Pago a ‘diablos rojos' por $94.7 millones bajo investigación

A más de un lustro que se inició el proceso para sacar del sistema del transporte público a los denominados ‘Diablos Rojos' y el pago de la indemnización por más $94,7 millones, el tema todavía sigue dando que hablar. Actualmente el proceso es objeto de una investigación penal, una auditoría por la Contraloría General de la República e incluso podría dar lugar a un proceso de recuperación administrativa por la Fiscalía de Cuentas, ante la posible existencia de una lesión patrimonial.

Se trata del Proceso de Rescate Administrativo del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros para la implementación del Nuevo Sistema de Movilización masiva en los Distritos de Panamá y San Miguelito.

La Contraloría General de la República ya concluyó con el proceso de auditoría que hizo por el pago de las indemnizaciones y se está a la espera de que entregue los resultados al Ministerio Público para adelantar las investigaciones que se realizan en materia penal.

COMPLICIDAD

A la fecha, se han detectado una serie de irregularidades en la manera en el que se hicieron los pagos, lo que llevó al director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González a presentar una denuncia criminal por posibles delitos contra la administración pública.

El proceso podría dejar en evidencia cómo dirigentes del transporte en complicidad con funcionarios pudieron haber armado una esquema que permitió el cobro de $94.7 millones de dólares de manera irregular.

Lo que se busca es determinar cuánto de esta partida se entregó de manera ilegal.

Según el expediente por delito contra la Administración Pública que maneja la Fiscal Cuarta Anticorrupción, Kyra Tascon, los pagos se hicieron sin que existiera un manual de procedimientos para el proceso. Esto deja en evidencia que las indeminizaciones, se cancelaron sin la existencia de una norma jurídica avalada por la Contraloría de la República, la cual pudiera dar fe de que existía un orden para el proceso de la cancelación de las respectivas indeminizaciones.

El director actual de la ATTT, Julio González, indicó que no fue hasta esta administración que se elaboró el respectivo manual que fue sometido a consideración y avalado por la Contraloría de la República.

Con el nuevo manual de procedimientos, se han cancelado once expedientes y quedan pendientes 736, los cuales están todavía en proceso de evaluación a fin de determinar si cumplen con los debidos requisitos para recibir el pago de la respectiva indemnización.

COMISIÓN EVALUADORA

La investigación que se adelanta involucra al menos 2,700 procesos de indemnización que fueron concretados sin la existencia del debido manual y con la presentación del respectivos certificados de operación o cupos que fueron avalados por una comisión técnica evaluadora.

COMPESACIÓN A TRANSPORTE

Según mandato de la ATTT, se estableció un monto de compesación

Por cada unidad que prestaba servicio en las rutas de los corredores (Norte y Sur) se estableció un monto de $75,000

Para las unidades de las rutas troncales, el monto pagado fue de $25,000.

Según lo dispuesto por la ATTT en contubernio con los gremios del transporte, se creó la denominada comisión evaluadora que quedó integrada por: Luis Rodríguez de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra); Dionisio Ortega, también de Canatra; Manuel Arguelles, Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac), Armando Jiménez, Critian De Keón, Warren Beitía y Roberto Hurtado, todos estos últimos de la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República.

Eran estas personas las que tenían la función de evaluar los denominados certificados de operación o cupos, a fin de determinar quiénes eran los que cumplían con los requisitos que ellos mismos establecían para determinar si tenían derecho al cobro de las respectivas indemnizaciones, lo que es motivo de la investigación que se desarrolla.

IRREGULARIDADES Y HALLAZGOS EL PROCESO DE INDEMNIZACIÓN AL TRANSPORTE

Según la denuncia que investiga la Fiscalía Cuarta Anticorrupción y a la cual tuvo acceso La Estrella de Panamá , se ha determinado la existencia de una serie de hallazgos que apunta hacia ‘total desastre desgreño y asalto a las arcas del Estado, los cuales dan motivo a la denuncia y las investigaciones.

Entre éstas se menciona: la duplicidad en las compensaciones, donde un mismo certificado de operación o cupo servía para indemnizar a diferentes unidades; cambios de rutas de las unidades de troncal a corredor y en menos de un mes era compensado como unidad, del corredor, lo que representaba un aumento considerable en la compensación.

Además cientos de expedientes de unidades compensados que no incluían el acta de entrega en el patio de descarte las unidades; unidades que estaban en tal deterioro mecánico y habían dejado de prestar el servicio hace años (más de 250 casos); cancelación o certificados de operación o cupos que luego fueron cambiados de ruta con el fin de que se le hiciera la cancelación más de una vez.