Abogado advierte de los riesgos de privatizar el Puerto de Corozal

La prevista construcción del Puerto de Corozal, en la entrada del Canal de Panamá, continúa generando debate. En una nota enviada el 27 de mayo de 2016 a los miembros de la Junta Directiva y al administrador del Canal del Panamá, Jorge Luis Quijano, el abogado Miguel Antonio Bernal advierte del riesgo que representa para las operaciones de los puertos y de la vía interoceánica construir este estacionamiento marítimo, en el que están interesadas cuatro empresas navieras.

MIGUEL ANTONIO BERNAL

‘No se puede poner en manos de otro Estado (un bien como un puerto). Debe ponerse en manos del Estado o de la Autoridad del Canal'.

CONSTITUCIONALISTA

En abril de 2016, las empresas APM Terminals y Terminal Investment Limited de Holanda; Terminal Link, de Francia y PSA International, de Singapur, fueron precalificadas para la concesión del diseño, construcción, desarrollo y operación de un puerto de trasbordo de contenedores en Corozal.

Para el abogado constitucionalista, ‘es un hecho inédito y de gran riesgo para las operaciones de los puertos y del propio Canal de Panamá (...) que se esté poniendo en manos de usuarios' la construcción del nuevo puerto del Canal.

En conversación con este medio de comunición, Bernal agrega que no se puede poner en manos de otro estados un bien como el puerto de Corozal porque el país estaría comprometiendo su sobranía.

El abogado hace referencia a las empresas que precalificaron para construir el puerto y están siendo respaldadas por sus países. A su juicio, ese tipo de bienes deben ser administrados por el gobierno panameño o por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). ‘No nos convienen ceder bienes públicos en manos privadas', reitera Bernal.

Como agravante, el abogado señala que se están haciendo todos los trámites cuando ni siquiera la Asamblea Nacional de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que otorgue al nuevo operador portuario los beneficios fiscales que tienen otras terminales.

A finales de marzo de 2015, la Asamblea Nacional rechazó en primer debate la propuesta que había presentado la ACP para la construcción del puerto de Corozal.

El rechazo del primer proyecto no fue impedimento para que la autoridad mantuviera conversaciones con empresas navieras interesadas en la concesión del puerto de Corozal. Según el portal Todologistica News , la ACP y APM Terminals (del Grupo Maersk) han conversado sobre la construcción del puerto.

‘Luego de una reunión con la ACP, se espera la oficialización de la licitación internacional, ya que se habría preaprobado la oferta de APM Terminals, la cual incluye una inversión de $625 millones y permitiría al grupo holandés operar en Corozal por 20 años', indica la página, en una información que recogió La Estrella de Panamá, en su edición del 7 de agosto de 2015.

Posteriomente, mediante resolución aprobada el 24 de noviembre de 2015, la Junta Directiva de la ACP autorizó a la adminsitración para que iniciara los procesos de precalificación y licitación que culminarán en el otorgamiento de la concesión de Corozal. Y en abril de 2016 se conoció la precalificación de las empresas que podrían construir el megaproyecto.

‘Todo lo anterior se sigue dando. en ausencia de una información seria, apropiada y detallada de cara a toda la ciudadanía sobre le proyecto en mención, a pesar de las solicitudes formuladas con anterioridad para tal propósito, como si el Canal fuese propiedad exclusiva de quienes conforman la junta directiva y de quien la administra', alega Bernal.

La construcción del Puerto Corozal ha sido objetado previamente. La Unión de Prácticos del Canal de Panamá considera que un puerto en Corozal no haría más que afectar el tránsito de la vía interoceánica.

El gremio marino señaló en su momento que la nueva terminal portuaria carece de rada de giro propia , y tendría que utilizar la que está frente a las esclusas del Canal, para maniobrar.

‘Cuando los buques salgan de ese puerto, van a tener que ir hacia atrás, en reversa, hacia la rada de giro que está justo enfrente del nuevo juego esclusas para poder hacer el cambio de dirección y salir. Alguien tendrá que esperar', aseguró a La Estrella de Panamá el capitán Rainiero Salas, secretario general del gremio.

La ACP, por su parte, ha defendido su proyecto.

‘El futuro puerto de Corozal tiene unas ventajas que están ahí: conectividad férrea, terrestre y, también, están en cauce antes de entrar en el área operativa del Canal. Es un lugar ideal para desarrollar una actividad portuaria', declaró en su día sobre el proyecto Óscar Bazán, vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial de la ACP.

Bernal insistió en que se requiere dar a conocer a la población todos los argumentos en contra y a favor ‘de lo que motiva el querer recurrir a las próximas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, para que se apruebe una concesión que traería numerosos riesgos para la operción del Canal de Panamá y su ampliación, como ha sido reiteradamente señalado por diversas asociaciones', dice la nota de Bernal.

El abogado constitucionalista hace una serie de cuestionamientos a los miembros de la junta directiva y al administrador de la ACP. ¿Cuál es el impacto de la construcción del puerto en la riberas del Canal? ¿Qué vínculos tiene el administrador, el gerente de mercado, o algunos de los familiares cercanos a ellos, con navieras o empresas? ¿Existe entre el administrador, los actuales miembros de la junta directiva, alguno que tenga o pueda llegar a tener, de manera directa o indirecta participación en el proyecto? ¿Estarían dispuestos a hacer una declaración jurada y publica sobre ello? ¿Quién es propietario de PSA? Y, si es Singapur, no se estaría perpetrando una violación al cederle tierras del Estado panameño toda vez que la Constitución cita ‘El territorio nacional no podrá jamas ser cedido, traspasado o enajenado ni temporal ni parcialmente, a otros Estados', dice.

Así mismo, Bernal pregunta si con el proceder de los directivos y del administrador no se estaría violando el artículo 258 que cita: ‘pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada, el mar territorial, las aguas lacustres fluviales, las playas y riberas de las mismas y los ríos navegables y los puertos y esteros..'.

En 1,997 el gobierno otorgó en concesión por 25 años a Panamá Ports Company la operación un puerto en el Pacífico. La empresa debía rendir réditos anuales del 10% de sus ingresos brutos, pero su política financiera estuvo enmarcada en reinvertir las ganancias en expansión.Sólo ha entregado $1 millón en dividendos.