Consulados emitieron endosos sin acuerdo

La historia se repite. José Luis Aizpurúa, exdirector de Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quien renunció al cargo el 30 de agosto pasado, asegura que, contrario a lo que hasta ahora ha dicho el administrador de esa agencia del Estado, Jorge Barakat, el actual gobierno ha emitido licencias de marinos a través de los consulados de forma irregular.

El acuerdo fraudulento firmado entre la AMP y Samoa International Martime Authority (SIMA), que no se llegó a ejecutar por las precauciones del propio Aizpurúa, sirvió de marco para algunas certificaciones antes de que el Gobierno de la isla oceánica, contraparte del acuerdo, desmintiera que había otorgado una concesión a esta empresa para acreditar a marinos.

La Estrella de Panamá tuvo acceso al endoso o convalidación de varios títulos originarios de Samoa emitidos a extranjeros. Uno de ellos, expedido el 25 de marzo de 2015 a nombre de Vijay Kumar Shaw, de nacionalidad hindú, tramitado por el consulado de Filipinas cuando aún la AMP no había implementado el tratado bilateral entre la isla y Panamá.

Aizpurúa introdujo un nuevo artículo que pausaba el convenio por tres meses hasta que la contraparte, Samoa, lo aceptara. La AMP nunca recibió dicha comunicación. En abril, el Gobierno de Samoa denunció a la empresa SIMA como una impostora al usar el nombre y la bandera de la isla sin autorización. Un mes después, el 28 de mayo de 2015, el convenio quedó sin efecto tras la firma de un memorando que rubricó Aizpurúa.

El endoso que permite laborar a Vijay Kumar Shaw como controlador de operaciones y radiocomunicaciones, entre otras funciones, con el aval panameño, expira el 20 de enero de 2020.

Como el caso anterior, este diario descubrió las convalidaciones de Dimitrios Moraitis y de Spyridon Katsoulas, de nacionalidad griega. Ambos títulos que les permite trabajar en varias funciones, se expidieron el 3 de junio de 2015 —seis días después de que el acuerdo quedara sin efecto—, y vencen el 21 de abril de 2020.

En el sector aseguran que el dueño de SIMA es Encarnación Samaniego, que renunció en agosto a su puesto en la junta directiva de la AMP, tras recibir una llamada del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien, al parecer, estaba al tanto del nuevo ‘negociado' con la emisión de licencias marítimas.

‘Yo no aparezco en los registros de ninguna de las empresas', dijo Samaniego a La Estrella de Panamá , y añadió haber renunciado por motivos personales.

Sus palabras contradicen la versión de Aizpurúa. ‘Toda la gente que trabaja en el sector marítimo sabía lo que estaba pasando y quiénes eran los que estaban en la empresa. En la misma institución también lo sabían', aseguró.

La empresa tenía una página web — www.maritimesamoa.com—, en la que promocionaba los servicios de Samoa como intermediario de Panamá.

El acuerdo se vino abajo, pero en la administración ya se gestaban nuevos intentos para ‘traficar' licencias marítimas con el apoyo de las autoridades, como se hizo con Orion Maritime Training Center, según se investiga en las fiscalías Primera y Cuarta Anticorrupción.

OTROS INTENTOS

Antes de que el Gobierno de Samoa aclarara que nunca había otorgado a Samoa International Martime Authority la concesión para la emisión de certificaciones transitorias para marinos, otros tres registros intentaron hacer lo mismo. La Dirección de Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá puso en la ‘lista negra' a Belice, Honduras e Islas Cook.

‘Los primeros que comenzaron a llenar aplicaciones de Certificados Transitorios (CT) fueron los de Belice, en septiembre de 2014. Yo paré los tres intentos', indicó José Luis Aizpurúa.

Mediante dos circulares, la Dirección se reservó el derecho de reconocer los títulos y certificados de ‘suficiencia' y ‘competencia' emitidos por estos países, por su dudosa legitimidad.

A diferencia de Belice, Honduras e Islas Cook, en Samoa había panameños que participarían en el negocio, por eso se desataron las alarmas, y el caso ha trascendido a los medios.

La primera circular de la AMP que rechaza a Belice y Honduras se emitió el 30 de septiembre de 2014, solo tres meses después del cambio de gobierno. El 1 de abril de 2015 se alertó sobre las Islas Cook.

En ambas circulares, Panamá se reservaba el derecho de reconocer o no los títulos de competencia emitidos por terceros.

La práctica ilícita de emisión de licencias de marinos y equiparación de títulos parece un asunto turbio de larga data que ninguna administración ha podido atajar, siendo Panamá, además, el país que mayor oferta de trabajo brinda en el mar.

MODUS OPERANDI

La marinería extranjera buscaba certificaciones de títulos después de la cancelación, en noviembre de 2014, de Orion Maritime Training Center, que durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) tramitó de forma fraudulenta permisos para el sector.

‘Las solicitudes provenían de la mismas nacionalidades que certificaba Orion, hindúes, sirios, griegos', precisó Aizpurúa. El exfuncionario manifestó que desde que asumió el puesto, en julio de 2014, sospechó que se intentaba falsificar las certificaciones. ‘Por ejemplo, emitían una licencia a un hindú el 15 de agosto, y al día siguiente me mandaban una solicitud para que le endosara el título. Todas las solicitudes se hacían con el mismo método y con mucha frecuencia', detalló Aizpurúa. Era la primera pista para sospechar del negocio con las licencias.

Los trámites se efectuaban generalmente a través de un bróker, una persona que facilitaba la emisión de las licencias. Por lo regular, los consulados optan por que los agentes realicen estos trámites para aumentar las recaudaciones. Como estrategia solicitan a los cónsules regionales o concomitantes que les faciliten documentos en blanco firmados para captar en el mercado a los clientes, facilitar los trámites y aumentar las comisiones a los cónsules. La mayoría lo hacen. Ahí empieza la trampa. Panamá pierde el control y se adulteran documentos o cifras. EL registro se lo pueden ofrecer al que sea, sin que el consulado tenga forma de verificar su idoneidad.

Una licencia legal puede tener un precio entre los $185 a $275, si se trata de un capitán. Pero los brókers la venden mucho más cara y el costo aumenta en caso de endoso. Orion Training comenzó vendiéndolas a $2,500, pero terminaron en $6,000.

El diagnóstico de Aizpurúa indica que el problema continuará mientras se emplee un sistema manual de documentación.

LA VERSIÓN OFICIAL

Sobre este caso, Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, salió en defensa de la AMP y aseguró que se trató de abusar de la buena de la fe de la administración marítima panameña. Según el alto funcionario, oportunamente las autoridades panameñas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y el acuerdo nunca se concretó.

Sin embargo, fue el Gobierno de Samoa el que encendió la alerta sobre un posible fraude internacional ligado a la empresa que fue inscrita en Panamá y ‘creada para registrar barcos y licencias como cualquier registro abierto y concesionado por el gobierno', apuntó una fuente ligada al sector.

Alemán, que a su vez preside la Junta Directiva de la AMP, aseguró que el acuerdo ni siquiera fue aprobado por la directiva de la institución. ‘Yo no puedo entrar en especulaciones en base a reportes periodísticos. No hay una sola prueba de que se hayan hecho certificaciones al amparo de ese acuerdo', concluyó el ministro.

Redacción: Marlene Testa / Adela Coriat

MAÑANA ‘EL NEGOCIO QUE FRACASÓ EN EL INTENTO', LOS ACTORES DE LA TRAMA DE SAMOA.