Piden a la procuradora Porcell que informe si investiga escándalos

Una petición dirigida a la procuradora general, Kenia Porcell, para que se le informe a la ciudadanía si las instancias de investigación del Estado están abordando como se espera los escándalos financieros y casos de corrupción que afectan la imagen Panamá a nivel internacional, presentó esta mañana el Movimiento de Ciudadanos contra la Impunidad.

Guillermo Márquez Amado, vocero del grupo que demanda una mayor transparencia en la administración pública, entregó a la procuradora Porcell una carta abierta en que le pide le informe al país si, según las leyes penales de este país, los delitos contra la economía nacional deben ser investigados, aún si ocurren fuera de sus fronteras.

Otra interrogante es si los delitos ligados al blanqueo de capitales y soborno internacional, así como la corrupción de funcionarios públicos y el enriquecimiento ilícito, son objeto de investigación por parte de las autoridades de Panamá.

También le pide informe si se investiga si los fondos provenientes del blanqueo de capitales que ingresaron a Panamá, fueron destinados a financiar campañas políticas en las pasadas elecciones, lo que de ser así pasaría de ser un delito electoral a uno penal.

Márquez Amado pidió que no se viera su petición como una molestia al funcionario, sino de brindarle a la comunidad la seguridad de que nuestras autoridades atienden estos escándalos que han vapuleado tanto el nombre del país fuera de sus fronteras.

Instó a que no solo se enfoque la atención en el escándalo Odebrecht, sino en todos los otros casos que reflejan actos de corrupción, y que a nivel internacional crean dudas de que la justicia panameña no le está prestando atención.

Al referirse a las denuncias de lo publicado sobre las contrataciones que se hacen en la Asamblea Nacional, a las cuales se destinan millones de dólares, estima que desde que se reformó la ley orgánica del Organo Legislativo, lo que le dio exclusividad a la Corte Suprema de Justicia de investigar al Organo Legislativo, y viceversa. Pareciera , dijo, que fue un acuerdo mutuo en que ambos órganos quedaron a mano, y las denuncias por delitos cometidos por sus miembros se archivan.

Para el que fuera magistrado del Tribunal Electoral, el tema del proyecto 292, por el cual se regulan los medios de comunicación social, es un asunto destinado a distraer la atención pública, de otros aspectos mucho más graves que afectan actualmente al país.