La Anati certificará valor de fincas sujetas a fianza

En El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé, 193 lotes tienen el mismo valor catastral, aunque no son de igual superficie.

La sociedad Reforestadora San Cristóbal S.A. segregó la finca madre N° 507 en noviembre de 2009 e hizo una corrección a la escritura en enero de 2010.

La transición no tendría nada irregular si no fuera por el valor catastral de $400,000 que se le asignó a cada lote, todos de diferentes tamaños.

De acuerdo con la escritura pública N° 22772, el primer lote segregado mide 1,131.47 m² y el número nueve cuenta con una superficie de 2,321.55 m². El valor declarado de cada uno fue de $400,000.

En el primer caso, el metro cuadrado tiene un precio de $354, mientras que en el otro cada metro cuadrado es de $172, ambos, además, separados de la misma finca madre.

A esta peculiaridad se suma que las fincas han sido usadas como fianza de excarcelación, incluso hasta por delito relacionado con el tráfico de droga, que no admite medida cautelar.

La división de los 193 lotes es objeto de una investigación judicial por parte de la Fiscalía Primera de Circuito de Panamá por el supuesto delito contra la fe pública, que, entre otras cosas, está relacionado con la falsificación o alteración de documentos públicos.

La fiscalía, a cargo de María Medina, preguntó a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) si para la segregación de la finca 507 se realizó ‘algún trámite de avalúo destinado a constatar el valor catastral de dichas fincas'.

‘Lo solicitado servirá como elemento de convicción dentro del sumario por el delito contra la fe pública que instruye este despacho', explica el oficio que envió la fiscalía y fue recibido en la Anati el pasado 5 de mayo.

La Estrella de Panamá preguntó a la Anati si la entidad había hecho el avalúo de estas fincas, pero respondieron que no podían dar información para no ‘entorpecer el proceso judicial'.

Un abogado relacionado con la investigación, que prefirió mantener su anonimato, explicó que las fincas solo tienen un valor catastral, pero no un avalúo. Esto, dijo, podría representar una estafa al Estado, cuando son usadas para fianzas de excarcelación porque el valor catastral podría ser menor que la fianza impuesta por un juez.

Documentos en el Registro Público dan cuenta de que una de las fincas segregadas, la N° 50930, con una superficie de 1,423 m², fue usada entre enero y septiembre del año pasado en, por lo menos, diez diferentes fianzas de excarcelación, que suman $230,700.

Una de esas fianzas fue la que el Juzgado Octavo Penal de Panamá concedió a las hermanas guatemaltecas Claudia y Ericka Ramírez, procesadas por narcotráfico, por la suma de $100,000.

Por este caso hay una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el fiscal de Drogas, Javier Caraballo, el juez Raúl Eduardo Vergara Ortega y el exsecretario Judicial Luis Arturo Vergara Ortega. Esté último otorgó la medida de excarcelación en condición de juez suplente.

En la denuncia, presentada por Alfonso Rudas, se considera que la ‘consignación de la fianza hipotecaria es sospechosa'. El MP ya inició esta investigación.

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APODERADO DE SOCIEDAD

‘Usted no me investiga a mí, es un simple periodista'

La sociedad Reforestadora San Cristóbal, S.A. fue inscrita en el Registro Público en el 2008 y como presidente de la empresa aparece el abogado Ramsés Agrazal, quien no pudo ser localizado por La Estrella de Panamá para conocer su versión sobre los hechos. Para conceder algunas fianzas, la sociedad le otorga poder a Rafael Rovira, quien fue contactado por este diario y alegó desconocer los hechos. ‘Yo estoy muy enfermo y no me acuerdo de ninguna fianza', cuando encuentre al abogado Ramsés pregúntele a él; yo no sé de él, recalcó.

—¿Cuál es su relación con esas fincas? preguntó el periódico.

—‘No, no, usted no me viene a investigar porque usted es un simple periodista', respondió Rovira y colgó el teléfono.

Rovira y Agrazal aparecen con poder, otorgado por la sociedad, en la fianza que se otorgó a las hermanas Claudia y Ericka Ramírez por un proceso de narcotráfico.

La Anati emitió una resolución, en enero de 2014, en la que refrenda que la finca tiene un valor catastral estimado de $400,000, que fue declarado por el dueño del inmueble.

Sin embargo, en la resolución no se especifica si la entidad realizó un avalúo de la finca.

La resolución está firmada por Eric García, quien para esa fecha era el subadministrador de la Anati y Director Nacional encargado.

Las nuevas autoridades de la Anati deben certificar si a estas fincas se les ha hecho avalúos.

Rafael rovira

‘ Yo estoy muy enfermo y no me acuerdo de ninguna fianza, localice al abogado Ramsés',

SAN CRISTÓBAL, S.A.