Asistencia Legal Mutua, una vía para extraditar a Martinelli

El juez de Garantías Jerónimo Mejía en la causa que se le sigue al expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el caso de los ‘pinchazos' telefónicos, envió a todos los estamentos de seguridad del país la orden de detención del señalado.

Según fuentes judiciales consultadas, la misiva también fue enviada a la Dirección de Aduanas, Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Es esta última, según el procedimiento protocolar, es quien debe informar a la Interpol, por ser la agencia que tratará el caso policialmente, para que realice la búsqueda y captura del individuo.

‘Cuando se detenga a Martinelli hay que informarle que la Corte le lleva un proceso penal'.--JERÓNIMO MEJÍA, JUEZ DE GARANTÍAS

El expresidente se encuentra radicado en los Estados Unidos desde enero de 2015 en el Estado de la Florida, por lo que algunos estudiados en la materia no descartan que la vía para conducir al exmandatario a los tribunales sea a través de la Dirección de la Oficina Para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua (TALM) presidida por Martha Castillero.

Departamento que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno.

La vía paralela a la anterior consiste en una solicitud oficial a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a solicitud del juez que hubiese dictado, de enjuiciamiento, o sentencia, o del funcionario correspondiente a cuyo cargo estuviere la instrucción del proceso por el delito de que se trate, tal como lo estipula el artículo 2497 del Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición.

Para que una orden de extradición pueda ejecutarse, según el documento, es necesario que la orden cumpla con ciertos requisitos. Por ejemplo: una relación precisa de los hechos constitutivos del delito imputado, texto de las disposiciones legales aplicables, así como las referentes a la prescripción de la acción penal y de la pena, y los datos personales que permitan la identificación del reclamado.

La misiva elaboradora por el juez Mejía, ordena al Director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, que al momento de la detención, debe comunicarse al señor Ricardo Martinelli que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención provisional dentro del proceso penal que se adelanta por los siguientes: delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, (interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, delitos contra la Administración Pública en forma de peculado).

Indica la carta que también debe informarse que existe una acusación presentada en su contra por el magistrado Fiscal Harry Díaz que describe que entre los años 2012 a 2014 en la planta alta del edificio conocido como 150 ubicado en el Consejo de Seguridad, funcionarios, por órdenes impartidas por el expresidente y hoy Diputado del Parlamento Centroamericano realizaron interceptaciones ilícitas de las comunicaciones de un número plural de ciudadanos de la República, entre ellos correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audio, grabación de conversaciones confidenciales, entre otras.

Los interceptados, según el Fiscal, eran grupos organizados de la sociedad civil, abogados, médicos, víctimas de actividades de espionaje político, que implicaron una violación sistemática a su intimidad.