Alianza Pro Justicia critica trato dado a institutores

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil expresó este martes su preocupación por el trato que se le ha dado a los diez estudiantes del Instituto Nacional detenidos hoy hace 46 días, e investigados por los disturbios del 7 de julio, que dejaron a un profesor y una estudiante con quemaduras.

Las agrupaciones, encabezadas por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica, deploraron que los jóvenes sean señalados como ‘‘criminales y terroristas”, sin haberse comprobado que fueran los artífices de las grabaciones de amenazas distribuidas a través de las redes sociales después de los disturbios.

Los jóvenes son investigados por el Ministerio Público por terrorismo y otros delitos, luego de que en allanamientos a sus residencias, supuestamente, fueran encontrados objetos que los relacionaran con los disturbios. De los 10 institutores, ocho son graduandos de sexto año y uno es de premedia.

Los fiscales mantienen a varios de los institutores en el Centro de Custodia, en Tocumen, y otros en la Dirección de Investigación Judicial.

Según Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la privación de la libertad debe ser la última medida que se aplique a los adolescentes, por cualquier hecho delictivo.

Los grupos, que se reunieron en la tarde de ayer con la procuradora Kenia Porcell, dijeron no querer que el Ministerio Público sea utilizado como ‘‘instrumento político”. Los representantes de la sociedad civil organizada solicitaron a Porcell que se reevalúen las medidas decretadas contra los estudiantes. ‘En los expedientes no hay pruebas definitivas para vincular a los jóvenes con los hechos investigados. Hay otros intereses distintos a investigar la verdad de los hechos', dijo Lee.

El dirigente pidió a las autoridades administrativas y al Ministerio de Educación que revelen cuáles son los verdaderos intereses en este caso.

Según Lee, hay líderes estudiantiles encarcelados desde el 7 de octubre de 2013, cuando la Policía entró con bombas lacrimógenas al Nido de Águilas. Además, dijo, los expedientes no plantean de forma adecuada las grabaciones de amenazas supuestamente ligadas a los institutores.

Por su lado, la defensora del Pueblo, Lilia Herrera, anunció que conversará con la ministra de Educación, Marcela Paredes, ya que al momento de ser detenidos los jóvenes, se les prometió que podían seguir estudiando con módulos.

‘El debido proceso debe ser respetado, igual que el derecho a la educación', acotó Herrera.

ATENTARON CONTRA LA PAZ

El 21 de julio, en la sede de la Policía Nacional, la procuradora aseguró que el tipo penal de terrorismo embona con la forma como se cometieron los hechos. ‘Atentaron contra la paz social... había máscaras... las declaraciones de los testigos permiten determinar que pudo ser algo planificado', explicó.