Obispos se pronuncian contra la corrupción y el ‘suicidio social'

En medio de los procesos por corrupción y la divulgación del pago de sobornos a funcionarios panameños hechos por la empresa brasileña Odebrecht, la Asamblea de Obispos de la Iglesia Católica panameña se pronunció ayer en fuertes términos contra la corrupción.

Las autoridades católicas de Panamá se reúnen anualmente para debatir temas internos y sobre la realidad social del país. En esta ocasión, el tema de la corrupción ocupó parte de su agenda.

Al final, hicieron un pronunciamiento puntualizando la necesidad de la promoción de la ética como forma efectiva de combatir la corrupción en todos los estamentos de la sociedad panameña.

Los obispos también se pronunciaron a favor de la no violencia como estilo de vida, así como el valor y la protección de la niñez, la educación sexual y la familia,

Incluyeron su preocupación por el sistema educativo colapsado, el asistencialismo a la promoción humana y la búsqueda de un Panamá solidario y fraterno.

COSTO DE LA CORRUPCIÓN

Sobre la corrupción, los obispos recordaron las palabras del Papa Francisco, de que ‘la corrupción la paga el pobre, la pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos que no tienen cuidado y atención espiritual, los niños sin educación y sin catequesis'.

Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, recordó que el país se ve ‘empañado' por acusaciones de actos de corrupción que ponen en riesgo a los ciudadanos y la imagen del país.

También hizo énfasis en la necesidad de la promoción humana y recomendó un desarrollo sostenible debe estar centrado en la creación de oportunidades para la autogestión, la formación de acuerdo a los nuevos tiempos, que le permita a ser humano lograr independencia económica y política.

A la vez, invitan a ‘recuperar la ética y la moral como medidas para nuestras actuaciones.

Señalaron el deterioro que social nos ha llevado a una peligrosa espiral de desencuentros y enfrentamientos fruto de la desilusión y de la rabia ciudadana'.

EDUCACIÓN

Los obispos puntualizaron en el tema educativo advirtiendo que no se puede seguir ignorando el colapso del sistema educativo porque ‘podría llevarnos a un suicidio social' y demuestra el ‘fracaso de toda la sociedad', desde el Ministerio de Educación, los estudiantes, padres de familia, educadores y medios de comunicación.

‘Se hace necesario recuperar el ideal de la educación entendida como misión y servicio, que requiere vocación y no reducirla a una mera profesión', señalaron.

También se mostraron preocupados por la educación sexual, afirmando su posición de que esta debe ser ‘en y con la familia', y a la vez reafirmaron el compromiso de ‘apoyar' una ley de educación sexual en la que ‘se forme a la niñez y a la adolescencia sin que se violente su dignidad con nociones reduccionistas de una sexualidad banalizada y empobrecida'.

Los religiosos también realizaron una autocrítica y reafirmaron su compromiso de ‘tolerancia cero' ante los abusos de sacerdotes contra menores. ‘La Iglesia también llora con amargura este pecado de sus hijos y pide perdón, y hemos establecido las medidas necesarias para proteger a nuestra niñez ante estos crímenes'.

En el pronunciamiento también se habló del ‘problema migratorio'.

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SOBORNOS DE ODEBRECHT

Suiza congeló $22 millones a panameños

Rolando Rodríguez, secretario de la Procuraduría General de la Nación, reveló que la constructora brasileña Norberto Odebrecht mencionó los nombres de cuatro panameños que fueron beneficiados con el pago de $59 millones en sobornos para hacerse de contratos de infraestructura pública.

‘Hasta este momento, la Fiscalía Especial del caso Odebrecht está dirigiendo las investigaciones específicamente hacia cuatro personas naturales; evidentemente, no puedo revelar ningún tipo de información adicional que ayude a identificarlos por la reserva estricta del sumario', indicó Rodríguez.

Lo único que adelantó el funcionario sobre la identidad de estas personas es que son ‘de alto perfil'.

Rodríguez agregó que los abogados de las personas investigadas en este proceso se han acercado a la fiscalía que adelanta el caso.

‘Ya hemos hecho inspecciones oculares a instituciones bancarias y cuando nuestro personal sale, los bancos informan a las personas involucradas y automáticamente ellos mandan sus abogados a las fiscalías', señaló Rodríguez, que además dijo que en Suiza se han congelado $22 millones a panameños.

El funcionario del MP no descartó que mientras avanzan las investigaciones, surjan elementos de convicción que acrediten otras sumas de dinero.

El abogado Ernesto Cedeño, por su parte, explicó que en el sistema inquisitivo mixto, en el que se trata el caso Odebrecht, no existe una norma que contemple la posibilidad de un ‘acuerdo', pero el Ministerio Público podría reducir la pena por ‘colaboración efectiva' de la empresa.

‘La fiscal puede proponer arreglos por un determinado tipo penal y rebajar la pena a cuatro años y por ese tiempo nadie va preso, porque se cambian por días multas, de modo que nadie sería castigado', precisó Cedeño, a propósito del anunciado ‘acuerdo verbal' entre la empresa brasileña y el Ministerio Público.

El experto en leyes aseguró que la decisión de la fiscal que lleva el caso tiene que ser avalada por un juez de garantías para que tenga validez legal.

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, añadió en la conferencia de prensa en la que hizo público el acuerdo que en la Asamblea Nacional se adelantaba un proyecto de ley que permitirá ‘atender prontamente' muchas de las ‘causas complejas' que lleva el Ministerio Público.

Porcell se refería al proyecto de ley 245, presentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, el 21 de septiembre de 2015, para modificar ‘algunos artículos del Código Judicial, del Código Penal y del Código Procesal Penal, y que pasó su primer debate.

Según el jurista Cedeño, ‘la procuradora está interesada en incluir la figura de los acuerdos en la ley para ‘liquidar' ese caso (Odebrecht) en el proyecto de ley 245'.

El Partido Revolucionario Democrático, por su parte, manifestó que las investigaciones deben hacerse desde las primeras contrataciones de la empresa, durante la administración de Martín Torrijos.
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CORRUPCIÓN

Comité rechaza ‘impunidad' de caso Odebrecht

Un grupo de ciudadanos independientes, entre los que se encuentra el catedrático Miguel Antonio Bernal y el político Olimpo Sáenz, se levantaron contra lo que consideran una vía para perdonar de sus faltas a la empresa brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a funcionarios panameños.

La Comisión de Ciudadanos contra la Impunidad emitió un comunicado para exigir a las autoridades denunciar la ilegitimidad del anunciado acuerdo y, entre otras demandas, ampliar las investigaciones a todos los contratos públicos de la constructora.

‘Frente a los bochornosos acontecimientos que han conmovido nuestro país en los últimos días, los ciudadanos que nos hemos constituido en Comisión de Ciudadanos contra la Impunidad exigimos: Denunciar la ilegitimidad e ilegalidad del ‘Acuerdo' anunciado por la Procuraduría General de la Nación, dado que No existe norma alguna que ampare ese tipo de ‘acuerdos verbales', ni que permita prescribir los delitos cometidos'.

Los integrantes del comité exigen un apego absoluto, por parte del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, a lo que establecen las leyes que han ratificado las Convenciones Internacionales contra la Corrupción.

A la vez, piden hacer de conocimiento público, tanto el monto total de la lesión patrimonial desglosado en cada uno de los proyectos ejecutados y por ejecutar (además de las adendas, sobreprecios y sobrecostos), así como los nombres de las personas – naturales o jurídicas – incluyendo los bancos y entidades financieras, que hayan participado en actos ilícitos contra el Patrimonio Nacional, con esta empresa y sus filiales locales e internacionales.

De igual manera, efectuar todas las pesquisas pertinentes durante las administraciones de Martín Torrijos Espino, Ricardo Martinelli Berrocal y Juan Carlos Varela Rodríguez.

Entre los diez puntos, el Comité exige que las investigaciones abarquen también a los miembros del Ejecutivo, del Legislativo, el Judicial y funcionarios municipales durante los años en que Constructora Odebrecht y sus filiales participaron en licitaciones en Panamá.