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23 de Oct de 2019

Nacional

Víctimas del dietilenglicol exigen que se haga justicia

Los afectados y familiares se aglomeraron en la entrada del palacio Gil Ponce para reclamar justicia

El día llegó y las víctimas y familiares del envenenamiento masivo con el tóxico dietilenglicol, envasado como jarabe suministrado en la Caja de Seguro Social (CSS), coparon los alrededores del palacio de justicia.

Con la salud evidentemente afectada, algunos en sillas de ruedas y otros apoyados por familiares, las afectados acudieron al Segundo Tribunal de Justicia, a pesar de las limitaciones de aforo, para seguir de cerca el primer día de audiencia del retrasado juicio.

El pasado 14 de marzo se suspendió el proceso por la ausencia de una de las acusadas, y algunos temían una situación parecida, tras esperar más de diez años para encontrar explicación y justicia.

La jornada se dedicó solo a la lectura de quince de la treitena larga de denuncias que involucran al menos a 170 fallecidos y 8 mil afectados reconocidos desde que en 2006 estalló la crisis.

Dentro y fuera de la sala, los ánimos estaban caldeados.

Iraida Barrera, una de las afectadas de la provincia de Herrera, llegó con sus dos hijas (de dos y un año), a las que identificó como pacientes crónicos por el envenenamiento, con múltiples problemas de salud, a pesar de que en 2009 las autoridades aseguraron haber retirado todos los jarabes contaminados.

IMPLICADOS

Once personas están procesadas por la supuesta comisión de los delitos contra la salud pública, la fe pública y contra la vida e integridad personal, por este complejo caso.

Entre los acusados figura René Luciani, exdirector de la Caja de Seguro Social (2004-2009); Eduardo Taylor, exsubdirector de Farmacia de la entidad, quien había solicitado la prescripción de la acción penal, y Linda Thomas, exjefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos.

También están procesados los empresarios Ángel de La Cruz y Teófilo Gateno Hafeitz, directivos del Grupo Comercial Medicom, S.A., al que la CSS compró cerca de 9 mil kilos de supuesta glicerina pura, que resultó ser refrigerante industrial. De La Cruz fue el que importó la sustancia, mientras que Gateno financió la compra.

De esa forma, más de cien mil frascos del jarabe Guayacolato que debía mejorar la tos de los asegurados, se convirtió en mortal veneno.

En este expediente hay 146 víctimas reconocidas, representadas por 84 abogados, y once abogados que representan a los imputados. El expediente tiene más de 366 tomos.

¡NO MÁS DILACIÓN!

El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, que encabeza Gabriel Pascual, dijo que la presentación de denuncias dilatará más el proceso que ha estado estancado por cerca de diez años. El objetivo, agregó, es que los once imputados sean juzgados y condenados por sus delitos.

En el caso de Alexis Zuleta, quien aparece procesado dentro del expediente relacionado con el envenenamiento masivo con el tóxico en 2006, se requiere que la Corte Suprema solicite al Parlamento Centroamericano, donde es diputado, el levantamiento del fuero.

El hoy diputado fungía como jefe de Compras de la CSS cuando ingresó el tóxico y cuando se registró el envenenamiento masivo.

Pascual explicó que hay 181 personas fallecidas entre 2006 y 2007 que aparecen en el expediente, cuando la denuncia se hacía a través de los abogados. Sin embargo, entre 2008 y 2009, con la procuradora Ana Matilde Gómez, no hubo querellas.

Cuando el caso pasó a la Corte Suprema se formularon más denuncias, hasta llegar a las 3,100.

La organización tiene un registro de 300 casos por analizar que han realizado trámites en Medicina Legal del Ministerio Público, sin que se haya concluído nada.

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‘Se imputa el delito contra la salud pública que implica penas de entre 8 y 15 años',

CÉSAR PEREIRA

FISCAL ESPECIAL

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DETALLES

Los inicios del extenso proceso

El 21 de diciembre de 2010, el Ministerio Público presentó cargos junto con otras 22 personas por el envenenamiento masivo de medicinas con dietilenglicol, registrado en 2006. Las diligencias de los fiscales habían determinado que Juan Jované, cuando fue director de la Caja de Seguro Social, había autorizado la importación de glicerina para elaborar medicamentos. El cargamento utiliado para la elaboración del medicamento comprometido procedía de China.

Sin comprobar su naturaleza, el laboratorio de producción de medicamentos , procedió a incorporar la supuesta glicerina en un antitusivo, que se utilizó en pacientes con diferentes dolencias, por lo que fue difícil establecer un patrón para dar con la causa de las muertes por envenenamiento que sosprendeiron al sistema de salud.

Néstor Sosa, hoy director del Hospital Gorgas, identificó el tóxico.

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CÓMO LLEGÓ EL TÓXICO

El caso explotó en el 2006, cuando Luciani era director de la CSS

2003

La CSS compró 9 mil kilos de una sustancia reportada como glicerina pura, con la que elaboró un jarabe sin comprobar su naturaleza

170

personas fallecidas reconocidas en el proceso por el envenenamiento masivo. Los afectados sostienen que hay más.