Extradición de Martinelli en medio de pugnas en la Corte

Un año exacto cumple mañana Ricardo Martinelli aprehendido en la prisión Federal de Miami, Florida, Estados Unidos. Quienes recientemente lo vieron cuentan que está ‘desesperado, más delgado y deprimido'.

Martinelli arribará extraditado en las mismas condiciones, detenido. Fuentes consultadas por La Estrella de Panamá indicaron que será trasladado al centro penitenciario El Renacer. El fin de semana, sus inquilinos se percataron del paso de varios autos oficiales cuyos funcionarios preparaban las condiciones para recibir al exgobernante. Los funcionarios merodeaban la cabaña que ocupó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, que supuestamente será la que ocupará Martinelli. Al lado de esa ‘‘casita” rudimentaria se alojan los señalados en el caso Blue Apple.

‘No tengo temor a ser separado. Ser fiscal de Cuentas en una jurisdicción independiente no es ser parte del Ejecutivo',

HARRY DÍAZ

FISCAL DE LA CAUSA

Lo más probable es que no dure mucho tiempo en ese lugar. Sus abogados no perderán la oportunidad de solicitar, durante la audiencia de control, que debe efectuarse en las primeras 48 horas, una medida distinta a la detención preventiva. Por ejemplo, que permanezca en un hospital debido a los padecimientos que sufre. Y el fiscal de la causa, Harry Díaz, no se opondría si la defensa logra demostrar que Martinelli realmente sufre de estas dolencias .

Tal vez el tema sobre su confinamiento ya haya sido conversado previamente en las altas esferas políticas.

Rivera pide reparación por casi $1 millón

El único querellante autónomo que existe en el caso contra el expresidente Ricardo Martinelli por violar la intimidad es su exabogado Rosendo Rivera.

El jurista decidió no plegarse a los otros cinco querellantes que dependen de la actuación de la fiscalía. En cambio, sustentará su propia acusación. Rivera indicó a La Estrella de Panamá que en el expediente ya reposan las peticiones que efectuó sobre pruebas que se resumen en testimonios y declaraciones del personal del Consejo de Seguridad del pasado gobierno.

Aunado a esto, presentó una indemnización por daños y perjuicios por más de $900 mil, cifra que puede variar según la tasa pericial.

La cuantía, dijo, es por las afectaciones que sufrió al revelarse información personal expuesta por el Consejo de Seguridad a cargo de Martinelli, sin su autorización. ‘El expediente cuenta con partes, que están bajo reserva, que hablan de mi vida íntima', indicó.

El norte es saber qué tiene que decir Martinelli sobre los cargos que le endilgan.

Por otro lado, Rivera también ha explorado la posibilidad de que el expresidente llegue a un acuerdo de pena con la Fiscalía. ‘Si él llega a un acuerdo con el fiscal Harry Díaz, puede proveer información que no está en el expediente. Por ejemplo, las escuchas que se hicieron durante 2009 al 2012', explica el abogado. Las acusaciones efectuadas contra Martinelli son a partir de 2012, fecha en que la alianza con el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela finalizó en malos términos.

‘Era vox populi que desde el día uno de su gobierno, Martinelli tenía intención de hacer escuchas telefónicas, por eso solicitó el programa ‘matador' a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que se negó a prestárselo', recuerda Rivera.

En cualquier caso, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya ha endosado esta condición. En la nota diplomática que envió a la Cancillería el pasado viernes informando sobre la extradición, alerta de que Martinelli ha recibido ‘tratamiento médico por un número de condiciones (padecimientos) crónicas durante su confinamiento' en Estados Unidos. Por lo tanto, solicita, ‘de acuerdo a las regulaciones de Panamá, que Martinelli sea evaluado físicamente a su arribo para que reciba un apropiado cuido médico mientras se encuentra en custodia'.

PROCESO

Como si los astros se alinearan, el regreso de Martinelli no puede encajar en un momento más complicado: una Asamblea Nacional enfrentada al Ejecutivo y a la Contraloría, y el fiscal de la causa contra Martinelli con el riesgo de ser destituido.

El expresidente de la Corte José Ayú Prado ha admitido una demanda presentada por un grupo de abogados en 2016 en la que se pretende declarar inconstitucional el nombramiento de Díaz como fiscal de la causa en el caso ‘pinchazos'.

Entre ambos han existido diferencias notorias. La querella de inconstitucionalidad se basa en que previo a su nombramiento como magistrado, Díaz ejerció un cargo de mando y jurisdicción.

El magistrado Díaz afirma que no teme ser separado. ‘Recuerde que ser fiscal de cuentas en una jurisdicción independiente tal como lo establece la Constitución, no se trata de una parte del Órgano Ejecutivo', dijo.

Hay más piezas a tomar en cuenta en este rompecabezas. Si el Pleno, después de haber efectuado las consultas rutinarias, decide separar a Díaz como magistrado, tendrá que nombrar a un fiscal nuevo en su reemplazo. En caso de que esto ocurra antes de la audiencia de acusación contra Martinelli, Wilfredo Sáenz, actual suplente del magistrado Díaz, no puede fungir como sustituto puesto que forma parte del tribunal de juicio. Así es que, de ser removido del cargo, el pleno tendrá que asignar a otro fiscal a la suerte.

En la petición de extradición se estipula que el expresidente podría enfrentar un cúmulo de 21 años de prisión.

A su llegada, se celebrará una audiencia de control, y después, la de acusación.

El fiscal de la causa Harry Díaz defendió a lo largo del proceso la acusación contra Martinelli por cuatro supuestos cargos. No obstante, su defensa ha atacado sistemáticamente en las audiencias celebradas en el Distrito Sur de la Florida el hecho de que su cliente no ha sido imputado.

‘Ese tema ha sido superado en el pleno de la Corte', dijo una fuente judicial. ‘En el caso de los indultos, el Pleno falló que la admisión de una querella es una imputación. Esto se aplica a todos los casos pendientes, por lo tanto, no hay discusión al respecto', manifestó la fuente.

Seguramente los abogados del expresidente objetarán esta pretensión.

En septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia solicitó, a través de la Cancillería panameña, la detención con fines de extradición del exmandatario para que se presente a la justicia de este país por cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y derecho a la privacidad; persecución y seguimiento sin una autorización judicial; peculado o malversación de fondos por haberse apropiado de la máquina ‘pinchadora', y por el uso que se le dio al aparato de escuchas. El Departamento de Estado consideró que existieron indicios suficientes de que Martinelli cometió esos delitos, y las pruebas que aportó la fiscalía bastaron para extraditarlo.

ACUERDO O JUICIO

Aunque aún no existen acercamientos de ésta índole entre la defensa y el fiscal, una estrategia legal hipotética podría consistir en celebrar un acuerdo de pena con el fiscal. En el otro extremo, los abogados podrían plantear ir a juicio para desestimar los testimonios y las pruebas presentadas por la fiscalía. Uno de ellos, muy nombrado durante las audiencias en las Cortes de Miami, fue la declaración de William Pittí, un exfuncionario del Consejo de Seguridad que apuntó directamente al expresidente como autor intelectual de los pinchazos. Testigo que la defensa del exmandatario señala como una ‘‘ficha” del gobierno, premiado con un cargo en el exterior por declarar en contra de su cliente.