En Panamá, el cáncer se ha convertido en una de las principales enfermedades que enfrentan los adultos mayores
- 15/06/2026 18:22
Las pastorales de la Iglesia Católica alertan sobre desabastecimiento de agua, medicinas y suspensión de clases en penales de Panamá y Colón
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Agrega La Estrella en Google ↗️La Iglesia Católica, a través de sus pastorales sociales y penitenciarias, lanzó un llamado urgente ante las operaciones de seguridad ejecutadas en los centros penitenciarios del país luego de la fuga de 195 privados de libertad registrada en el Complejo Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio. De acuerdo con un comunicado conjunto de la Pastoral Social Cáritas, la Comisión de Justicia y Paz y la Pastoral Penitenciaria, las requisas iniciadas el miércoles 3 de junio provocaron situaciones desproporcionadas, humillantes y abusivas que afectan a reclusos que no guardan relación con los hechos.
El comunicado surge en medio de la recaptura de alias “Careka”, quien fue ubicado en calle 16, sector de Ciudad Radial, la tarde de este lunes 15 de junio.
Como consta en el comunicado conjunto, las denuncias de los familiares detallan el retiro de artículos de primera necesidad como ropa, sábanas, implementos de aseo personal, medicamentos y biblias. Asimismo, la Iglesia advirtió sobre la escasez de agua potable, la merma en las raciones de comida y la falta de atención médica oportuna en complejos carcelarios de Panamá, Colón, Chiriquí y Coiba.
La intervención paralizó por completo las actividades de resocialización. Los programas del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), del Ministerio de Educación (Meduca) y del Instituto de Educación por Radio (Iper) quedaron suspendidos. A esto se suma la cancelación de los trabajos intramuros, el acceso al patio y las visitas regulares, familiares y conyugares; estas últimas acumulaban una suspensión de más de un mes y medio antes del incidente.
Las autoridades eclesiásticas recordaron que el sistema penitenciario panameño enfrenta una crisis estructural severa. Para diciembre de 2025, las cifras oficiales del Ministerio de Gobierno (Mingob) reflejaban una población de 24,840 privados de libertad en infraestructuras diseñadas para albergar a un máximo de 14,695 personas, lo que representa un excedente de 10,145 reclusos y un hacinamiento del 69%.
La Iglesia reconoció los esfuerzos del Mingob y de la Dirección General del Sistema Penitenciario por corregir fallas históricas y promover enfoques más humanos. No obstante, señaló que las medidas extremas adoptadas por la coyuntura amenazan con desmantelar los avances en rehabilitación. Según los organismos pastorales, este tipo de restricciones radicales genera deshidratación y brotes de enfermedades a corto plazo, mientras que a mediano plazo detona resentimiento, rebeldía y descontrol violento dentro de los penales, impactando directamente a la seguridad de la sociedad.
Hasta la fecha, los estamentos de seguridad lograron la captura de la gran mayoría de los evadidos del pasado 1 de junio, operativo en el cual, según el documento, las autoridades recibieron cooperación de algunos privados de libertad. Las organizaciones firmantes exigieron la restitución inmediata de los servicios básicos, la reanudación de los programas educativos y que se permita la verificación de las condiciones actuales a las instituciones de derechos humanos y entes independientes
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