CSJ explica resultados de la implementación del SPA

Los procesos de competencia de la Sala Penal y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son tramitados de conformidad con el Código Procesal Penal de 2008 y no el Libro III del Código Judicial de 1986, con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, desde el 2 de septiembre de 2011, en los circuitos judiciales de Coclé y Veraguas.

La Constitución Política vigente y el Código Procesal Penal de 2008, expresan que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la investigación y juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional y de sus homólogos del Parlamento Centroamericano. Para ello se establece un procedimiento especial, que implica a un magistrado fiscal, a un magistrado de garantías, y a los suplentes de ello, que integren con el resto del pleno lo que sería el Tribunal de Juicio Oral.

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá existir un despacho de apoyo, para todos los magistrados que vayan a desempeñar el rol de magistrado fiscal, y una oficina judicial para los magistrados que hayan sido elegidos como magistrados de garantías.

El despacho de apoyo a los magistrados fiscales y oficina judicial para los magistrados de garantías, deben contar con el personal y equipo idóneo para cumplir con los deberes que señala la Constitución Política y el Código Procesal Penal de 2008, sin soslayar quienes son las personas a las que hay que investigar y procesar: diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.

Recurso económico de la CSJ para el SPA

A fines de enero del 2015, la Presidencia de la CSJ, solicitó por escrito al presidente Juan Carlos Varela y a sus ministro de la Presidencia y ministro de Economía y Finanzas, un crédito adicional por poco menos de un millón de dólares, para el nombramiento de un personal idóneo de apoyo a los que se desempeñen como magistrado fiscal y del recurso humano necesario para la oficina judicial de los que se desempeñen como magistrados de garantías, aparte del equipamiento y adecuación de las instalaciones.

Entre marzo – abril de 2015, el Pleno de la CSJ coordinó directamente con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia que en lugar de recibir un crédito adicional, que se tramitase el uso de unos ahorros que había generado el Órgano Judicial en el primer trimestre del año, se logró elaborar una planilla de funcionarios y el recurso monetario para adecuar un espacio físico y equiparlo con lo necesario para las importantes tareas a desempeñar. La coordinación se realizó posteriormente con el señor Contralor General de la República.

Desde mayo de 2015 el espacio físico se encuentra habilitado, con el mobiliario y profesionales idóneos, y se inició el proceso de nombramiento del personal de acuerdo a la planilla preconcebida para esos efectos.

El jefe del despacho de apoyo de los magistrados fiscales tiene la categoría de magistrado de Tribunal Superior y salario mensual de $6,000.00.   El jefe de la oficina de apoyo de los magistrados de garantías, también con la misma categoría y emolumentos (magistrado de Tribunal Superior y $6,000.00 mensuales).

En total son 36 cargos y posiciones, con el recurso económico hasta el 31 de diciembre de 2015, y al día de hoy, 13 se encuentran ocupados y hay 23 vacantes, de estos últimos, con salarios mensuales entre los $4,000.00 a $530.00.

Los magistrados del Pleno de la CSJ que están utilizando el despacho de apoyo y la oficina judicial, son Oydén Ortega Durán, Jerónimo Mejía Edward, Harry A. Díaz González de Mendoza y Nelly Cedeño de Paredes.

Casos judiciales contra políticos

El proceso penal donde el magistrado fiscal es Oydén Ortega Durán y el magistrado de garantías es Jerónimo Mejía Edward, contra el expresdiente Ricardo Martinelli, miembro del Parlamento Centroamericano, se encuentra suspendido por advertencia de inconstitucionalidad que debe atender la magistrada suplente Gisela Agurto y luego aguardar lo que decida el Pleno de la CSJ.

El proceso penal donde el magistrado fiscal es Harry A. Díaz y el magistrado de garantías es Jerónimo Mejía Edward, contra Martinelli miembro del Parlamento Centroamericano, se encuentra suspendido hasta que el Tribunal Electoral decida una previa solicitud ya presentada, de levantamiento del fuero penal electoral.

El proceso penal donde el magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano y el magistrado de garantías José E. Ayú Prado, contra el expresidente Martinelli miembro del Parlamento Centroamericano, está pendiente que se solicite por escrito el levantamiento del fuero penal electoral por parte del Tribunal Electoral y de lo que se decida acerca de esa petición.

El proceso penal donde el magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano y el magistrado de garantías José E. Ayú Prado, contra un diputado suplente de la Asamblea Nacional, se encuentra en trámite en la parte preliminar de la fase de investigación (aún no se ha solicitado audiencia para la formulación de imputación).

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuenta con los recursos humanos y económicos para hacer frente a los procesos penales contra miembros de la Asamblea Nacional y sus homólogos del Parlamento Centroamericano, han sido repartidos y de esos, los que han sido admitidos y se encuentran pendientes del correspondiente impulso procesal.