Mujeres exigen fin a la violencia, la impunidad y los castigos laxos por femicidio

A golpes y puñaladas matan a las mujeres en Panamá. Hasta septiembre de 2025, se reportaron 12 casos de femicidio en el país, de acuerdo a estadísticas del Ministerio Público. A estos casos, se suman en octubre las muertes violentas de una joven de 25 años en Veraguas y una de 21 años en Coclé.

“Esto es un problema de salud nacional que se está presentando y no lo podemos omitir. Las mujeres no merecen estar pasando estas situaciones, las mujeres necesitamos tener derecho a la libre expresión, a vivir libres, a poder opinar acerca de lo que nosotras estamos sintiendo y cuando no queremos una relación se tiene que respetar nuestras decisiones”, declaró Ana Escobar, de la Fundación Vida Mujer, durante una conferencia realizada este viernes 17 de octubre en la Defensoría del Pueblo.

La violencia contra la mujer es un problema que requiere un abordaje desde múltiples sectores, señalaron expertas durante la conferencia. Desde la educación en los colegios, hasta los sistemas de protección de personas en condición de vulnerabilidad, las herramientas legales (desde boletas hasta brazaletes electrónicos) para mantener a los agresores lejos de las potenciales víctimas, el aumento de penas para los condenados y los mecanismos de rehabilitación en los centros penitenciarios para evitar la reincidencia.

Lograr estos objetivos se convertirá en un reto aún mayor si se cumple la anunciada disolución del Ministerio de la Mujer. “La posición de la Defensoría del Pueblo ha sido clara que estamos en contra del cierre del ministerio dado que sería un paso hacia atrás en un tema y una materia tan importante, porque si ha de cerrar quedarían como estábamos antes, con muy pocos lugares para que ellas se acerquen”, señaló Alessandra Chena, directora de Protección de Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo.

Tener acceso a sitios seguros es clave para garantizar la seguridad de mujeres en situación de vulnerabilidad. “Hay menos de cinco albergues, los cuales están en provincias centrales, las ubicaciones de los mismos son confidenciales por temas de seguridad de las víctimas, pero no se cuenta con la cantidad adecuada porque lo correcto es que cada provincia esté como un albergue por lo menos”, detalló Chena.

Los agresores en muchos casos son parejas o exparejas de las mujeres. Aunque es posible conseguir una boleta de alejamiento, el papel en muchos casos es insuficiente para detener a los victimarios. Muchas son las mujeres que han muerto a manos de hombres contra quienes tenían boletas.

El brazalete electrónico podría ser una herramienta útil en estos casos. Pero las expertas destacan que su implementación debe ir acompañada de una reeducación de la Policía Nacional para que responda de forma inmediata a los llamados de las víctimas.

Además, cuestionan los acuerdos de pena y las medidas cautelares que se otorgan a personas imputadas por femicidio o violación.

”Estamos de acuerdo en que hay que modificar las leyes, definitivamente hay que modificarlas, porque hay ciertos delitos que no compensan la sentencia que se le da a lo que ha vivido la víctima”, manifestó Escobar. “Esta mañana estaba hablando en un programa de cuando es tentativa de homicidio. Cuando es tentativa de homicidio a una mujer y la dejaste en una silla de ruedas de por vida, ¿tú me vas a decir que 22 años le van a regresar la salud que perdió esa mujer, que perdió parte del intestino delgado? Ella ya tiene un problema, una discapacidad permanente para todo el resto de su vida. No podemos decir que vamos a hacer un acuerdo de pena con este tipo de agresor cuando tú atacas a una persona con premeditación y alevosía, porque lo planeaste, lo organizaste, la buscaste y la esperaste”, sentenció.

Los femicidios y la violencia contra la mujer no son una novedad, son una deuda pendiente que tiene el país. “Llegó el momento, llegó la hora de que la sociedad civil nos levantemos y digamos, las mujeres merecemos ser tomadas en cuenta, las mujeres merecemos, tenemos derecho a la vida y se nos está vulnerando el derecho a la vida. Nuestras políticas no están siendo eficaces, un papel, una boleta, no es eficaz, aún un brazalete no es eficaz”, declaró Lucila Galán, de SOVIC Panamá. “Es momento de verdaderamente decir aquí estamos, no nos vamos porque las mujeres no nos vamos a caer”.