El próximo jueves indagan a Luis Cucalón

Actualizado
  • 04/07/2016 17:49
Creado
  • 04/07/2016 17:49
Cucalón es acusado de decretar medida cautelar de secuestro sobre cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles de una empresa telefónica.

La fiscal Johaira González a cargo de la Fiscalía Novena de Circuito Anticorrupción programó para el próximo 7 de julio, una declaración indagatoria a Luis E. Cucalón, ex Administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos antes (DGI), a quien se le formularon cargos por el supuesto delito Contra la Administración Pública, (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos), según denuncia presentada por Publio Cortez, Director General de Ingresos.

A Cucalón se le acusa por decretar medida cautelar de secuestro sobre las cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, de la empresa Digicel Panamá S.A., y de haber girado notas a los diferentes bancos para que se le diera trámite al secuestro decretado, a pesar que existía una Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por la firma Fábrega, Molino & Mulino, la cual fue admitida y notificada a Cucalón.

Indicó la fiscal González que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en la Nota No.DSAN-1155, del 6 de mayo de 2014, dirigida a Luis E. Cucalón, Administrador General de la Autoridad Nacional de Ingresos, le informó que el artículo 3 de la Ley No.26, de 29 de enero de 1996, por la cual se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, establece que la administración de los concesionarios de servicios públicos no está sujeta a ninguna medida cautelar.

Igualmente, el Decreto Ley No.10, de 22 de febrero de 2006, que reorganizó la estructura y atribuciones del Ente Regulador, actualmente Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por su parte modificó la citada disposición legal adicionando que los bienes inherentes a las prestaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión, tampoco estarán sujetas a medidas cautelares, salvo que dichos bienes garanticen obligaciones contractuales, contraídas por sus propietarios y que siendo la sociedad Digicel Panamá S.A., una empresa concesionaria de un servicio público de telecomunicaciones, no está sujeta a la aplicación de ninguna medida cautelar, tal como lo establece el ordenamiento jurídico vigente.

En la denuncia, Cortez señaló que la Autoridad Nacional de Ingresos seleccionó a la empresa Digicel Panamá S.A., para realizarle auditoría integral de los años 2010-2012, incluyendo revisión del ITBMS, del 2008, al 2013, a quien en Resolución No.201-3919, del 2 de mayo de 2014, se le ordenó el secuestro, periodo en que Cucalón estaba a cargo de la Autoridad Nacional de Ingresos.

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