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02 de Dec de 2020

Nacional

Bernal insiste en suspender licitación del puerto Corozal

La ACP indica que el puerto de Corozal es una inversión de inversión de $1,350 millones y generará alrededor de 2,100 empleos

Bernal insiste en suspender licitación del puerto Corozal
Miguel Antonio Bernal espera que la Corte suspenda provisionalmente la licitación del puerto de Coroza

El abogado Miguel Antonio Bernal solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, suspender ‘provisionalmente' la precalificación y licitación para la construcción del puerto de Corozal.

Bernal busca ‘evitar un perjuicio grave, notorio e irreparable al Canal de Panamá', según destacó en la petición especial entregada al presidente de la Corte, el pasado 8 de febrero.

La Junta Directiva del Canal de Panamá mediante la resolución Nº ACP/JD/RM-14-711 de 30 de octubre de 2014 autorizó a la administración del Canal iniciar los procesos de precalificación y licitación negociada que culmine con la concesión para el diseño, construcción, desarrollo y operación de la actividad comercial de un puerto de trasbordo de contenedores en el área de Corozal.

INVERSIÓN

La ACP indica que el puerto de Corozal es una inversión de inversión de $1,350 millones y generará alrededor de 2,100 empleos directos durante sus dos fases de construcción.

Según la ACP el puerto fortalecerá la ruta por Panamá ofreciendo mayor capacidad para el trasbordo de carga en el Pacífico, con acceso al ferrocarril transístmico.

Bernal, el 27 de enero de 2017 presentó en la ACP, en la Vicepresidencia de Asesoría Legal, un escrito de advertencia de inconstitucionalidad y luego de su recepción, dando cumplimiento al artículo 2558 del Código Judicial fue remitido al pleno de la CSJ.

Cinco días después, el día 1 de febrero se realizó el reparto de expedientes correspondiente de la advertencia de inconstitucionalidad, al cual se le asignó el número de expediente 106-17. El magistrado ponente es Oydén Ortega.

Un tercer fundamento de la petición de Bernal es que es hecho notorio que se ha destacado en los medios de comunicación, que a pesar de lo advertido como inconstitucional y que todavía está pendiente de resolverse, la ACP, continúa los trabajos que permiten la resolución, afectando con ello el debido proceso y dejando en indefensión el funcionario, conservación y mantenimiento del Canal de Panamá, ante las construcciones y acciones que se realizan con fundamento en la resolución advertida.

El artículo 2557 del Código Judicial, citado por Bernal, establece que cuando un servidor público al impartir justicia, advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es insconstitucional, elevará consulta anta la CSJ y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en Estado de decidir.

Por lo anterior, de acuerdo Bernal, la Junta Directiva de la ACP no debe ejecutar ningún acto referente al puerto de Corozal.

RECURSO INTERNACIONAL

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) presentó, a inicios del mes, una demanda contra la construcción del puerto de Corozal ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos.

El gremio de juristas denunció que se han violado leyes constitucionales y del debido proceso para la homologación del proyecto de un puerto en Corozal.

La ACP defiende los beneficios del proyecto alegando que traerán nuevas fuentes de empleos. Según las proyecciones, el desarrollo de la terminal inyectará a la economía una inversión de $1,350 millones y generará alrededor de 2,100 empleos directos durante sus dos fases de construcción.

Según la ACP el puerto fortalecerá la ruta por Panamá ofreciendo mayor capacidad para el trasbordo de carga en el Pacífico, con acceso al ferrocarril transístmico.

En abril del año pasado, la ACP informó que cuatro empresas cumplieron los requisitos exigidos por la autoridad para precalificar en el polémico proyecto.