27 de Nov de 2021

Nacional

Docentes y administrativos de la Universidad de Panamá exigen autonomía

El rector de la UP, Eduardo Flores, presentó un documento ante la CSJ en que alega una supuesta violación a la autonomía de la Casa Méndez Pereira

Docentes y administrativos de la Universidad de Panamá exigen autonomía
Funcionarios de la Universidad de Panamá se avoca a la calle en protesta por el respeto a la autonomía universitaria.

Respeto a la autonomía de la Universidad de Panamá (UP) y el pago del aumento de bonificación para los empleados académicos, se encuentran entre las exigencias que presentó esta tarde el rector de la Casa de Méndez Pereira, Eduardo Flores ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las exigencias de los trabajadores de la UP se basa en la respuesta que hace dos semanas envió el Procurador General de la Administración, Rigoberto González a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la cual alega que el pago es ilegal de los 15 meses porque la UP no podía estipular en sus estatuto normas que estén por encima de una Ley.

De acuerdo con el rector esta respuesta del Procurador de la Administración viola la autonomía de la UP.

Bonos

Unos 29 profesores de la Universidad de Panamá (UP) denunciaron al rector de esa alta casa de estudios, Eduardo Flores, de violar las garantías constitucionales al destuituirlos en base a que cumplieron 75 años y no pagarles el bono de retiro consistente en 15 meses de remuneración. Sin embargo, Flores aclaró que al ser electo como rector de la UP juró cumplir el Estatuto Universitario y con estos despidos no ha hecho más que ajustarse a su juramento.

Los 29 docentes fueron pasados a retiro en base al artículo 182A del Estatuto de la UP, luego de haber cumplido 75 años de edad. La destitución llevaba implícito el pago de un bono de remuneración por 15 meses, lo cual no fue pagado por la administración.

El no pago se debió a que la Contraloría General demandó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la ilegalidad de dicho pago, lo que suspendió su la aplicación. Sin embargo, el profesor Ramón Ehrman, uno de los cesanteados, reveló que el rector Flores les propuso a los docentes afectados pagarles 10 meses del bono, en vez de los 15 meses señalados por el estatuto, pero manteniendo la destitución.

El profesor Ramón Ehrman y once de sus colegas destituidos solicitaron una reconsideración al rector Flores para mantenerse en sus puestos docentes, dado que no recibirían el bono, lo que no aceptó, pero ratificó sus destituciones.

En vista de ello, los profesores presentaron una advertencia de inconstitucionalidad ante el rector, dado que este insistía en pagar un bono recortado. El funcionario, en vez de elevar la advertencia de inconstitucionalidad ante la Corte, en el término de 48 horas que le otorgaba la ley, resolvió que las destituciones eran constitucionales y debían irse, acusó Ehrman.

Frente a ello, los docentes afectados elevaron una acción de amparo de garantías constitucionales ante la CSJ, la cual fue acogida. Sin embargo, inexplicablemente la CSJ ordena la restitución de solo dos profesoras, pese a que el texto de los recursos interpuestos fueron iguales y presentados por el mismo abogado.

Vale indicar que el problema es complejo, porque el Estatuto Universitario ha sido demandado por varios profesores debido al carácter inconstitucional de su artículo 182, que trata del retiro automático a los 75 años y del pago del bono.

Si bien la demanda fue acogida por la CSJ, no fue acompañada por la suspensión temporal de la ejecución de las destituciones, lo que se verá cuando el Pleno de la Corte se pronuncie al respecto. Esto mismo sucede con las advertencias de inconstitucionalidad, como con los amparos.

Rector rechaza
Ante las quejas de Ehrman y otros docentes, el rector Flores explica que esa norma, el artículo 182 del Estatuto, no la inventó él, la instituyó el entonce rector Gustavo García de Paredes hace cuatro años, y se le aplicó a más de 400 profesores. "Si no la cumplo, entonces me demandan", afirma.

En torno al amparo de garantías presentado ante la CSJ, asegura que si el Pleno de la Corte declara que el artículo 182 es inconstitucional, entonces él acatará el mandato y se les restituirá.

En cuanto a que el magistrado José Abel Zamorano admitió el amparo de dos profesoras, y el resto de los docentes siguen esperando igual fallo, desmintió esa versión. "La Corte nunca ha fallado contra el retiro; el tema sigue sin fallarse y el acto está suspendido provisionalmente hasta que el Pleno lo resuelva", indicó Flores. "Igual ha ocurrido con otros 10 docentes que presentaron amparos, pero no se han fallado".

Sobre las dos profesoras, indicó que no se les restituyó como se dice Ehrman. La Corte suspendió el retiro, mientras se resuelve el recurso.

Frente a la lluvia de recursos y acusaciones en su contra, Flores destaca que no está ni a favor ni en contra del retiro de los docentes, solo le corresponde cumplir el Estatuto Universitario. No obstante, le llama la atención el que ni el Consejo General de Profesores, ni los docentes citados expusieran su queja durante la gestión del exrector Gustavo García de Paredes, pero ahora bajo su regencia han hallado canales democráticos y de libertad para hacerlo, cosa que le complace.

Un hecho muy llamativo es que ahora, hasta el propio exrector García de Paredes presentó un amparo de garantías en su favor en contra del artículo 182, que él mismo aplicó en su momento.