Los bancos, cómplices mudos en los escándalos del PAN

Rafael Guardia Jaén admitió que se apropió de, aproximadamente, $60 millones que le pertenecen al Estado. El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), durante el tiempo que encabezó esta entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, compró propiedades, bienes y, además, depositó grandes sumas de dinero en distintos bancos locales e internacionales.

En sus indagatorias, Guardia Jaén ha mencionado ocho bancos de los que era cliente.

Las entidades que se han mencionado en los ocho expedientes que involucran al exdirector del PAN son la Caja de Ahorros (de capital estatal); Global Bank y Banco General (de capital local); Banco Ficohsa, Banesco, Banistmo, St. Georges Bank y Unibank (de capital extranjero).

LA CIFRA CLAVE

La procuradora Kenia Porcell ha dicho, en distintas ocasiones, que las afectaciones al Tesoro Nacional por las irregularidades en el PAN pueden calcularse en $120 millones.

Las investigaciones del Ministerio Público han arrojado, hasta ahora, 123 personas y 85 empresas implicadas.

Algunos de los señalados se encuentran recluidos en la cárcel (como es el caso del propio Guardia Jaén); a otros, se les aplicó ‘casa por cárcel' (Giacomo Tamburrelli, por ejemplo, el predecesor de Rafael Guardia en el PAN); la mayoría tiene país por cárcel (Pablo Andrés Ruiz Obregón, representante legal de Hialing Corporation, empresa que se menciona en varios expedientes); y, los menos, no tienen ningún tipo de medida (Poulett Morales, implicada en la venta de mochilas con sobreprecios).

Cálculos de La Estrella de Panamá indican que la pérdida en el erario durante la administración pasada pudo haber llegado a $3,484 millones.

LA RUTA POR DESCUBRIR

‘Tanto se ha hablado de los casos de corrupción y de las declaraciones de los indagados, la información recopilada por el gobierno y nada sobre la ruta del dinero', escribía Ebrahim Asvat en su columna ‘La bitácora del presidente', el pasado 27 de abril.

En la ciudadanía hay una percepción de que el Ministerio Público investiga de manera selectiva, que no todos los que deberían le rinden cuenta a la justicia.

Así lo comenta José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados: ‘Todos somos iguales ante la Ley; pero, en el país, tenemos la percepción de que hay investigaciones selectivas. Nos preguntamos: ¿por qué a ningún banquero se le ha llamado a responder por esos miles de millones robados y depositados en bancos y muchos transferidos a cuentas en el exterior?'.

El propio Asvat contestaba esta pregunta en su columna: ‘La comunidad bancaria se rehúsa al ingreso de equipos técnicos de las fiscalías a sus instalaciones para revisar transacciones bancarias. Los fiscales se atemorizan. Los gobiernos, solapadamente, los protegen'.

Rolando Rodríguez, secretario general del Ministerio Público, afirmó a este diario que desde que la administración de Ricardo Martinelli dejó el poder, se han recuperado $120 millones en concepto de bienes y dinero en efectivo.

¿Cuántos banqueros han acudido a las fiscalías a rendir indagatoria? ¿A cuántos bancos han acudido los peritos para verificar información? No se sabe. Se elevó la consulta al Ministerio Público y, al cierre de esta publicación, no se había obtenido respuesta.

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ORGANIGRAMA

Las entidades reguladoras de la banca

El Ministerio Público se encarga de los temas penales. Las sanciones administrativas, en el caso de los bancos, corresponden a la Superintendencia de Bancos.

Aun antes de la Superintendencia, hay otra entidad que debe estar pendiente de cualquier movimiento ‘extraño' en el sector bancario: la Unidad de Análisis Financiero (UAF) , cuya responsabilidad es recibir y analizar la información financiera y comercial —tanto del sector público como del privado— para determinar ‘la existencia de operaciones o patrones de blanqueo de capitales y/o de financiamiento de terrorismo'.

Tras estos estudios, la UAF debe ‘remitir sus conclusiones a las autoridades competentes para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes según lo dispuesto en la ley.

¿Si hay entidades reguladoras y fiscalizadoras, cómo es posible que hoy salgan a la luz tantas situaciones irregulares?

‘Ni la Superintendencia ni la UAF jugaron su papel en los últimos años', critica José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

El diputado Samir Gozaine, en ‘Polígrafo', expresaba sus dudas sobre cómo gente como Rafael Guardia lograron mover tanto dinero en el sistema bancario: ‘Cuando llegué a ser diputado, los bancos me pidieron mil papeles por ser una ‘Persona Políticamente Expuesta' (PEP). Cualquiera que trabaje en el Gobierno es un PEP. No entiendo cómo un ‘limpio' se hizo millonario de la noche a la mañana y tenía ese dinero en el banco'.

Cuando se consultó a la Superintendencia sobre las averiguaciones, la respuesta fue parca: ‘Estas investigaciones son parte de un proceso administrativo y según el Código Administrativo, el regulador tiene que completar este proceso, antes de dar información sobre los fallos que competen a cada quien', dijeron voceros de la entidad.

SISTEMA DE JUSTICIA

El Tribunal de Cuentas

Al Ministerio Público solo le corresponde investigar si hubo irregularidades penales. El encargado de averiguar si hubo daño patrimonial o no, y de traer los dineros hurtados de vuelta al Estado es el Tribunal de Cuentas.

Creado en 2004, tras los cambios constitucionales, el Tribunal no entraría en vigencia hasta el 2008, cuando se desarrolla la Ley de Jurisdicción de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas, tal como explicaría el magistrado Alberto Cigarruista en una entrevista reciente, tiene la responsabilidad de ‘velar para recuperar los dineros que un ciudadano panameño se apropió del erario público'. Para esto, el Tribunal puede recurrir a cualquier método legal. Desde secuestros y congelación de cuentas, hasta remate de propiedades.

Sufrido el daño patrimonial, es este Tribunal el que debe ver cómo se recuperan los fondos sustraídos.

Guido Rodríguez, fiscal de Cuentas (el defensor del Estado en todos los procesos por robos al erario), ha solicitado informes a la Contraloría para determinar si hubo daño patrimonial en la compra de máquinas de espionaje con fondos del PAN, en la compra de crema precocida nutritiva enriquecida y de ambulancias para el Ministerio de Salud.

Al contrario de la Superintendencia de Bancos y la UAF, comenta José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, ‘el Tribunal de Cuentas está comenzando a realizar un gran trabajo'.

El magistrado Alberto Cigarruista admitió en una entrevista reciente que existe la percepción de que, muy pocas veces, los dineros robados vuelven a las arcas públicas. ‘En Panamá siempre ha habido un concubinato escandaloso entre los que se apropian de los dinero del Estado y el sistema Judicial'.

Cigarruista aseguró que los magistrados del Tribunal de Cuentas han decidido revertir esta opinión popular y actuar con fuerza.