Esposa de Frank De Lima denuncia violación al debido proceso

Kristel Getzler, esposa del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, denunció este miércoles arbitrariedades y violación al debido proceso en los casos que le siguen a su cónyuge, detenido desde agosto 2017 en el centro penitenciario El Renacer.

"Creo que ni en la época de la dictadura hemos llegado a tanto irrespeto del debido proceso", aseguró durante una rueda de prensa en el Hotel Ejecutivo a la que asistió acompañada de la abogada Dinoska Montalvo.

De acuerdo con Getzler, en el caso del exministro, detenido en el marco de una investigación por la presunta malversación de fondos públicos en concesiones otorgadas por la junta directiva del Aeropuerto de Tocumen, no se ha llamado a otras partes a indagatoria y De Lima es el único investigado que cuenta con medida carcelaria.

"Estoy tratando de entender por qué para la fiscal Lizzy Bonilla es tan necesario que Frank esté detenido", indicó, señalando que se trata de una medida extrema, en una situación llena de interrogantes y sin interés por parte de las autoridades en realizar una verdadera investigación.

La esposa del exfuncionario aseguró encontrarse ante una realidad en la que las leyes han sido empleadas con fines políticos y se ha cruzado "una línea muy delicada".

El pasado 24 de abril, Getzler acudió al Ministerio Público para solicitar a la fiscal Lizzie Bonilla, una respuesta en torno a la solicitud de cambio de medida cautelar de De Lima. Sin embargo, no fue recibida.

En aquel entonces, explicó que a más de 100 días de solicitarse el cambio de medida, seguían sin respuestas. "No estoy pidiendo una locura, quiero entender por qué en un caso de una concesión que fue unánimemente aprobada por toda la junta directiva y refrendada por Contraloría, mi esposo está detenido en el proceso de una investigación", afirmó.

De Lima, quien fungió como titular del MEF durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, fue detenido la noche del 22 de agosto e imputado por el supuesto delito contra la administración pública en perjuicio del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El 16 de marzo, el Segundo Tribunal SuperIor revocó una fianza de excarcelación que había sido otorgada por el Juzgado Undécimo Penal.