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Actualizado
- 03/06/2018 02:00
Creado
- 03/06/2018 02:00
La oenegé presentó el recurso luego de que la instancia gubernamental invalidara un reclamo sobre la ampliación del cauce del Río Juan Díaz
El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) presentó esta semana una demanda contra una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que resolvió no admitir la acción de reclamo interpuesta contra la licitación que lleva a cabo la Secretaría de Metas para la ampliación del cauce del Río Juan Díaz.
En un comunicado emitido este viernes, la oenegé recordó que presentó dicha acción de reclamo en representación de activistas comunitarios y de la propia organización, ya que el pliego de cargos de la licitación contiene disposiciones ilegales que atentan contra el Humedal de Importancia Internacional Bahía de Panamá.
LA LEY 22 DE 2006
El reclamo se sustenta en esta norma.
El Texto Único indica que ‘podrán presentar acciones de reclamo los proponentes o interesados'.
El Centro de Incidencia Ambiental señaló que la acción de la DGCP es ‘ilegal'.
Las obras que se pretenden contratar, añade CIAM en el documento de prensa, ‘no están basadas en estudios previos, lo que representa un riesgo enorme para nuestros representados, que viven alrededor de la cuenca del Río Juan Díaz'.
‘Pese a que la acción de reclamo fue presentada con todos los requisitos y en el término que exige el Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula las Contrataciones Públicas, la Dirección General de Contrataciones Públicas decidió no admitirla bajo el argumento de que ni CIAM ni los activistas comunitarios participaron como proponentes en el Acto de Apertura y Presentación de Propuestas', manifestó la oenegé.
VECINOS DE JUAN DÍAZ, SIN DERECHO A RECLAMO
La misma fuente señala que el argumento de la Dirección General de Contrataciones Públicas para invalidar el reclamo ‘es ilegal', puesto que el artículo 143 de la ley mencionada señala que ‘podrán presentar acciones de reclamo los proponentes o interesados'.
Finalmente, CIAM denunció que la acción de la Dirección General de Contrataciones Públicas ‘entraña una limitación a la participación de quienes son realmente afectados por el proyecto a contratar e impide que ellos tengan acceso a la justicia, que es un derecho humano'.
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