Los ‘pinchazos' telefónicos suman una nueva querella

Una nueva querella fue presentada en el caso de los ‘pinchazos' telefónicos. El Órgano Judicial, que salió a explicar sus razones por las que después de dos años y siete meses no se ha efectuado una audiencia ordinaria por la interceptación ilegal de comunicaciones durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009 - 2014), indicó que se encuentra pendiente de resolver una querella promovida por el dirigente sindical Genaro López.

Según la corporación de justicia, esto implica correr traslado a todas las partes involucradas en el proceso para, posteriormente, fijar una fecha de audiencia.

La respuesta es posterior a la difusión de un video en la cuenta oficial del Ministerio Público, que advierte de los retrasos en este proceso.

El Órgano Judicial se excusa de los retrasos alegando que la incapacidad médica de uno de los imputados, las peticiones de defensores particulares, una serie de pruebas que hubo que resolver y la interposición de un recurso de habeas corpus causaron la reprogramación de la audiencia en seis ocasiones.

MARTINELLI, OTRO ACUSADO

Por este caso también se le sigue un proceso a Ricardo Martinelli.

8 DE JUNIO DE 2015

La Corte Suprema de Justicia admitió la investigación de los ‘pinchazos' cometidos en el gobierno Martinelli.

13 DE AGOSTO 2015

El fiscal Harry Díaz inició formalmente la investigación tras cumplir los trámites de notificación y verificación del fuero electoral.

10 OCTUBRE 2015

El fiscal concluye la investigación y presenta un escrito de acusación solicitando juicio y una condena de 21 años para Martinelli.

26 MAYO DE 2016

El magistrado Jerónimo Mejía realiza el pedido de extradición del expresidente Martinelli ante la Cancillería.

28 DE JUNIO DE 2016

El magistrado Jerónimo Mejía solicita una alerta de Interpol para detener el exmandatario Ricardo Martinelli.

12 DE JUNIO DE 2017

Ricardo Martinelli es detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, por las interceptaciones.

En una comunicación de prensa, el Órgano Judicial explicó que Enrique Pérez, Juez Decimosexto del Circuito Penal de Panamá, incluso sancionó a dos defensores particulares por su actitud reticente de dilatar el proceso.

El Ministerio Público, por su parte, advirtió que en abril de 2015 culminó el proceso de investigación y se solicitó llamamiento a juicio a cuatro imputados: Gustavo Pérez, Alejandro Garuz Recuero, Ronny Rodríguez y William Pittí.

Dos años después, en abril de 2017, una audiencia programada se pospuso por la falta de notificación de testigos y una excusa de un abogado defensor.

En marzo de 2018, se programó otra audiencia que también fue suspendida por la presentación de un recurso de la defensa de Gustavo Pérez.

CAMBIO DE MEDIDA

Ayer, se conoció que este recurso fue resuelto a favor de la defensa de Gustavo Pérez, a quien se le reemplazó la detención provisional por impedimento de salida del país y depósito domiciliario.

El 6 de marzo de 2018, el Segundo Tribunal de Justicia declaró legal la detención preventiva de Pérez y accedió al cambio de medida cautelar solicitada por su defensa.

El Tribunal, compuesto por la magistrada Alina Hubiedo, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, fundamentaron su decisión en que el imputado ha cumplido tres años detenido por este delito. El Tribunal, sin embargo, agregó que no valoró aspectos de fondo porque corresponden a la fase ordinaria y al juzgador primario.

El Tribunal colegiado consideró también que no existía el peligro de destrucción de pruebas porque la investigación no había concluido y que tampoco había indicios de que este cambio de medida permita atentar contra la vida o la salud de otra persona o contra la suya misma.

Pérez, sin embargo, seguirá detenido por la pérdida de un equipo supuestamente usado para interceptar las comunicaciones.

El 30 de enero de 2018, el Segundo Tribunal de Justicia negó la libertad al exjefe de la Policía Nacional y del Consejo de Seguridad en este último caso.

El exfuncionario, además, fue condenado a cinco años de prisión por posesión ilícita de armas de fuego. Pero, en un fallo del 20 de noviembre de 2017, la Sala Segunda de lo Penal le cambió la medida cautelar de detención por impedimento de salida del país.

CASO ‘PINCHAZOS'

El caso se refiere a la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de unos 150 políticos, periodistas, dirigentes sindicales y otros personajes públicos por parte del equipo de seguridad del expresidente. Pérez y Garuz fueron directores del Consejo de Seguridad Nacional y Rodríguez y Pittí, expertos en interceptaciones de ese organismo dependiente de la Presidencia de la República.

Los imputados están sindicados por la supuesta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, en perjuicio de Álvaro Testa Rivera, Zulay Rodríguez, Balbina Herrera, Mitchell Doens, Miguel Antonio Bernal y otros.

El expresidente Ricardo Martinelli también está siendo investigado por este caso por la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlacen.

Martinelli está detenido desde el 12 de junio en Miami, Florida, a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición para que enfrente este proceso.

Martinelli es el reo 14813-104 de la prisión federal de Miami. El fiscal de la causa, Harry Díaz, pidió 21 años de cárcel. Díaz especificó que pedirá penas de cuatro años por interceptación de llamadas sin orden judicial, cuatro años por seguimiento, vigilancia y persecución, diez años por peculado por sustracción o malversación y otros tres años por un agravante de peculado de uso. Según la investigación, Martinelli habría establecido una oficina de acceso restringido en la última planta del edificio 150, sede del Consejo Nacional de Seguridad, donde funcionarios de inteligencia violaron las comunicaciones de decenas de ciudadanos por orden del entonces presidente.