’.

La convención intenta evitar que el patrimonio subacuático sea explotado con fines de lucro o especulativo o que este sea diseminado de ‘forma irremediable’.

En la carta remitida a la vicepresidenta, Armiñán se muestra preocupado por el esquema de venta del pecio del Galeón San José, en base a lo que se desprende de la página web www.sanjose1631.com, propiedad de la empresa Investigaciones del Istmo, S.A., y Eco Olas, que recibió más del 65% de los bienes del galeón.

Estos fueron rescatados entre 2013 y 2014 con permiso de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, a través de la Resolución 136-13, firmada por Sandra Cerrud, entonces directora de esta oficina.

La Convención sobre la Protección de Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco entró en vigencia en el año 2009, de manera que la Resolución contravenía lo acordado por Panamá a través de la firma de este convenio internacional.

‘No tengo la menor duda de que Panamá realizará todos los esfuerzos necesarios para preservar el patrimonio cultural en todas sus expresiones, para el disfrute de las generaciones presentes y futuras’, dice Armiñán.

El director de la Unesco termina haciendo hincapié en la importancia de ‘la acción efectiva de las autoridades competentes, así como la capacitación y concienciación de todas las administraciones involucradas en su estudio, gestión y defensa’.

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