Pago de coimas para agilizar servicios básicos es del 38%

Actualizado
  • 10/10/2017 02:05
Creado
  • 10/10/2017 02:05
Transparencia Internacional presentó su informe ‘Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe', en el que se reflejan los niveles de tolerancia de la población al soborno para resolver trámites públicos

La ineficiencia en los servicios públicos abre grandes espacios para la corrupción. Aunque esa no sea una justificación, la población también forma parte de la corriente corrupta que carcome a nuestra sociedad.

Así lo concluye el informe ‘Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe' del Barómetro Global de la Corrupción 2017 que elabora Transparencia Internacional y fue presentado ayer.

En Panamá, la población está dispuesta a pagar sobornos o dar regalos a cambio de agilizar sus trámites, de ahorrar tiempo o de conseguir un mejor trato. Estas dádivas también son frecuentes para obtener cupos en los sistemas educativos o de sanidad pública.

La organización preguntó si se pagaron sobornos, en los últimos doce meses, para acceder o usufructuar servicios públicos clave: escuelas, hospitales, adquisición de documentos de identidad, agua y luz, policía y tribunales.

Panamá aparece como uno de los cinco países de la región que sobresale en estas malas prácticas. El informe indica que el 38% de los panameños ha pagado un soborno para utilizar o acceder a un servicio básico.

Entre los resultados de la encuesta destaca el hecho de que el 26% de los preguntados admitió haber pagado sobornos en el sistema educativo; el 29%, lo hizo en el sistema de sanidad básica (hospitales); el 18%, al adquirir un documento de identidad y un 16% lo hizo al acceder a servicios sanitarios de agua y electricidad. Un 20% de los ciudadanos también manifestó que han dado coima a la Policía, mientras que un 11% lo hizo en los tribunales de justicia.

La otra mala noticia de este informe es que los panameños, como en general en la región Latinoamericana, consideran que sus gobiernos no están siendo efectivos en la lucha contra la corrupción.

En Panamá, esta cifra se cuantificó en más de la mitad de los consultados , 57%. Pero lo que es aún más preocupante es que se trata de una práctica tolerada por la población, según registra el 64% de los encuestados.

LATINOAMÉRICA

En los datos generales, el 29% de los ciudadanos consultados reconocieron que pagaron algún tipo de soborno en sus trámites públicos.

La cifra equivale aproximadamente a 90 millones de personas en los veinte países observados.

Lo peculiar del informe es que el 28% de las personas que denunciaron algún hecho de corrupción sufrieron represalias. Esto podría explicar por qué, aunque en la región la denuncia de irregularidades se considera una conducta culturalmente aceptable y el 70% de los ciudadanos cree que puede marcar una diferencia contra la corrupción, solo el 9% se ha atrevido a hacer esas acusaciones.

En Latinoamérica, entre los sectores más corruptos se señala a los políticos electos por votación popular y a la Policía.

‘Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado. El caso Lava Jato, el cual causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad', manifestó el abogado peruano José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, en una nota de prensa que acompañaba el informe.

México tiene el índice de soborno más alto de toda la región, seguido de República Dominicana y Perú.

En México, una de cada dos personas dijo haber pagado sobornos cuando accedió a servicios públicos, y las escuelas, los hospitales y los servicios de provisión de documentos figuran entre los más proclives a ser sobornados.

En Honduras, el nivel más alto de soborno se registró en los tribunales: el 56% de los encuestados que manifestó haber utilizado el sistema judicial, dijo haber pagado un soborno en el último año.

No obstante, Brasil encabeza la región en cuanto a la confianza que tienen los ciudadanos en generar cambios. Recordemos que el sistema judicial de ese país, en el caso Lava Jato y los sobornos otorgados por la constructora Odebrecht, logró condenas ejemplares, tanto a los empresarios como a los funcionarios que la recibieron.

En Venezuela, en cambio, país sumido en una crisis política, el 73% de los consultados dijo que la Policía es sumamente corrupta.

Los índices de sobornos fueron similares tanto en la clase pudiente (25%) como en los sectores populares (30%), independientemente de su diferente capacidad económica, por lo que el informe destaca que ‘los pagos de sobornos pueden representar una carga absolutamente desproporcionada' sobre quienes tienen limitados recursos.

RECOMENDACIONES

Tras sus descubrimientos, la organización global resumió cuatro recomendaciones para los gobiernos: fortalecer las instituciones señaladas, investigar y judicializar los delitos relacionados a la corrupción, levantar la inmunidad política para casos relacionados a corrupción, fortalecer la capacidad de investigación de la policía, reforzar las medidas disciplinarias y establecer mecanismos de rendición de cuentas para la policía.

También invita TI a crear canales accesibles y anónimos de denuncia para quienes quieran denunciar sin temor a represalias.

CORRUPCIÓN EN AUMENTO

La mayoría de las personas considera que el nivel de corrupción aumentó en los doce meses previos a la encuesta. Tres cuartas partes o más de los encuestados en Brasil, Perú, Chile y Venezuela sostienen que la corrupción aumentó (entre el 78% y el 87%). En cambio, solamente dos de cada cinco personas en Argentina y Guatemala sostienen lo mismo (el 41% y el 42%, respectivamente).

Más de la mitad de las personas manifiestan que su gobierno presenta un mal desempeño en la lucha contra la corrupción (53%). Solamente el 35% sostiene que el gobierno actúa eficazmente. Los encuestados en Venezuela y Perú son los que peor califican a su gobierno: 76% y 73%, respectivamente. En cambio, solo un cuarto de los encuestados en Guatemala dice que su gobierno está haciendo un mal trabajo.

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