Martinelli y Pérez, el dúo que mancilló la dignidad policial

En noviembre de 2008 el entonces presidente de la República Martín Torrijos Espino tomó una decisión trascendental para la Policía Nacional. Nombró a un oficial de carrera en el puesto de director. Por primera vez desde la invasión norteamericana en 1989 un presidente— curiosamente, el hijo de un dictador— desafiaba el trauma colectivo que permanecía en la memoria ciudadana impregnada aún, de las autoritarias actuaciones de Manuel Antonio Noriega al mando de las Fuerzas de Defensa. Torrijos Espino retó a quienes temían que el nombramiento fuera el inicio de un nuevo régimen militar.

Ocho años más tarde, el Comisionado Roberto Joudry se lamenta de ‘haberle fallado' a Torrijos Espino al ‘no haber valorado la arriesgada decisión'. Lo dice por los hechos que siguieron durante la administración de Ricardo Martinelli.

El exmandatario designó a Gustavo Pérez al mando de las filas azules (2009-12). La escogencia no fue bien recibida por los altos mandos que ya le conocían los pasos al nuevo director.

‘Pérez entró a las fuerzas deDefensa por la ventana', comenta Joudry, destituido de la Policía en marzo de 2010 sin un proceso debido.

Mientras explica los detalles de su salida, hace un paréntesis para referenciar el pasado de Pérez: ‘Él no se graduó del colegio La Salle. Se salió y se fue a Estados Unidos a una escuela militar que quedaba en una calle que se llama West Point. Pero no era la prestigiosa academia, era un colegio de secundaria. Él trató de hacer ver que se había graduado en el Colegio militar norteamericano Citadel, de donde, en realidad, se graduó su papá. Gustavo se ponía el anillo de su padre para aparentar' indica.

Pérez ya tenía su historia. Fue dado de baja en 1990 de las extintas Fuerzas de Defensa por su vinculación con el secuestro de rehenes norteamericanos durante la invasión.

Tal vez él nunca pensó que vestiría el uniforme una vez más, o que comandaría la tropa. Volvió a la Policía por la puerta ancha y, durante su gestión como director -algunos imaginan que con el propósito de acallar las criticas-, la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Jerónimo Mejía, absolvió en el 2010 su vinculación a los hechos que se le atribuían. La Corte ordenó, igualmente, el pago de $123 mil en concepto de salarios caídos.

Además de Joudry, se destituyó -según fuentes oficiales de la PN- a 169 miembros de las filas durante el mandato de Martinelli. De ellos, aproximadamente, 50 eran Mayores o de rango superior.

Otra serie de despidos ocurrieron en los distintos organismos de seguridad. Entre todos, superan los 200. Las autoridades justificaban las bajas, en su mayoría, con el artículo 184 de la Constitución que faculta al Presidente de la República a nombrar y separar al director y demás miembros de la Policía.

Las expulsiones carecían de un proceso disciplinario. Se obviaron los pocos años que algunos contaban para cobrar su jubilación. Otros, fueron ‘obligados' a optar por un retiro anticipado con el 70% del monto total. Hubo algunos casos de oficiales a quienes se les relacionó con informes de inteligencia oscuros, vinculados a situaciones ilícitas. Los superiores no contaban con evidencias fundadas. Era un arma de doble filo. De cualquier forma, de encontrarse un caso positivo, los superiores no aplicaron el debido proceso, sino que los destituyeron con una jubilación anticipada o con el 184.

Del otro lado de la moneda, se ascendía a ciertas unidades sin cumplir el tiempo reglamentario de cuatro años entre rangos. Situación que le hacía daño a la disciplina de la institución.

‘Era un mensaje directo para el que no se sumara a los intereses de Pérez', afirma el Comisionado Joudry.

Las órdenes del día se publicaban para anunciar, por lo general en forma plural, el despido de agentes en quienes la institución había invertido miles de dólares en su preparación.

—Este señor, Pérez— insiste Joudry—, no tenía capacidad para manejar la institución y se rodea de un grupo de oficiales que se habían ido de la Policía después de la Invasión. Eran asesores que chocaban con los altos mandos. No tenían autoridad para darnos órdenes a nosotros— acota el Comisionado.

Mauricio Nelson, también comisionado, acaba de ganar una batalla en la Corte. Tuvo la suerte de que su fallo se produjera cuando cambió la administración presidencial, que coincidió también con el inicio del proceso al magistrado Alejandro Moncada Luna, allegado a Martinelli. En otras circunstancias, hubiera tenido que tragar amargo como muchos de sus colegas que, aseguran, les fallaron en contra por ‘motivaciones políticas'.

Cuando Moncada fue separado del puesto para ser enjuiciado y condenado por corrupción, ‘la Corte dio un giro dramático en sus decisiones. Hasta el magistrado Víctor Benavides, que fallaba en contra, cambió su postura', manifiesta el también destituido Octavio Nicolau, exjefe encargado de desapariciones de la Dirección de Investigación Judicial.

Nelson aún no tiene idea cuántos ceros tendrá el cheque que compensará los salarios, bonificaciones y ascensos que dejó de percibir. Pero está seguro de que ‘todo lo que se trató de rescatar posterior a la invasión —una policía enmarcada en la legalidad y en principios— se fue al traste en dos años'.

Para el comisionado, Pérez fracturó la cadena de mando y a la propia institución. Por esto, reclama: ‘al final, Martinelli lo designa como jefe del Consejo de Seguridad, luego como Viceministro de Gobierno. Eso no cabe en la mente de quienes creemos en la decencia", opina Nelson, quien suelta una risa de asombro. ‘Yo siempre me pregunto para quiénes trabajaron ellos'. Siento que con Omar Pinzón hay claros indicios de corregir el rumbo', concluye.