Huelguistas quedan fuera del Metrobús

Un grupo de operadores y trabajadores del sistema de transporte Metrobús denunció ayer el incumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno de recontratar el personal, tras pasar la empresa a manos del Estado panameño.

Los trabajadores, apoyados por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), dijeron que el Gobierno hizo firmar el documento que contenía la liquidación e indemnización al momento de la entrega del cheque de las prestaciones laborales.

Como protesta, algunos firmaban y abajo escribían la frase ‘no estoy de acuerdo'. En ese momento, el documento le era arrebatado de las manos, contó el dirigente Lenín Vargas.

Vargas, exsubsecretario de Actas y Correspondencia del Sindicato de Trabajadores, alegó que para terminar con esa fase de la relación, que era netamente laboral, se colocaron dos agentes de la Policía Nacional, lo que creaba un ambiente hostil y transmitía un mensaje de intimidación.

Además, manifestó que un número no contabilizado de colaboradores no fue recontratado, violando así un pacto pasado.

En el paquete hay dirigentes, cabecillas de manifestaciones y conductores con lesiones en la columna y espalda por problemas con los asientos de las unidades.

Vargas adujo que el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, cumplió su palabra de dejar desempleados a aquellos que participaron de la huelga del 8 de julio de 2015 para reclamar el pago de horas extras y bonificación.

Dos días antes de esa paralización, Henríquez advirtió que no serían recontratados ‘aquellos conductores que hubieran violado el pacto firmado con nosotros y los usuarios'.

El acuerdo firmado el 14 de abril en la Presidencia señalaba que los operadores ‘se obligan a prestar el servicio de transporte de manera ininterrumpida'.

La empresa MiBus ayer informó que inició una ‘nueva etapa de la mano de colaboradores comprometidos'.

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LA MASA LABORAL

Los colaboradores del sistema tenían diferentes tipos de funciones

• La empresa del Metrobús aglutina a 4,256 trabajadores, excluyendo administrativos.
• EL Gobierno destinó unos $13 millones para pagar las prestaciones laborales.