Comida para reos es más cara que la de estudiantes

La licitación anunciada por el Ministerio de Gobierno (Mingob), que pone como precio de referencia $21.7 millones para la alimentación de los privados de libertad en las cárceles de cinco provincias, ha despertado la desconfianza de distintos sectores de la población.

De acuerdo con los lineamientos de la licitación, en la provincia de Bocas del Toro se necesitan $7 diarios para alimentar a un privado de libertad. Si este dinero fuera utilizado por el sistema educativo, alcanzaría para enviar diariamente al colegio a por lo menos cuatro estudiantes de bachillerato beneficiados con la Beca Universal.

Esta profunda y prolongada brecha, han dicho los especialistas consultados por La Estrella de Panamá , es el resultado de una extensa cadena de actos de corrupción iniciada hace cinco años y cuyo efectos y garras no ha podido evadir el actual gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

‘Es difícil comparar a los privados de libertad con los estudiantes, pero se puede hacer sólo si analizamos los efectos de la corrupción en cualquiera de ambos sistemas', expuso la socióloga Briseida Allard.

Dar desayuno en los comedores escolares a un estudiante de primaria cuesta al Estado anualmente cerca de $43.99.

Este monto permite al Ministerio de Educación brindar a más de 400 mil estudiantes un menú compuesto por una ración de leche fortificada, galleta nutritiva y un plato de avena.

Pero para dar desayuno a un privado de libertad, el Estado invertiría en promedio unos $719 cada año por 36 meses consecutivos.

‘Las licitaciones públicas deben ser revisadas minuciosamente. Las compras que no estén sustentadas en la equidad y en la trasparencia le envían un mensaje negativo a cualquier sector de la sociedad', agregó Allard.

De acuerdo con el portal de Panamá Compra, esta licitación debía recibir propuestas de 14 empresas interesadas, este viernes 2 de octubre.

No obstante, la dirección de compras del Mingob ha anunciado que prepara una enmienda para extender la fecha de recepción de ofertas, con el objetivo de subsanar algunas observaciones hechas por los proveedores.

EL PUNTO DÉBIL

Datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) de la Contraloría General de la Nación han revelado que, en el año 2013, unos 11,301 estudiantes abandonaron las aulas, cifra que actualmente representa el 69% de la población penitenciaria, registrada hasta agosto de este año. Esta misma población ha aumentado en solo veinte semanas un 5% teniendo sus picos en las provincias de Panamá y Colón.

‘Se ha invertido en becas, en alimentos y aun así vemos que las aulas siguen siendo abandonadas; sin embargo, a las prisiones llega más gente cada día y la inversión presupuestaria para las cárceles es cada vez mayor. ¿Será que nos estamos preparando para que nuestros hijos vivan tras las rejas?', ha cuestionado la abogada y catedrática universitaria Anayansi Turner.

En la actualidad, la inversión en materia preventiva supera los $56 millones, monto que está concentrado el programa de amnistía Barrios Seguros, del Ministerio de Seguridad.

A su vez, el Ministerio de Educación desarrolla en unos 29 colegios programas para evitar que los estudiantes ingresen a las pandillas y abandonen los colegios. Ninguno de los dos proyectos ha impedido que los números avancen.

‘Que las cosas no funcionen solo tiene una respuesta: En algún lado hay corrupción. Al menos, ya sabemos donde inició, en el Programa de Ayuda Nacional, con la compra de comidas deshidratadas. Hasta dónde se ha extendido es lo que todavía no sabemos', sostuvo Turner.

En la actualidad, la matrícula de colegios oficiales alcanza los 700,958 estudiantes en todo el país, de los cuales, unos 585,179 reciben el beneficio económico de la Beca Universal.

Según la última modificación a la ley que rige este subsidio, los estudiantes de bachillerato reciben $50 mensuales, los de media $40 y los de primaria $30 cada mes.

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EDUCACIÓN

La urgencia de reformas al sistema

En la población penitenciaria, el 54% de los detenidos antes de ingresar a la cárcel no estudiaba ni trabajaba y sus edades son por debajo de los treinta años.

Este fenómeno, según el consultor en reinserción laboral René Quévedo, se debe al ‘divorcio' entre el sistema educativo actual y las necesidades del mercado laboral panameño.

‘El problema de la educación en Panamá no es un tema de recursos, sino de pertinencia', manifestó Quevedo.

De acuerdo con sus análisis, dos de cada tres personas que buscan empleo en Panamá son menores de 30 años. En los últimos tres años, estos sólo han logrado conquistar una de cada 19 vacantes abiertas y puestas en competencia.

‘Sin demeritar la importancia de una buena alimentación, la prioridad debe ser invertir en contenido educativo que le permita a nuestros jóvenes obtener y mantener un empleo digno', agregó el consultor.

Actualmente, el 24% de los empleos están siendo ocupados por extranjeros. Se prevé que el fenómeno se extienda por diez años.