Canciller recibe ola de críticas por caso Waked

El Gobierno está obligado a velar por las garantías de sus ciudadanos, expresó Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), sobre la inclusión del empresario Abdul Waked, en la ‘Lista Clinton', el 5 de mayo de 2016, señalado por blanqueo de capitales a través del narcotráfico.

‘Las autoridades panameñas no deben centrar su intervención en presunciones de culpabilidad o merecimiento de un castigo, deben reafirmar que un nacional no puede quedar sometido al incumplimiento de principios y garantías básicas del ser humano', agregó Araúz en respuesta a unas declaraciones de la canciller Isabel de Saint Malo.

‘Cómo voy yo como Gobierno Nacional, a riesgo de la reputación de la República de Panamá, que está siendo cuestionada todavía que si estamos o no de acuerdo en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el lavado de activos, entonces ¿tengo que salir a defender a una persona que está siendo acusada de blanqueo de capitales?', dijo De Saint Malo durante una entrevista en la televisión.

El comentario produjo fuertes críticas en las redes.

El abogado Ernesto Cedeño cuestionó la postura que asume la canciller panameña. ‘Es una ignorancia inexcusable de lo que dice nuestra constitución y que obliga a defender bienes y honra de los panameños. Ella no debe abogar porque se le declare inocencia a Waked (...) sino para que se presenten las evidencias de forma transparente para que se le garantice el derecho a defensa a un panameño', concluye Cedeño.

En el caso del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (Gese), Cedeño señaló que debió haber pedido su exclusión salvo que hubiese alguna prueba que los rotativos se utilizaron para algo incorrecto cosa que el embajador (John Feely) ha dicho que no, pero en esos términos debió haberse emitido el comentario'.

El presidente Juan Carlos Varela señaló que la extensión de la licencia para Gese no es una opción. A su juicio se debe buscar una solución definitiva. ‘La Lista Clinton atenta contra la dignidad humana', sentenció Araúz.