Los empresarios también comieron del PAN

Era tan sencilla la estrategia que utilizaban algunos funcionarios del gobierno pasado para apropiarse de fondos del Estado que, a simple vista, pasaba desapercibida.

El daño se perpetró a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una entidad adscrita a la Presidencia de la República que, por su naturaleza, tenía potestad para realizar una cantidad casi infinita de compras, ya fuera que abriera licitaciones u optara por la contratación directa.

No importa qué método se aplicara para hacer el negocio, el sistema ideado por los funcionarios de la pasada administración dependía de un gran colaborador: los empresarios.

Según ha confesado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, durante las indagatorias en las que ha participado, el modus operandi era el siguiente: A través de personas vinculadas a ellos, los funcionarios creaban sociedades anónimas para que pudieran ofertar en las diversas licitaciones.

Haciendo mano de información privilegiada o con tráfico de influencias, estas empresas se adjudicaban los contratos. Generalmente, los precios que ofrecían eran elevados intencionalmente, ya que de ahí tenía que salir el dinero para cubrir la inversión, que los empresarios sacaran ganancias y, además, darle coimas a los funcionarios que facilitaron que la empresa se hiciera del contrato.

Guardia Jaén admitió que algunas compañías le daban entre el 5 y el 15% de lo que les pagaba el Estado. Este porcentaje era en ‘agradecimiento' por las gestiones de Guardia Jaén, además de un incentivo para que, en el futuro, estas empresas siguieran ganando licitaciones.

Estas coimas se le entregaban, en efectivo, a alguna persona cercana al funcionario. Por ejemplo, se ha mencionado a Rafael Guardia Juárez como el enlace entre los empresarios y el funcionario.

Pero Rafael Guardia Jaén no era el único en la cadena. El exdirector del PAN ha implicado a toda una serie de empleados gubernamentales de menor rango (su asistente Abraham Williams, la asesora legal Julissa Stanziola, entre otros), así como a figuras de mayor jerarquía en el engranaje estatal durante la administración pasada. Muchos de ellos pertenecientes al Ejecutivo.

Por ejemplo, el exdirector del PAN aseguró en sus indagatorias que Ricardo Martinelli lo llamaba a su celular y lo comunicaba con su asistente Adolfo De Obarrio, quien le indicaba con qué empresas había que comerciar.

Las declaraciones de varios testigos protegidos —como Euro-14, Lealtad y Milagros— han servido para corroborar lo confesado por Rafael Guardia Jaén y para ampliar la información sobre cómo se cometía el peculado.

Según estos testigos, además de vender productos a precios fuera del rango, los empresarios se ganaban contratos que, muchas veces, ni siquiera cumplían.

En confabulación con los funcionarios del PAN, las empresas proveedoras entregaban productos que no cumplían con las especificaciones requeridas o, de plano, no entregaban las mercancías por las que se les pagaba.

En las sumarias de la investigación por venta de granos al PAN, el fiscal Nahaniel Murgas rescató las declaraciones de Jean Carlos Asprilla, almacenista de esta oficina de la Presidencia. Según el documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá , Asprilla confesó que muchas veces firmó de recibido actas de entrega de productos, aun cuando en múltiples ocasiones él ni siquiera llegó a ver la mercancía.

Datos a los que ha tenido acceso este diario indican que, entre 2009 y 2014, un grupo de 15 empresarios que están siendo investigados por el Ministerio Público pactó negocios con el Estado que llegan a los $275,449,965.

LAS INVESTIGACIONES

La Procuraduría General de la Nación, durante la primera rendición de cuentas de Kenia Porcell, informó que en tres meses de gestión se había investigado a 55 empresas que habían sido mencionadas en alguno de los expedientes abiertos en las cuatro fiscalías anticorrupción.

‘La Decana' tiene en su registro que 35 comerciantes han sido indagados.

OTROS EMPRESARIOS

El PAN no es el único escándalo que ha salpicado al sector empresarial. El Ministerio Público también investiga a Cobranzas del Istmo, S.A., empresa acusada de recibir pagos ilícitos por $21 millones. Su propietario, Cristóbal Salerno, hoy tiene casa por cárcel.

El expresidente Felipe Virzi, también comerciante, está recluido en la DIJ por recibir $10 millones de parte de Hidalgo e Hidalgo, empresa acusada de peculado por el proyecto de riego de Tonosí. La empresa se ganó el proyecto, recibió adelantos, pero nunca lo inició.

==========

LOS CONTRATOS