La SIP alerta sobre el asedio judicial a los medios en Panamá

El Informe Anual sobre el Estado de la Libertad de Expresión en las Américas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta de los desafíos judiciales, políticos y económicos que enfrenta el periodismo panameño.

La entidad - que reúne a 1,300 medios impresos, televisoras, radios y nativos digitales - señala que la situación de la libertad de prensa en Panamá presenta contrastes. Si bien no se han registrado agresiones físicas graves contra periodistas, todavía persisten los retos que suponen una gran presión sobre los medios de comunicación.

Entre estos desafíos, están las demandas judiciales tanto civiles como penales que enfrentan los diarios de circulación nacional La Prensa y La Estrella de Panamá.

El informe de la SIP también puntualiza que el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sigue siendo deficiente, mientras que el acoso digital contra los periodistas ha disminuido, tomando en cuenta que todavía se mantienen las campañas de desprestigio a través de las redes sociales.

No obstante, la SIP recalcó que el Estado panameño mantiene las garantías para el ejercicio del periodismo ya que no se han registrado cierres de medios, bloqueos digitales ni vigilancia contra los periodistas. La asociación interamericana de medios registró además que no se reportaron atentados o agresiones físicas contra los comunicadores sociales.

Sin embargo, la SIP resaltó que varios periodistas nacionales y corresponsales extranjeros denunciaron haber sido hostigados o agredidos por miembros de sindicatos y organizaciones sociales, mientras cubrían las protestas en Bocas del Toro contra las reformas a la Caja del Seguro Social.

Estas son las conclusiones preliminares del informe relacionadas a Panamá que, al igual que las de los demás países de América, están pendientes de ser aprobadas en el transcurso de la 81 Asamblea General de la SIP, que se llevará a cabo hasta este próximo 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana.

En este encuentro, representan a Panamá tanto la editora general de La Estrella de Panamá y presidenta del Fórum de Periodistas, Ivette Leonardi, como la vicepresidenta para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Rita Vásquez.

En uno de los paneles llevados a cabo en el encuentro, Vásquez apuntó a la recurrencia de las demandas judiciales como método para intimidar a los periodistas y a los medios de comunicación.

La presentación del Informe Anual sobre el Estado de la Libertad de Expresión correspondiente al 2025 contempló un panorama difícil para la prensa a nivel regional, ya que la escalada de presiones contra el ejercicio del periodismo no ha cesado en los últimos meses.

“Desde la SIP, insistimos en que las libertades de expresión y de prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia”, ponderó la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP Martha Ramos.

No obstante, Ramos señaló que los informes sobre la región realizados por la SIP evidencian que el ejercicio diario del periodismo se ve afectado por diversas formas de agresión que socavan el derecho de los ciudadanos a estar informados, aunque en algunos países hayan marcos constitucionales protectores de la libertad de prensa.

Las amenazas más comunes registradas en la región son: el hostigamiento oficial y estigmatización desde las altas esferas del poder; el uso estratégico de la acoso judicial y las restricciones legales; la violencia, la impunidad y el desplazamiento forzado; la presión económica, y el control y la censura digital.

De acuerdo a la SIP, los funcionarios de alto nivel en la región han sido portadores de discursos descalificadores y estigmatizantes, poniendo en riesgo el ejercicio del periodismo. El informe cita a mandatarios como el colombiano Gustavo Petro o el argentino Javier Milei como ejemplos de esta práctica.

En este apartado del informe, también se citan las declaraciones estigmatizantes contra la prensa de otros presidentes de las Américas como Rodrigo Chaves (Costa Rica), Daniel Noboa (Ecuador), Daniel Ortega y Rosario Murillo (Nicaragua), además de Donald Trump (Estados Unidos).

La SIP añadió que también es recurrente el uso de operadores digitales, con el fin de acallar las voces críticas contra los gobiernos. En este caso, se cita a países como Costa Rica y Argentina, quienes amplifican el acoso digital mediante las cuentas asociadas al oficialismo. En algunas ocasiones, altos funcionarios admitieron haber usado los también conocidos como troles para la descalificación.

La violencia, las amenazas e incluso los asesinatos de periodistas también centran buena parte de la preocupación de la SIP.

Por ejemplo, el 2025 se registró como uno de los peores años en el Perú en relación a esta materia. Dos periodistas han sido asesinados por parte de funcionarios, empresarios y delincuentes mientras que se resalta la insinuación del ahora exalcalde de Lima Rafael López Aliaga de ‘cargarse’ al director del portal IDL Reporteros Gustavo Gorriti, mientras se encontraba en un acto público. Unas declaraciones que la SIP interpreta como una ‘incitación al asesinato’ del periodista.

Los periodistas de Haití también se han visto objeto de las amenazas de los grupos criminales que controlan el país, por lo que los comunicadores tienen que desplazarse con protección armada y camiones blindados para protegerse del peligro. Las agresiones físicas contra los comunicadores sociales también aumentaron en países como Ecuador, Brasil, Bolivia y Honduras. También en Estados Unidos, donde 97 periodistas fueron alcanzados por balas de goma y proyectiles de pimienta mientras cubrían las protestas relacionadas con la inmigración.

El acoso judicial y las restricciones legales como herramienta coercitiva contra los periodistas y medios de comunicación es otro punto clave del informe.

Un caso es el de Argentina, donde se registró un aumento de las demandas de calumnia e injuria por parte de los funcionarios públicos con el fin de generar la autocensura de los periodistas. Además, se realizaron diversos intentos de quebrantar la protección constitucional de las fuentes periodísticas.

Otros aspectos que preocupan a la SIP en relación a este asunto son la discusión de una ‘Ley Mordaza 2.0’ en Chile, que castigaría con cárcel las filtraciones de los procesos penales, así como en Colombia, donde se tramita un proyecto de ley que impondría multas a los periodistas incluso después de retractarse.

La censura, el control de los contenidos y el acceso a la información son otro de los puntos del informe. La SIP recabó estas prácticas en países como Uruguay donde, a pesar de haber una ley donde se garantiza el acceso a la información pública, existe un ‘letargo burocrático’ para conseguirla. En cambio, en Venezuela persiste un bloqueo total de internet que afecta a más de 80 portales de noticias.

Los países donde la SIP considera que hay un control extremo o crisis severa que afecta la libertad de expresión son cuatro: Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador.

La represión política del régimen cubano a la prensa independiente, el encarcelamiento de 18 periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela, el desmantelamiento de los medios críticos en Nicaragua y el hostigamiento contra sus periodistas en el exilio, y la utilización del régimen de excepción contra la prensa salvadoreña por parte de Nayib Bukele son los casos más sonados.

Para la SIP, todos estos sucesos generan consecuencias importantes al desarrollo de la libertad de prensa en la región, especialmente los que indican la utilización del aparato jurídico como arma de ataque y censura previa, además del efecto cascada que generan las declaraciones estigmatizantes del poder contra los periodistas.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP concluyó la presentación de las conclusiones preliminares del informe advirtiendo sobre el bloqueo existente al libre ejercicio del periodismo en los Estados Unidos bajo la segunda administración Trump.

Entre las acciones que citó están el condicionamiento de visas a corresponsales extranjeros, las demandas multimillonarias a los medios de comunicación o la revisión previa de publicaciones exigida recientemente por el Pentágono. Unos eventos que, según Ramos, configurarían un modelo a seguir para los gobernantes autoritarios.