Imputadas 17 personas por lavado de dinero en caso Odebrecht

El Ministerio Público imputó ayer cargos por blanqueo de capitales a 17 personas relacionadas con las investigaciones de los sobornos otorgados por la constructora brasileña Odebrecht a razón de las investigaciones que realiza la entidad y la información obtenida en las asistencias judiciales con Suiza y Brasil.

Entre los citados hay tres exfuncionarios, ocho empresarios panameños, cinco empresarios extranjeros y un oficial de la banca privada.

La providencia indagatoria detalla las transferencias bancarias y las sociedades relacionadas a las mismas gracias a las asistencias internacionales efectuadas en Estados Unidos, Brasil y Suiza.

De esta última se inculpó a Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Según la Fiscalía, tres sociedades anónimas en las que figuran como beneficiarios los hijos del exmandatario, recibieron millonarias cifras entre el 2009 y 2012: Kadair Investment Ltd (Kadair), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Fordel International Ltd, con jurisdicción en Bahamas y Aragon Finance Corp. (BVI).

Las transferencias se efectuaron a través de varias empresas ‘offshore' que la constructora Odebrecht utilizó para hacer pagos indebidos a funcionarios públicos alrededor del mundo.

Los jóvenes Martinelli, según las averiguaciones, recibieron en total $8.76 millones en la cuenta Kadair, y 12.3 millones de euros en las empresas Fordel International y Aragon Finance Corp.

LAS TRANSFERENCIAS

Las investigaciones apuntan que de la empresa Constructora Internacional del Sur -objeto de múltiples investigaciones penales en Brasil bajo el esquema de corrupción de Lava Jato-, cuyo beneficiario final era Olivio Rodrígues -operador financiero de la constructora- se transfirieron $3.2 millones a la cuenta Kadair, cifra que quedó documentada en Credicorp Bank.

Según los datos de la fiscalía, los hermanos Martinelli Linares también recibieron transferencias en la cuenta Fordel Internactional, aperturada en el Banque Lombard Odier, desde la empresa Bakley Assets Inc, de la constructora. (ver tabla)

De la asistencia judicial a Suiza se desprende que para justificar el traspaso de dinero de la empresa Baxley a Fordel, los Martinelli presentaron dos certificados de la sociedad Promotora Los Andes ,S.A. con fechas del 15 de julio de 2011 y del 22 de enero de 2013, en las que se señala que participaban en dichas sociedades en calidad de accionistas.

Dichos certificados fueron firmados por Evelyn Ivette Vargas, abogada de los Martinelli.

Los pagos efectuados por Odebrecht se realizaron a través de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa para hacer efectivos en fondos no registrados a compañías ‘offshore' designadas por el funcionario gubernamental panameño e intermediarios.

Los desembolsos fueron hechos por operadores financieros que actuaban a nombre de Odebrecht.

VINCULADOS AL CASO

Las primeras órdenes de conducción para indagatoria que giró la Fiscalía Primera Anticorrupción se efectuaron contra ocho exfuncionarios de la administración Martinelli, que a su vez figuran como directivos de Promotora y Desarrollo Los Andes: Federico José Suárez (subsecretario de la sociedad y ministro de Obras Públicas en el periodo 2009-2012, quien mantenía relaciones comerciales con el exmandatario en una cementera), Riccardo Francolini (secretario y también presidente junta directiva de la Caja de Ahorros entre 2009 y2014), Evelyn Ivette Vargas Reynaga (presidenta y socia. Abogada de los Martinelli), Guillermo Sáez Llorens (accionista y secretario de la promotora y director de la Caja de Seguro Social entre 2009 y 2014), Ana Isabel Suárez Cedeño (accionista y hermana de Federico Suárez), Mario Martinelli (tesorero y hermano de Ricardo Martinellli) y Nitzela Bonilla Pérez (vicepresidente). En la sociedad anónima también aparece Ricardo Martinelli Berrocal, en calidad de presidente.

La Estrella de Panamá conoció que ninguno de los requeridos fueron conducidos a la Fiscalía. En su lugar, acudieron sus abogados. Varios de ellos se encuentran fuera del país, por ejemplo, los hermanos Martinelli, Federico Suárez y la abogada Evelyn Vargas.

Riccardo Francolini, con medida de detención preventiva por otro caso, envió un comunicado en el que aclara que es accionista minoritario de Promotora y Desarrollo Los Andes y que no ha tenido ningún tipo de relación con Odebrecht y sus subsidiarias.

Añade que ignora cualquier ‘acto en el cual se quiera vincular las operaciones comerciales o investigaciones en este sentido'. Y agregó que en el pasado se han utilizado publicaciones para sustentar las acusaciones en su contra, sin fundamento que solo han servido para privarlo de libertad, dice el mensaje.

Los hermanos Martinelli indicaron, en otro comunicado, que sus abogados atienden las solicitudes requeridas en Suiza y se encuentran seguros de que sus respuestas darán como resultado la aclaración oportuna de los señalamientos. Y esperan, dicen, que las investigaciones se realicen en forma amplia, motivadas por la búsqueda de la verdad.

La causa penal que sustenta la Fiscalía es el nexo del producto ilícito de la corrupción de servidores públicos, de forma temprana al disponer la recepción de beneficios prohibidos a través de terceras personas como son las empresas ‘offshore' creadas fuera del país, potenciando el ocultamiento y la evasión de las consecuencias jurídicas.

Basa la acusación en los artículos 254 y 255 del Código Penal.

PROYECTOS

Durante la administración Martinelli, Odebrecht ejecutó al menos ocho proyectos multimillonarios, entre los que se cuentan la Cinta Costera 2 y 3, el Saneamiento de la Bahía de Panamá, Irrigación Maden-Colón, el Metro de Panamá, el proyecto Curundú, el Sistema de Riego Remigio Rojas y la preservación del patrimonio histórico en la ciudad de Panamá, con mejoras en la infraestructura del denominado Casco Viejo.

MÁS MILLONES

La procuradora Kenia Porcell detalló las fechas en que Suiza y Panamá intercambiaron información sobre los sobornos otorgados a panameños y entre éstas diligencias estableció la existencia de $22 millones en cuentas de los hijos del mandatario.

Lo que indicaría que la cifra total otorgada por la constructora panameña durante los quince años que realizó mega obras en Panamá, rebasaría los $59 millones, cifra revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entidad que realiza otra pesquisa al respecto.

Los fiscales panameños viajarán a Brasil próximamente para indagar a representantes de la empresa Odebrecht que se encuentran en este país.

Porcell dijo a los medios que Suiza se encuentra en poder de $22 millones que fueron confiscados a los hijos del exmandatario, y que una vez concluyan las investigaciones en ese país, hará la petición formal para que los dineros pasen a dominio panameño.

El sistema financiero de Panamá se utilizó para hacer llegar algunas de las transferencias. A raíz de esto, la Procuraduría puso en conocimiento a la Superintendencia de Bancos el nombre de los dos bancos que filtraron información a sus clientes sobre las averiguaciones. ‘El Ministerio Público no investiga a bancos, sino a los empleados de los bancos; en ese sentido, hay una responsabilidad penal que debe asumir la Procuraduría', indicó Porcell.

NO HAY ACUERDO

Porcell fue enfática en que no existe acuerdo verbal o escrito con los representantes de la constructora brasileña, aunque este mismo mes se pronunció en ese sentido.

‘He recibido la promesa verbal y formal para la entrega de los primeros $59 millones como pago de sobornos a personas naturaleza y jurídicas panameñas', anunció entonces la procuradora, que ahora rectifica y sostiene que la Procuraduría no tiene facultades legales para recibir los dineros y que ‘solo comunicaba al país las intenciones de los brasileños'.