Delación premiada empieza a regir en Panamá desde hoy

El Ministerio Público (MP) podrá aplicar, desde hoy la reforma legal que permite los acuerdos de pena en el sistema inquisitivo o mixto.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó el polémico proyecto, que pasó a ser la Ley No. 4 de febrero de 2017, promulgada en Gaceta Oficial este viernes

El Órgano Judicial presentó el proyecto de ley en 2015 con el objetivo de evitar el hacinamiento en centros penitenciarios.

El debate del proyecto estuvo centrado en el artículo que establece el acuerdo de reducción de penas a cambio de información, que pueda dar con los responsables de actos de corrupción.

El acuerdo de penas quedó establecido en el artículo 24 de la norma.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que con la ley se ‘permitirá avanzar en el sistema inquisitivo, pero con el espíritu que se puedan dar delaciones y acuerdos y de esa forma que en las cárceles estén las personas de peligrosas'.

‘Con esta ley, a aquellos que acepten su culpabilidad, hagan acuerdo con los fiscales, devuelvan patrimonios y que no sean un peligro para la sociedad se les permite reincorporarse a la sociedad', agregó el presidente.

Sobre la nueva Ley 4 de febrero de 2017, tan pronto fue promulgada en Gaceta Oficial, pende un anunció de demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El a bogado Ernesto Cedeño anunció el recurso legal en la Corte Suprema.

De acuerdo con Cedeño,el artículo 24 de la Ley 4, antes citado, es inconstitucional.

‘La normativa en cita, flagela directamente por comisión el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en rango constitucional, por el Bloque de la Constitucionalidad, debido a que la víctima del delito, no se le oye en el acuerdo que posibilita el archivo de la causa, al actor de una acción típica, anti jurídica y culpable en su contra. La víctima no es oída en este acuerdo. Lo atacado debilita la certeza del castigo en una causa, además', aseguró Cedeño.

Además, se vulnera la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 37.

Los efectos de una declaratoria de inconstitucional siempre serán a partir de la publicación en Gaceta Oficial del fallo del pleno de la Corte, explica el presidente encargado del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz.

La norma, que permite al Ministerio Público realizar acuerdos, tendrá plena vigencia mientras dure el proceso, que puede oscilar entre tres y cinco años.

La delación premiada será aplicable a todos los procesos que se encuentren en el sistema mixto antes del 2 de septiembre de 2016.