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Actualizado
- 26/11/2015 01:00
Creado
- 26/11/2015 01:00
Persisten dudas sobre la manera como la CSS y el Ministerio de Salud están manejando el pliego de cargos para una compra de $96 millones.
El conflicto en la compra de medicamentos biológicos por parte de la Caja de Seguro Social (CSS), por un valor de $96.8 millones, ya no se centra en los dos certificados internacionales solicitados por la entidad a sus proponentes, sino en una tercera condición: comprobar que durante cinco años le han suministrado las drogas al sistema público de salud y que no se han reportado afectaciones en los pacientes.
En un encuentro informal, realizado ayer en la Casa Amarilla de la Presidencia de la República, el ministro consejero Temístocles Díaz consideró que al incluir este requisito en el pliego de cargos, las autoridades de la CSS intentan extender la patente a los medicamentos innovadores.
‘La CSS se está buscando una demanda por parte de sus ofertantes. Se lo hemos advertido. No queremos que se metan en problemas', señaló luego Díaz a La Estrella de Panamá .
La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) teme que intereses económicos ya se hayan filtrado en esta licitación, poniendo en riesgo el abastecimiento de las farmacias para el año entrante, producto de las posiciones antagónicas entre ambas instituciones de salud.
‘No hace falta dar tantas vueltas, es evidente que ambas instituciones tienen sus intereses y quieren beneficiar a alguien en particular con esta compra', lamentó Julio Osorio, presidente de la Comenenal.
SIN SOLUCIÓN
En busca de una salida concreta a esta disyuntiva, el titular de Salud, Javier Terrientes, señaló que lo conveniente es esperar la opinión de Procuraduría de la Administración, solicitada hace unos días.
El contralor general de la República, Federico Humbert, ha dicho públicamente que no refrendará los contratos que surjan de esta licitación, si el pliego de cargos viola la legislación nacional de medicamentos.
El camino conduce, por sí solo, a la Junta Directiva de la CSS. Su presidente, Néstor Vega, ya ha confirmado que se apegará a lo que estipula la ley de medicamentos y que no permitirá una compra directa si la disyuntiva no se soluciona.
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