MEF confirma que pedirá vetar el proyecto de ley 92

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De la Guardia, confirmó ayer, mediante un comunicado, que solicitará el veto presidencial del proyecto de ley 92, mediante el cual se ordena al gobierno pagar las partidas de los décimo tercer mes pendientes (1972 a 1983) a los servidores públicos y trabajadores del sector privado.

DÉCIMOS ATRASADOS

El proyecto de ley 92 obliga al Gobierno a pagarle los ‘décimos' a 180 mil extrabajadores

Representaría más de $200 millones que deberá desembolsar el Estado.

En el comunicado, el MEF alega que el pago de estas partidas representa más de $200 millones, dinero que no está contemplado en el presupuesto del 2017.

Según De la Guardia, el proyecto de ley tiene ‘graves visos de inconstitucionalidad' y alega que el artículo 163 de la Constitución Política establece que a la Asamblea Nacional le está prohibido ‘ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo'.

Además, contiene la prohibición de ‘reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes'.

Héctor Ávila, miembro de la Coordinadora Nacional Fecha, que lideró la lucha por la aprobación del proyecto, advirtió que si De la Guardia veta el proyecto de ley 92, irán hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que se cumpla con el pago de lo adeudado.

El proyecto de ley 92 fue aprobado el martes 25 y el MEF tiene 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, en caso sea sancionada, para establecer la fuente de pago de estos pendientes.

El artículo 2 del proyecto indica que los pagos de los 180 mil trabajadores son deducibles para efectos fiscales como gastos en producción de la renta y no estarán sujetos al pago de cuotas empleado-empleador de seguro social, riesgos profesionales, contribuciones y de ningún otro gravamen, descuento o carga.

Corresponderá al presidente de la República, Juan Carlos Varela, tomar la decisión final.