La Estrella de Panamá
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14 de Oct de 2019

Nacional

Decreto 130 es ilegal y sobrepasa al Código Fiscal, Zulay Rodríguez

El polémico decreto ha sembrado suspicacias en la opinión pública, porque solicita información para enviarla a los municipios.

La Anati y la DGI es la agencia que surtirá de información catastral a los municipios.

La sociedad panameña fue impactada ayer al conocer la emisión del Decreto Ejecutivo N°130 de 6 de junio de 2017, por el cual se fijan normas para actualizar la información catastral, dado que bajo esta simple denominación se esconden procedimientos que afectarán a todos los habitantes que cuenten siquiera con un pedazo de tierra y una casa.

De manera breve, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, rechazó en forma contundente que el decreto albergara los re-avalúos, y que de ninguna manera es "un golazo" para el pueblo como lo ha definido en los corrillos populares.
Se solicitó una reacción al viceministro Iván Zarak, ya que había enviado un Tweet aduciendo que la noticia había sido "alarmista". Pero voceros de Relaciones Públicas del MEF indicaron que se respondería con un comunicado.

Redes sociales virales

Sin embargo, las reacciones del público no se hicieron esperar, sobre todo a través de las redes sociales, por lo que MEF, a través de un comunicado quiso aclarar el objetivo del citado Decreto Ejecutivo 130.

En su comunicado, el MEF asegura que el Decreto en mención no hace referencia al establecimiento de nuevos re-avalúos como se informó en la noticia. Sostiene que dicho decreto trata únicamente de la reglamentación de un procedimiento de actualización y de intercambio de información intergubernamental, entre los municipios, la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).
Además, el Decreto establece que los contribuyentes deberán desglosar el valor del terreno y de las mejoras a una propiedad cuando registren una escritura de compra-venta de inmuebles.

Esta información, precisa el MEF, es esencial para que la DGI aplique las exoneraciones y normas tributarias correspondientes a los inmuebles como está estipulado en el Código Fiscal.

Además, el Decreto establece que los Municipios le envíen, tanto a la ANATI como a la DGI, información de los permisos de ocupación y de construcción que ellos emiten sobre las propiedades donde se lleven a cabo construcciones. El objetivo es que esa información vaya de una autoridad a otra, con el fin de facilitar los trámites a los contribuyentes.

Finalmente, se plantea entregar la información de fincas morosas en cada distrito a los alcaldes. Este acto coadyuva al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos en cada distrito.

El acto de entregar la información de contribuyentes morosos de más de 12 meses a los Municipios es parte de los deberes de la DGI, como se establece en el artículo 21 del Decreto de Gabinete No. 109 de 1970.

Vicepresidenta rechaza noticia
Consultada al respecto, la vicepresidenta y canciller Isabel De Saint Malo, pidió a los medios que leyeran bien el decreto ejecutivo y no la nota aparecida en La Estrella de Panamá, la cual, aseguraba, no decía realmente la verdad del decreto.

Diputada reacciona
No obstante, las sanas las intenciones que aduce el MEF persigue el decreto 130, la diputada Zulay Rodríguez, quien ha mantenido una campaña de denuncia contra la Ley 66 de 2015 o de Descentralización, afirma que el Decreto Ejecutivo 130 es ilegal, porque sobrepasa el Código Fiscal, pues todo lo que tenga alguna implicación fiscal debe estar contemplado en una ley formal, no en un decreto, tal como lo estipula el artículo 52 de la Constitución Política.

Agrega que la Dirección General de Ingresos (DGI) no puede proporcionarle a ningún municipio información de los contribuyentes supuestamente morosos, debido a que la información de los contribyentes es confidencial. A su juicio, hacer esto sería una especie de "tercerización" de la fiscalización y cobro del impuesto de inmueble.

Además, el artículo 683 del Código Fiscal establece que el impuesto de inmueble es un impuesto nacional, por lo que la DGI no puede compartir la información de un contribuyente nacional, bajo jurisdicción de la DGI del MEF, plantea la legisladora.

Por ello, reiteró su vieja denuncia en el sentido de que el Gobierno, a través del artículo 69 de la Ley de Descentralización reintroduciría los re-avalúos que impondrían una segunda hipoteca, de por vida, con impuestos impagables, los que al no poder pagarse conlleva a que el Gobierno remate la casa, apartamento, terreno o finca del contribuyente.

Un diputado neutral

Un diputado que se mantiene neutral y que defendió la Ley de Descentralización es Javier Ortega. Al respecto estimó que el Gobierno debe explicar de forma más clara los alcances de este decreto, "pues lo que yo entiendo es para que la gente diga los anexos que está haciendo en sus casas".

No obstante, opina que cualquier cosa que surja respecto al tema de impuesto de inmueble y salir a la opinión pública, crea suspicacias, molestias y preocupación entre la gente.

Recordó que en nuestro medio, durante un año se ha estado haciendo campaña para aprobar una ley para bajar el impuesto de bien inmueble, lo que lo que a su juicio lo único que busca es eliminar estel tributo y destruir la descentralización, porque los municipios se quedarían sin dinero.

Según Ortega, el pueblo no se va a beneficiar con esa ley de ninguna manera, solo los ricos que compran casas caras, pues el pueblo no adquiere casas de ese tipo.