Empresarios reclaman debate de ley vetada

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se volvió a mostrar esperanzada en que en la nueva legislatura que se inicia el próximo 1 de julio, la Asamblea Nacional saque de la gaveta el proyecto de ley de contrataciones públicas, que fue vetado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Los empresarios aglutinados en la CCIAP esperan que el importante proyecto de ley reciba de la nueva junta directiva de la Asamblea ‘la prioridad que merece para obtener una herramienta más acorde para el fortalecimiento de la institucionalidad y nos permita luchar contra la corrupción'.

DILEMA LEGISLATIVO

La Asamblea no puede debatir los artículos no vetados

El pasado 29 de abril de 2016, el proyecto de ley 305, que modifica el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y que regula la contratación pública, fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea.

En junio de 2016, el presidente Varela vetó parcialmente un proyecto de ley sobre contrataciones públicas aprobado en tercer debate de la Asamblea Nacional, tras manifestarse en desacuerdo con algunos aspectos tales como plazos en los contratos de urgencia o condiciones especiales para el sector salud.

Desde que fue devuelto por el Ejecutivo, el proyecto de ley está en la Comisión de Economía de la Asamblea.

A finales del mes de abril, cuando concluía la pasada legislatura, el diputado Adolfo Valderrama, del partido Panameñista, solicitó al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, un nuevo proyecto de ley.

Sin embargo, el Ejecutivo ya se ha pronunciado y ha dicho que no se presentará una nueva propuesta.

La Asamblea Nacional solo podrá legislar nuevamente sobre los artículos que fueron vetados por el presidente de la República.

Los artículos vetados parcialmente son los artículos 1, 24, 33, 35,36, 50, 66 y 77 del proyecto de Ley, y aquellos que requieran serlo por conexión.

El mandatario panameño fundamentó su decisión en la inconveniencia del artículo 1 del proyecto 305, el cual no contiene las disposiciones inicialmente propuestas en lo referente a la adquisición de bienes, servicios y obras, en especial del sector de la salud pública, ni las introducidas en el primer debate en la Asamblea Nacional.